Más de diez años después de la apertura de una trocha fronteriza paralela al río San Juan, el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de Alajuela ordenó al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) eliminar en en seis meses los canales y rellenos realizados en la zona.
Así lo dispuso, el pasado lunes, luego de que la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental denunció que esas obras afectaron al menos cinco humedales, algunos de ellos de categoría Ramsar, es decir, con renombre internacional por ser de vital importancia para la vida silvestre.
Entre los ecosistemas afectados son el humedal Palustrino, laguna Maquenque (que tiene 60 hectáreas de superficie), el humedal Medio Queso y las llanuras y pantanos del río La Cureña.
La Fiscalía señaló que esos ecosistemas están en peligro de desaparecer debido al relleno del suelo y la excavación de canales que drenan las aguas y son el sustento de vida para aves migratorias que usan esos espacios para anidar, reproducirse, descansar y alimentarse.
De igual manera, destacó, son extensos reservorios de agua dulce, por lo que son de gran importancia para el ser humano.
Los daños provocan canales, de dos metros de profundidad por dos de ancho. Algunos tienen hasta de dos kilómetros de largo.
La medida restitutiva ya fue comunicada al Conavi, con la orden de eliminar los canales y rellenos de esa ruta nacional, cuya primera fase fue inaugurada el 17 de febrero del 2012 por la entonces presidenta de la República, Laura Chinchilla (2010-2014).
Dicha medida es de acatamiento obligatorio. La notificación también se hizo llegar al director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), para que garantice que se realice.
Historia de trocha
La construcción de esa vía de tierra y lastre, de unos 160 kilómetros, surgió para movilizar con más facilidad a los efectivos de la policía con motivo de las invasiones que desde el 2010 ejecutaron militares de Nicaragua en Isla Calero, en Pococí.
Al inicio, la vía iba a servir para facilitar labores de vigilancia de la soberanía nacional, así como fuente de desarrollo para los pueblos fronterizos. Pero luego de una inversión de ¢16.000 millones, quedó abandonada y actualmente pocas secciones son transitables.
De acuerdo con la Fiscalía, tras la construcción de dicha ruta se hicieron rellenos que aún se mantienen y que eliminaron partes de los humedales. Además, los canales de drenaje están secando las áreas que aún conservan importante cantidad de agua.
Toda esta evidencia fue presentada por la representación fiscal ante el Juzgado, el cual acogió la solicitud del Ministerio Público y ordenó la pronta intervención.
La Nación solicitó al Conavi su versión sobre la orden del Juzgado, la forma en que se podría reparar el daño y si se cuenta con los recursos.
Al mediodía de este jueves, respondieron que “debido a los cambios internos que se están realizando en la Gerencia de Conservación Vial, le solicitamos un tiempo de respuesta de aproximadamente 10 días hábiles”.
En julio del 2012, el Tribunal Ambiental Administrativo exigió al Conavi presentar un plan de mitigación por los daños ocasionados al ambiente durante la construcción de la trocha.
Desde esa época también se alertó a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y las direcciones de Aguas y Geología del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), sobre los riesgos.
Se exigió un plan de mitigación, reparación y compensación, luego de encontrar evidencias de tala injustificada, extracción de materiales, así como una posible corta y venta de árboles vedados, como el almendro.
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