La Fiscalía pidió 24 años de cárcel contra el exdiputado Victor Emilio Granados, quien fue presidente de la Asamblea Legislativa de mayo del 2012 a mayo del 2013, la más alta pena solicitada en el juicio que sigue en los Tribunales de Goicoechea en contra de tres excongresistas del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).
A Granados, de 57 años, el ente fiscal lo acusa de cuatro delitos de influencia contra la Hacienda Pública referidos a supuestos nombramientos fantasmas, es decir, por nombrar familiares y amigos como asesores de confianza en la Asamblea Legislativa, quienes, pese a que nunca se presentaron a trabajar, recibían el salario.
También aparecen como imputados los exlegisladores Martín Monestel, contra quien la Fiscalía pide 12 años; Rita Chaves, exesposa de Oscar López, fundador del PASE, para quien pidieron seis años. López era inicialmente parte de este proceso penal, pero desde el 30 de mayo fue excluido ya que no se le brindó el acceso al expediente en un formato para personas con discapacidad visual.
Además de los exdiputados, la Fiscalía también pide penas de cárcel contra siete supuestos empleados y sospechosos del delito, solo contra uno de apellidos Arias Jiménez, se pidió absolutoria por ausencia de dolo en el proceso, es decir, desconocía el supuesto ardid.
El debate ya entró en la fase final, este lunes expuso el representante de la Procuraduría de la Ética Pública, Miguel Cortés Chaves. Esa entidad pidió ¢259.798.950 por daño material y ¢69.619.326,47 por daño social, para un total reclamado de ¢329,4 millones
Para este martes continuarán las conclusiones por parte de quienes defienden a los exdiputados y a los demás sospechosos de los nombramientos irregulares.
López quedó al margen
Poco después de que el Tribunal decidiera seguir una causa aparte contra el fundador del PASE, Oscar López, la Sala Constitucional resolvió en junio un recurso de amparo y le dio la razón a López al constatar que no le facilitaron un expediente un lenguaje accesible a personas con discapacidad visual.
Esa vez el exdiputado afirmó que para cuando la Fiscalía inicie de nuevo un nuevo proceso en su contra, ya la causa estaría prescrita, debido a que los hechos que se acusan son del 2006.
“A mi no me sacaron por un recurso de amparo, me sacaron los propios jueces cuando se reunieron con los expertos en tecnología y vieron que el expediente era inaccesible, el voto de la Sala IV lo ratificó tiempo después”, dijo López.
La Fiscalía no comparte ese criterio y considera que el fallo de los magistrados en relación con esta causa (N.° 22-007064-0007-CO) no afecta el proceso contra el exdiputado López, toda vez que ya el Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de San José había resuelto separarlo del debate y realizar un testimonio de piezas (expediente paralelo), con el fin de realizar un nuevo juicio en su contra.
“Al momento en el que se resuelve el tema por la Sala Constitucional, ya se había ordenado el testimonio de piezas. La sentencia de la Sala Constitucional no resuelve el tema jurídico sobre el cual fue acusado López, por lo que, una vez que se enmienden las omisiones aludidas por el amparado, el juicio se deberá señalar nuevamente”, informó la Fiscalía.
Añaden que cada señalamiento a juicio interrumpe la prescripción, de acuerdo al artículo 62 de la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito.
Oscar López niega que esa causa pueda seguir y más bien dice que ya el Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión N° 59-2022, celebrada el 14 de julio de 2022, decidió enviar a la Inspección Judicial el fallo de la Sala Constitucional, para que determine si procede o no la aplicación del régimen disciplinario contra quienes no le suministraron el expediente en el formato requerido.
Otra causa
Existe otra causa que sigue la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) en contra de los exlegisladores Oscar López y Rita Chaves en la que incluye a otras dos personas apellidadas Montoya Calderón y Ruin Céspedes.
Se les acusa de que habrían estafado al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) mediante supuestos cobros indebidos en la deuda política correspondiente a los comicios del 2010. El monto de lo defraudado sería de ¢113 millones, por lo que se les atribuye en delito de estafa, falsedad ideológica y uso de documento falso. Ese caso se ventilará en los Tribunales el año próximo.