La Fiscalía señaló al exgerente del Scotiabank, de apellidos Blanco Berti, como imputado en la causa por presunto lavado de dinero que se sigue en Costa Rica en contra del expresidente peruano Alejandro Toledo.
Además del exfuncionario, también se citan como implicadas a la exdirectora de Banca Privada, de apellidos López Gamboa; y la oficial de Relaciones de Banca Privada, apellidada Rugama Vargas.
Los tres figuran en la causa penal 13-000051-0618-PE, por la transferencia al banco tico de $18,5 millones que habría recibido el exmandatario peruano, por presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Sus nombres trascendieron este miércoles, luego de que la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Capitales Emergentes les tomara la declaración indagatoria en el segundo piso del edificio de los Tribunales de Justicia del I Circuito Judicial de San José.
Durante esta fase del proceso, el Ministerio Público le informa a los imputados los delitos que se les atribuyen y las pruebas que existen en su contra.
“La persona imputada puede declarar y ofrecer prueba en su favor, o bien, abstenerse de declarar, sin que ello haga presumir su culpabilidad. Se realiza siempre en presencia de un defensor o defensora”, agregó la Fiscalía.
Por este caso, el 21 de febrero pasado del 2019, la Fiscalía allanó las oficinas centrales de Scotiabank, “luego de la negativa y reiterada obstrucción del banco privado para suministrar la documentación bancaria ordenada por el Juzgado Penal”.
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Según el Ministerio Público, gracias a esa diligencia se obtuvieron importantes pruebas que le permitieron "a los auditores de la Sección de Legitimación de Capitales, del Organismo de Investigación Judicial, señalar policialmente la participación de Blanco, López y Rugama en las aperturas irregulares de cuentas bancarias, facilitación en la transferencia de fondos, otorgamiento de créditos, certificados a plazo y otras operaciones financieras en Scotiabank de Costa Rica.
“Lo anterior, con infracción de la normativa antilavado para, presuntamente, lograr ocultar, transformar, transferir y dar apariencia de legitimidad a los dineros del expresidente Toledo, producto de sobornos transnacionales de la empresa Odebrecht, manejados en ese banco por personas físicas y jurídicas que servían de testaferros, entre las que se señala Eva Fernenbug, suegra de Toledo”.
Caso rescatado
Este caso había sido desestimado a mediados del 2014, cuando el Ministerio Público consideró que las personas que figuraban en el expediente 13-000051-0618-PE también eran investigadas por los mismos hechos en Perú y que, en la causa, no figuraban costarricenses.
Sin embargo, en noviembre del 2017, la entonces nueva fiscala general, Emilia Navas, ordenó reabrir la investigación, aplicando la figura conocida como “enmienda jerárquica".
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En aquel momento, la fiscala afirmó en la resolución que presentó al Juzgado Penal de San José: “Determinamos que el caso requiere de mayor análisis y que corresponde realizar diligencias de investigación que se habían omitido, a efectos de encontrar elementos de juicio útiles y pertinentes para que la decisión final sea la más atinada”.
Por este mismo asunto, el banco pagó, en junio del año pasado, una multa de ¢1.171 millones que le impuso la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) por incumplir la normativa contra el lavado de dinero en el país.
La entidad bancaria hizo el depósito el 13 de junio, seis días después de que el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda le rechazó la medida cautelar con la que pretendía frenar ese desembolso.
El castigo económico fue impuesto en abril del 2018 y se relaciona con el ingreso de al menos $6,5 millones (¢3.867 millones) a una cuenta bancaria de esa entidad financiera en el país. Se presume que ese dinero corresponde a sobornos pagados al expresidente peruano, Alejandro Toledo.
El dinero se depositó en una cuenta especial a nombre del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), tal como lo establece la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (Ley 8204).
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El 11 de mayo pasado, el Tribunal Contencioso Administrativo declaró sin lugar la petición de la entidad bancaria de declarar la caducidad del procedimiento administrativo, la prescripción de la investigación, la nulidad de la multa de ¢1.171 millones y la indemnización de ¢30 millones por daño moral, planteada contra la entidad supervisora.
De esta manera, la multa quedó en firme.
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