Luego de que la Fiscalía confirmara hace una semana que el actual director de La Reforma, de apellidos Pérez Montero, es investigado por supuestamente darle comodidades a un reo para que estafara ¢500 millones, el Ministerio de Justicia y Paz comunicó que abrió una investigación administrativa en su contra.
Sin embargo, esta no es la primera vez que él afrontará un proceso de esta naturaleza.
Según información facilitada por la oficina de prensa de esa cartera, Pérez, quien labora para esa institución desde hace casi 32 años, ha sido investigado disciplinariamente en otras tres ocasiones; es decir, la que se abrió este noviembre vendría a ser la cuarta causa en su contra.
El primer proceso interno fue en el 2007, cuando él ocupaba un puesto profesional de Servicio Civil 4; se desconoce en cuál departamento estaba.
Justicia señaló que él enfrentó una causa por negarse a una requisa de su vehículo de uso personal, por lo cual fue suspendido durante ocho días de su cargo.
Tres años más tarde, volvió a ser objeto de investigación, puesto que se le señaló de acoso laboral cuando ocupó el puesto profesional de Servicio Civil 3. Tras el respectivo proceso se le suspendió por quince días de su puesto.
Es decir, entre el 2007 y el 2010, fue alejado de sus funciones durante 23 días por diversas faltas.
Sin embargo, su expediente administrativo no termina ahí, ya que, durante este año, se le volvió a abrir otra causa.
“Además, tiene pendiente de resolución un proceso abierto en el 2020, que por estar bajo el debido proceso y en atención a la recomendación del departamento de Asesoría Legal, no sería posible brindar el detalle al respecto”, mencionó la oficina de prensa de Justicia.
Como él fue ascendido a ser máximo jerarca de centro penal en febrero de este año, se le consultó a Justicia por el mes en el que se abrió este nuevo proceso para saber si cometió la presunta falta estando como director, pero no se recibió respuesta.
Por el momento, entonces queda esperar qué arroja ese antiguo proceso, así como qué determinan las autoridades tanto administrativas como penales con relación a la nueva causa por supuestamente brindarle comodidades al recluso para que cometiera las acciones delictivas.
Por este caso, también es investigada una mujer, apellidada Bocam Mora y quien es directora del ámbito D, desde donde se presume que operaba el grupo con todas las comodidades, según dijo el OIJ el día que desarticuló el clan. Ella, al igual que Pérez, tampoco fue detenida; solo identificada.
Según dijo Justicia, ella, quien tiene poco más de cinco años de trabajar en esa entidad, no tiene expediente disciplinario.
Lo mismo ocurre con un policía penitenciario, de apellidos Irigoyen Cruz, quien fue el único detenido de estos tres funcionarios. Él, según la cartera, nunca ha afrontado ninguna causa administrativa en sus ocho años de laborar allí.
Vacaciones forzadas
El 12 de noviembre, es decir un día después de los 15 allanamientos realizados por la Policía Judicial para desarticular esta robusta banda criminal, Justicia indicó que tanto Pérez Montero como Bocam Mora fueron enviados a vacaciones forzadas, mientras avanza en paralelo la causa interna en su contra.
La decisión de separarlos momentáneamente de sus puestos fue de la ministra de la cartera, Fiorella Salazar, quien ordenó a la Dirección General de Adaptación Social y a la Dirección General de la Policía Penitenciaria “que se proceda a iniciar investigaciones preliminares en razón de los eventos informados por la prensa y los allanamientos”.
Días después de ese comunicado, se le consultó a esa institución cuándo termina ese periodo de vacaciones, pero indicó que no podían referirse debido a que es un “dato que pertenece solo al titular, por ser información de carácter personal”.
Solo añadieron que se les dio “el total acumulado”.
También se les preguntó qué pasará con estos dos altos directivos, una vez que terminen su periodo de vacaciones. Si volverán a sus puestos o si serán reubicados, pero dijeron que, por el momento no tienen la respuesta ya que “el tema está bajo análisis”.
En cuanto a la situación del policía penitenciario, él debe cumplir con las medidas cautelares impuestas por el Juzgado Penal de Alajuela: mantener domicilio fijo, impedimento de salida del país y reubicación en un puesto que no sea laborable dentro de una prisión.
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Estafaban y luego buscaban legitimar dinero
El caso con el cual se vinculan tiene que ver con una banda liderada por Edwin Alexis Tencio Rodríguez, quien descuenta 43 años de cárcel por diversos delitos.
Ni esa condena tan fuerte fue obstáculo para que el privado de libertad, de 29 años, montara su propia banda dedicada a hacer estafas telefónicas.
Pese a que no trascendió desde hace cuánto operaba este grupo, las autoridades estimaron el perjuicio económico en ¢500 millones.
Según indicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Tencio se hacía valer de la supuesta estrecha relación que tenía con los dos directivos de ese centro y módulo para moverse libremente de ámbito, en caso de sentirse incómodo en el que estaba.
Entonces, gracias a esas supuestas comodidades es que fue reclutando gente, la cual en su mayoría son familiares suyos.
El trabajo de los miembros era estudiar todo sobre sus víctimas para, cuando se hiciera el contacto, poder generar empatía con ellos y así hacerlos caer en el engaño.
Una vez que obtenían el dinero, lo trasladaban a cuentas destino, las cuales pertenecían a terceras personas que, según la investigación, conocían de la ilicitud del movimiento.
Luego, una parte de ese efectivo lo intentaban legitimar al comprar bienes muebles e inmuebles, los cuales ponían a nombre de sociedades anónimas o bien de otros familiares del cabecilla. Para ello, contaban con la supuesta ayuda de un notario, cuya oficina quedaba en Grecia, Alajuela.
Entre lo adquirido por la organización criminal destacan joyas, 180 cabezas de ganado (valoradas en ¢50 millones) y dos vehículos lujosos.
También compraron una gran finca en Katira de Guatuso, en la cual supuestamente iba a vivir el líder, una vez que saliera de prisión, dijo el OIJ.
La otra parte de ese dinero la mantenían oculta en distintas propiedades.