“De mi experiencia, a partir de agosto del 2018, ha sido que las decisiones del Parlamento y del Poder Ejecutivo tienen una alta incidencia sobre el tema de la independencia judicial”.
La afirmación la hizo este martes el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, al presentar a la prensa un informe de avances y logros del Poder Judicial durante el año 2020, al referirse a la implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la Ley de Empleo Público, todavía en trámite.
El jerarca judicial señaló que es desde el 1°. de agosto, cuando asumió la presidencia de la Corte, que empezó a percibir esas injerencias, que dijo le causan mucha preocupación.
“La indefinición que tenemos con relación a la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas, que tenemos pendiente una acción de inconstitucionalidad, nos deja una incertidumbre de cómo abordar el tema.
“Otra es la Ley de Empleo Público que la Corte le ha señalado dos veces, tiene una seria incidencia en la independencia judicial. Creo que en esto la Corte se pronunció muy claramente. La Ley de Empleo Público tiene otros problemas de estrategia política, concentración de poder, pero esos son temas sobre los cuales no me voy a pronunciar, un análisis que no corresponde hacer a profundidad”, agregó.
Cruz, al ahondar en el tema, dijo que una incidencia que calificó de seria “es que el Ministerio de Planificación sea el que determine muchas de las cosas que tienen que ver con la administración de justicia”.
Asimismo, hizo ver que tiene pendiente de abordar un “enfrentamiento institucional dentro de un país de leyes”, con la Contraloría General de la República.
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Al respecto, anunció que en un futuro cercano, posiblemente en enero del 2021, exponga a sus compañeros de Corte Plena una iniciativa para presentar una consulta de constitucionalidad ante la Sala IV, sobre la participación de la Contraloría en el Poder Judicial.
“Es consultar hasta dónde llega la competencia de la Contraloría frente a las potestades de un poder del Estado. ¿Puede la Contraloría, dentro del marco de la Constitución, darle una orden al presidente de la Corte, para que interprete distinto una ley que interpretaron los miembros de la Corte? Eso será, hasta dónde llega esa competencia de la Contraloría frente al Poder Judicial”, explicó.
El conflicto entre el Poder Judicial y la Contraloría se hizo evidente hace un año, cuando la Contraloría le ordenó a Fernando Cruz aplicar los ajustes salariales contenidos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas o reforma fiscal, a todos los empleados de esa institución.
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Ese mandato se emitió porque la Corte Plena, el 18 marzo del 2019, determinó aplicar los cambios en materia de sobresueldos solo a los empleados nuevos, es decir, para quienes hayan ingresado luego de la entrada en vigor de la reforma fiscal, el 4 de diciembre de 2018. Para el Poder Judicial los empleados viejos seguían con los mismo beneficios salariales.
Fernando Cruz dijo este martes que los servidores judiciales tienen muchos derechos adquiridos, al tiempo que afirmó que esos salarios reconocen una contraprestación de un servicio.
“No es que defendamos los pluses, claro ahora son los funcionarios públicos los responsables de todo. La solidaridad se la exigen a los funcionarios públicos y los demás qué se les exige. (...) ¿Dónde están las cifras que eliminando los pluses se resuelve el déficit fiscal, quién ha manejado esas cifras? Si eliminamos los pluses dejamos de tener déficit fiscal. ¿Será cierto eso?”, dijo el jerarca judicial.
Penetración del hampa
Fernando Cruz manifestó que otro tema que es preocupante en el Poder Judicial es la infiltración del crimen organizado, luego de que en las últimas semanas se diera a conocer que dos jueces son investigados por posiblemente dar colaboración a grupos narco.
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“A mí no me sorprende que el crimen organizado y que grupos que no son solo de narcotráfico, sino que funcionan al margen de la ley por ejemplo de evasión fiscal, tengan la intención de penetrar, de tener gente adentro que les de información. Personas que aseguren un resultado más allá”, añadió.
El presidente de la Corte dijo que desde finales del 2017 se aprobó un ambicioso plan de transparencia y anticorrupción para poder enfrentar a una minoría de funcionarios que puedan desviarse de su objetivos más importantes, como es la honestidad en el desempeño de sus funciones.
Sin embargo, hizo ver que hay dificultades para investigar, por ejemplo, el enriquecimiento ilícito o las desviaciones que puedan darse para favorecer a ciertas personas de una manera delictiva, o contrario a las reglas de la ética.
En criterio de Fernando Cruz, lo anterior se debe “a que hay espacios oscuros o puntos muertos que no permiten una buena investigación, pero no me corresponde a mí decirlo, sino a la Fiscalía. También hay que reforzar la estrategia de control disciplinario. En algún momento del año entrante se puede hacer un inventario de los puntos en que somos débiles y vulnerables, para fortalecer la respuesta legal, la respuesta de investigación”.