Dueña de casa pagó ¢13 millones a administrador que inventó falsos alquileres y mantenimientos

Cuando mujer dijo que no podía darle más dinero, el hombre la amenazó, por lo que este jueves fue detenido por extorsión

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La propietaria de una vivienda ubicada en Taras, Cartago, pagó ¢13 millones en menos de dos años al administrador del inmueble, quien utilizó falsos contratos de alquiler para cobrar la devolución del depósito e inventó supuestos mantenimientos para dejarse el dinero. En determinado momento, cuando la mujer le dijo que ya no podía seguirle dando plata, el sujeto la amenazó con hacerle daño a ella o a su familia, por lo que este jueves fue detenido como sospechoso de extorsión.

Se trata de un hombre de apellidos Sánchez Delgado, de 33 años, quien conoció a la víctima en un trabajo, se ganó su confianza y se aprovechó de esto para engañarla y obtener réditos económicos desde el 2019 y hasta los primeros meses de este 2021, cuando la ofendida acudió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a interponer una denuncia por lo que estaba viviendo.

“Ella indicó que estaba atravesando una situación difícil, ya que ella era propietaria de una casa que desde el 2019 era cuidada y administrada para alquiler por el sospechoso, a quien había conocido tiempo atrás en un trabajo. Aparentemente, este hombre en más de una ocasión le hizo creer a la ofendida que la casa estaba alquilada y que ocupaba dinero para realizarle mantenimientos, por lo que ella le depositaba el dinero solicitado.

“Además, en apariencia, el sospechoso le presentó en múltiples momento contratos de alquiler a la ofendida, donde se indicaba que la vivienda estaba rentada a grupos religiosos, siendo que, en determinado momento, supuestamente, este sujeto la contactó diciéndole que hubo un altercado con esos grupos religiosos y que estos solicitaban que se les devolviera el dinero del depósito, por lo que la ofendida conseguía ese dinero y se lo depositaba al sospechoso.

“Como esta situación se presentó en más de una ocasión, la víctima le dijo que no podía darle más dinero y en ese instante empezó a recibir amenazas tanto por correo electrónico como por mensajería de texto (...) de parte del sospechoso, quien usó perfiles falsos”, explicó la Policía Judicial en un comunicado de prensa.

Al recibir la denuncia, agentes de la Sección Delitos Varios realizaron varias diligencias y lograron determinar que Sánchez, presuntamente, mintió y se dejó el dinero que la víctima le entregó, por lo que este jueves le allanaron su casa, en el Carmen, Cartago, y además al aprehenderlo le decomisaron documentos varios, computadoras, dispositivos USB y varios teléfonos celulares, que se cree que usaba para amenazar a la afectada.

El hombre fue pasado al Ministerio Público con un informe para que se defina su situación jurídica.

Sujeto presta plata y al no recibir pago extorsiona a deudores

Por otra parte, este mismo jueves un joven de apellidos Chavarría Moncada, de 26 años, fue detenido en Purral de Goicoechea, San José, como sospechoso de amenazar a dos sujetos a quienes prestó dinero y no le pagaron. Los hechos investigados se registraron entre octubre del 2020 y mayo de este año, detalló el OIJ.

La institución explicó que al no recibir el pago correspondiente, el sujeto buscó a los deudores en su vivienda y en vía pública y los amenazó con hacerles daño si no cumplían con la cancelación de la deuda. “En una ocasión además de las amenazas hacia el sujeto al que le prestó el dinero, también habría amenazado a un familiar de este”, aseguró la Policía Judicial.

El sospechoso fue capturado luego de que se allanara su vivienda, donde le decomisaron celulares y 58 envoltorios de marihuana. Chavarría fue remitido a la Fiscalía para las diligencias judiciales correspondientes.

Según el artículo 214 del Código Penal, el delito de extorsión castiga con encarcelamiento de cuatro a ocho años “al que para procurar un lucro obligue a otro, con intimidación o con amenazas graves, a tomar una disposición patrimonial perjudicial para sí mismo o para un tercero. La pena será de cinco a diez años de prisión cuando la conducta se realice valiéndose de cualquier manipulación informática, telemática, electrónica o tecnológica”.

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