El 9 de marzo anterior, Bernardo Faingezicht, de 72 años, tenía preparado un viaje en compañía de su esposa hacia Israel, para visitar unos nietos que viven allá.
Ese día, la pareja llegó al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela, con normalidad: recogieron los tiquetes en la aerolínea y pasaron los puestos de control. Sin embargo, cuando ya estaban en la sala de abordaje, empezó el calvario al escuchar que llamaban a Faingezicht por el altoparlante.
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"Me presenté a la ventanilla donde me estaban llamando y ahí había un oficial de Migración y me preguntó si la cédula mía era tal y los nombres de mis padres tales. Le dije que sí y entonces me dijo que no podía viajar porque tenía impedimento de salida por pensión alimentaria.
"Me dio risa, porque nunca he tenido ni siquiera una pensión alimentaria y mis hijos ya están grandes. Tengo 47 años de casado, ¿qué iba a a pensar mi señora? ¿que yo tengo pensiones fuera de matrimonio?", se cuestionó Faingezicht.
Él y su esposa no pudieron viajar ese día, recogieron las maletas y salieron molestos del aeropuerto. Luego, buscó una abogada y se fue para el Juzgado de Hatillo, donde estaba la demanda por pensión.
Demanda. De acuerdo con Melissa Sanabria, abogada de Faingezicht, allí descubrieron que su cliente tenía una demanda por pensión de un expediente que había sido eliminado por el Archivo Judicial en el 2012. Además, se enteraron de que al verdadero sujeto a quien le pusieron esa pensión había muerto en el 2004.
Ellos interpusieron un recurso de habeas corpus porque consideraron que se violentó el derecho de libre tránsito. La Sala Constitucional les dio la razón y posteriormente demandaron al Estado ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
En la querella, Faingezicht solicitó ¢2,5 ,millones por el daño moral que sufrió y ¢330.000 por las costas legales.
El Tribunal Contencioso condenó al Estado en una resolución que emitió el 16 de agosto anterior. No obstante, ordenó el pago de ¢500.000 por daño moral y ¢165.000 por las costas legales.
"Ese monto es una burla para don Bernardo. Eso jamás paga el daño moral, ni siquiera para comprar el tiquete aéreo alcanza eso", enfatizó Sanabria, quien apeló la resolución.
Faingezicht y su esposa pudieron realizar el viaje días después, ya que la aerolínea les repuso los tiquetes del vuelo perdido.
Casos como el de Faigezicht empezaron a surgir a raíz luego de una denuncia pública efectuada por Patricia Carrea, quien fue bajada del avión el 14 de setiembre anterior porque en los registros migratorios le aparecía un impedimento de salida por una pensión alimentaria que se le atribuyó por error.
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Ella ni siquiera tiene hijos y en su momento dijo que pasó por una vergüenza al ser bajada de la aeronave porque los demás pasajeros se le quedaban viendo como si fuera sospechosa de trasegar drogas.
Carrera y su esposo debieron ir hasta el Juzgado de Pensiones de San Carlos para corregir la situación, pues fue allí donde se digitó su número de cédula en lugar de el del hombre al que realmente le pusieron la pensión.
Finalmente, la pareja pudo viajar el 16 de setiembre, ya que la aerolínea le regaló los tiquetes al conocer la situación vivida.
Dolor por los niños. Otro caso similar ocurrió el Viernes Santo pasado (25 de marzo), cuando Patricia Mata y su esposo iban a viajar a Perú en compañía de sus hijos, de 11 y 17 años.
La familia había planeado desde el año anterior un periplo de 10 días por el país suramericano, con la ilusión de ir a visitar el histórico Machu Picchu.
Pero al llegar al Aeropuerto, también se toparon con la noticia de que a Patricia Mata se le había girado un impedimento de salida por una supuesta pensión alimentaria de una mujer a la nunca había conocido.
"Yo decía que eso no podía ser posible, pero en Migración me dijeron que no podían hacer nada. Tuvimos que ir a recoger las maletas, pasamos una vergüenza y mis hijos estaban desconsolados", lamentó la Mata, quien es vecina de La Uruca, en San José.
Al salir de la terminal, los esposos se fueron para el Juzgado de Juan Viñas, en Cartago, donde había sido interpuesta la demanda por pensión. No pudieron hacer nada porque el lugar estaba cerrado debido al feriado y tuvieron que volver allí hasta el lunes siguiente para que le solucionaran el inconveniente.
"Se arregló el problema, pero nosotros no pudimos salir del país, las reservaciones de hoteles y las conexiones las perdimos. Alrededor de $6.000 perdimos, fue como tirarlos al basurero. Ahí habían ahorros y parte de los aguinaldos", explicó Mata.
Esta administradora de empresas contó que lo más difícil para ellos fue levantar el ánimo a su hijos. El menor ni siquiera quería ir a la escuela porque le había contado a los compañeros del viaje y quedaría como mentiroso.
La pareja también planeaba demandar al Estado por lo acontecido, pero declinaron para no incurrir en gastos legales.
"El Poder Judicial tienen campañas internas con el lema de 'póngase en los zapatos del usuario', pero eso es mentiras, no lo hacen. No le interesa lo que le pase a la gente", manifestó con molestia Mata.
Otros casos. Gemma Domíguez, una escultora española, con 15 años de vivir en el país, vivió una situación similar en junio pasado cuando iba para Turquía, a trabajar un mes en un simposio al que fue invitada. También le impidieron la salida por una demanda por pensión y tuvo que ir al día siguiente desde su casa en Barva de Heredia hasta el Juzgado de Goicoechea, en San José ,para que solucionaran su situación jurídica.
"Si hay un error debe haber unas solución inmediata, ellos no pueden dejar a una botada sin hacer nada, atenta contra la libertad de las personas", enfatizó Domínguez.
Asimismo, este tipo de situaciones no solo se han dado este año, también en anteriores.
En julio de 2014, a Ingrid Badilla, una ortodoncista costarricense que tiene 20 años de vivir en Nueva York le pasó lo mismo. Ella vino para esa época de visita al país con sus hijos y esposo.
Estando en el aeropuerto, Badilla no pudo viajar con su esposo e hijos porque tenía un impedimento de salida, por una pensión que le pusieron por error. Al final ella pudo solucionar el problema con ayuda de su hermana sin salir del aeropuerto.
"Mis hijos, imagínese lo que pueden sentir que se lleven a la mamá. Ellos creían que me llevaban para la cárcel. Es una vergüenza injustificada lo que uno vive", añadió Badilla.