La Fiscalía de Heredia no halló rastro alguno de una denuncia que el Ministerio de Justicia y Paz aseguró haber interpuesto para que se investigaran agresiones ocurridas a menores presos durante el año pasado en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, en Heredia.
En esa queja, se supone que Kattia Góngora Meza, directora del centro penal, solicitaba la intervención de las autoridades judiciales para sentar responsabilidades, en caso de comprobarse que los policías penitenciarios hayan atacado, ya sea verbal o físicamente, a los muchachos.
No obstante, pese a que Justicia insistió en que presentaron la queja el 22 de junio del 2017, la oficina de prensa del Ministerio Público indicó que, en su sistema, no hay registro de ello.
"En el sistema de gestión informática no se refleja ninguna causa que se haya presentado por parte de la señora Góngora Meza", apuntó la Fiscalía en un correo electrónico.
También se le consultó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) si conocía de la existencia de esa denuncia, pero respondió: "Se ha buscado y consultado por todo lado y negativo en esos términos, incluso se acudió al Ministerio Público de Heredia (...) tampoco se maneja nada al respecto".
Es decir, ninguna autoridad judicial estaba enterada de la situación que supuestamente se suscitó en la cárcel juvenil, por lo que, hasta este momento, reina la impunidad.
Ante eso, se le pidió a la directora de la cárcel, por medio de la oficina de prensa, que facilitara el número de expediente o algún documento que respaldara que ella, efectivamente, había presentado la queja.
Sin embargo, al cierre de edición, ese departamento solo se limitó a responder que el Centro de Formación Juvenil Zurquí interpuso una denuncia judicial el 22 de junio del 2017, ante el Ministerio Público del Juzgado Penal de Heredia. "El seguimiento de este proceso le corresponde a la instancia judicial".
Esta información trascendió días después de que el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura (MNPT), adscrito a la Defensoría de los Habitantes, diera a conocer, en su último informe de labores, que los policías penitenciarios agredían, tanto física como verbalmente, a los menores allí recluidos.
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Según el Mecanismo, los presos tenían contusiones y, otros que no mostraban golpes, aseguraron que recibían burlas por parte de este personal.
La situación se agrava al conocer que cerca de un 26% de la población juvenil no recibe visitas. Es decir, unas 25 de las 94 personas que están ahí recluidas pasan el encierro alejados de familia y amigos.
En este centro hay dos grupos de internos, el más numeroso con edades entre 12 y 17 años. Y en un módulo aparte, los que tienen entre 18 y 21 años.
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El inicio de todo
Según el oficio CFJZ 059-2017, de fecha 22 de junio del año anterior, la directora Kattia Góngora le rindió un informe a la entonces ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, sobre hechos ocurridos los días 19 y 20 de ese mismo mes.
Sobre el último día, ella indicó que hubo una quema de colchonetas en la sección B de esa prisión.
El 21 de junio, la mamá de un privado de libertad denunció en el centro que su hijo había sido agredido por un policía penitenciario.
Según Góngora, entrevistaron al muchacho; sin embargo, en ese momento, él "afirmó no haber visto quién lo golpeó".
Sin embargo, agregó la directora, el 22 de junio volvieron a llamar al joven para que contara qué había ocurrido y ahí admitió que había sido golpeado por seguridad.
"(Dijo) que no solo él había sido víctima, sino también otros jóvenes de la sección brindando (tres) nombres", se lee en el oficio, del cual La Nación tiene copia.
Góngora agregó: "A partir de lo anterior, se entrevistó a los jóvenes mencionados y se llega a la conclusión de que efectivamente se dieron actos violentos, los cuales son necesarios de denunciar ante la Fiscalía de los Tribunales de Heredia, lo cual se llevó a cabo hoy mismo", se lee en el informe.
En ese oficio, la directora del centro adjuntó la copia de la denuncia que, supuestamente, presentó ante el Ministerio Público de Heredia. Allí, Góngora relató lo ocurrido y pidió que se establecieran las responsabilidades correspondientes.
Dicha acusación no tiene un número de expediente, ni sellos de recibida en instancias judiciales.
No obstante, como la Fiscalía señaló que esa denuncia nunca les llegó, no se ha podido investigar, a nivel penal, lo relacionado a este caso.