Estafador desde La Reforma simuló ser empleado de Hacienda para robar ¢7 millones

OIJ detuvo a otros tres sospechosos de recibir el dinero y gastarlo en electrodomésticos

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Un privado de libertad de la cárcel La Reforma, en San Rafael de Alajuela, simuló por teléfono ser empleado del Ministerio de Hacienda para robarle ¢7 millones a su víctima.

Tres personas que habrían recibido dinero de este fraude en sus cuentas bancarias fueron arrestadas este miércoles por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Asimismo, en el módulo de la prisión donde se habría cometido el delito fueron hallados nueve celulares, cinco cargadores, una data card, dosis de marihuana, chicha y diez armas punzocortantes.

Los detenidos fueron un hombre y una mujer de apellidos Esquivel Camacho, de 30 y 28 años, quienes fueron ubicados en Alajuela. Ellos tienen antecedentes policiales por violencia doméstica y estafa telefónica, respectivamente.

La tercer captura ocurrió en Pavas, San José, contra un hombre apellidado Pacheco Ramos (29).

El recluso vinculado a la estafa, de apellidos Peña Mesén (35), es esposo de la mujer arrestada. Además, cumple una condena de 46 años de prisión por robo agravado, resistencia agravada, tentativa de robo agravado y homicidio calificado.

“Esta mujer lo visitaba asiduamente en el centro penal y tenía mucho contacto telefónico con él”, expuso el director del OIJ, Walter Espinoza.

Mesén habría llamado a su víctima, un vecino de Puriscal, en abril de este año.

Al parecer, el privado de libertad le solicitó datos para actualizar una factura electrónica, información con la cual sustrajo los casi ¢7 millones de la cuenta del afectado, que pasaron a las cuentas de los tres detenidos.

“Logramos establecer que esa estafa telefónica se planeó desde La Reforma, porque los estudios y análisis de los registros telefónicos de este caso en particular así lo indican”, detalló Espinoza.

“Una vez que el dinero ingresó a esas cuentas, las personas que recibieron los montos hicieron diversas compras de electrodomésticos con tarjetas de débito, pero además retiraron dinero en efectivo”, explicó.

El jerarca indicó que los investigadores lograron en poco tiempo el levantamiento del secreto bancario de los sospechosos, quienes fueron captados por las cámaras de los bancos donde retiraron el dinero.

El OIJ revisará los teléfonos decomisados en la cárcel para averiguar si hay más víctimas por los fraudes.

Reo solicitó “inyección letal”

El reo sospechoso de esta estafa presentó un recurso de amparo en el 2008, en el que solicitó “la pena de muerte por inyección letal”.

En el amparo, Peña Mesén expuso “su deseo el morir, dado que no se encuentra preparado” para descontar la sentencia de 46 años. En aquel momento llevaba cinco años en prisión.

“Señala que sabe que debe pagar a la sociedad, y que quiere liberar a su familia de lo difícil que es tener un familiar preso. Solicita la inyección por cuanto es su deseo morir sin dolor”, indica la resolución de la Sala Constitucional.

Los magistrados rechazaron de plano el recurso, pues no se afectaban los derechos de Peña, salvo el de su libertad debido a las condenas recibidas.

Video alertó a autoridades

El operativo de este miércoles se ejecutó un día después de que se viralizó un video de siete reclusos de La Reforma que, al parecer, intentan estafar víctimas por teléfono.

En el audiovisual se ve un preso sentado sobre unos pequeños armarios, fumando un puro de marihuana, mientras busca en un cuaderno de apuntes a una posible víctima.

Pablo Bertozzi Calvo, director de la Policía Penitenciaria, afirmó que “el video lo estamos conociendo hasta hoy (martes) porque salió ahora y ya estamos tomando las acciones a nivel administrativo”.

Según los datos más recientes del Ministerio de Justicia, en el 2019 se han decomisado 1.918 celulares en las cárceles. Desde el 2015 se han confiscado 14.847 artefactos.

Una nueva ley para combatir estas estafas ordenó a las empresas telefónicas hallar en nueve meses, a partir del 11 de julio, una forma de bloquear la señal celular en los 20 centros penales del país.

No obstante, la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) calificó como “poco realista” este plazo, pues un proyecto de este tipo podría tomar años en materializarse.