Con el fin de aligerar los procesos judiciales y optimizar el uso del recurso humano y de las instalaciones existentes, la Corte Suprema de Justicia prepara un proyecto de ley que permita a un solo juez resolver juicios que actualmente requieren la presencia de tres.
Se exceptuarían los hechos más graves relacionados, por ejemplo, con crimen organizado, narcotráfico, violencia contra las mujeres y pornografía contra menores.
Recientemente la Corte aplicó medidas administrativas para fomentar los juicios unipersonales, pero solo puede hacerlo cuando el delito se castiga con penas menores a cinco años de prisión.
Para poder ampliar las potestades se requiere reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, de ahí la propuesta en la que trabaja el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla.
“Con esto no volveremos a pedir ni siquiera recursos humanos para el área penal, porque vamos a tener muchos jueces y juezas, porque de tres que veían un asunto ahora vamos a tener tres que ven tres asuntos”, explicó Chinchilla.
El jerarca judicial estima que de ser aprobada la modificación por la Asamblea Legislativa, lograrían poner al día los asuntos penales en el plazo de año y medio. Aseguró que se mantendrán todas las garantías y derechos de las partes que intervienen en el proceso.
La reforma legal, dijo, se sustentará en nuevos enfoques, estadísticas y criterios científicos para demostrar que muchas veces un solo juez es suficiente para resolver.
Dos informes del Estado de la Justicia, publicados por el Programa Estado de la Nación en el 2014 y 2017, así como la posición de usuarios internos y externos del Poder Judicial, dejan ver la inconformidad por lo lento de los procesos judiciales.
La situación se da pese al aumento en la planilla según el segundo informe del Estado de la Justicia, según el cual, el Poder Judicial pasó de tener 3.621 funcionarios en 1990 a 11.892 en el 2015.
En este último registro el 20% del personal eran jueces, porcentaje que toma en cuenta juzgadores para todas las materias, no solo la penal.
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Proceso más corto
Eliminar la etapa intermedia de los procesos penales es otro de los planteamientos que se incluiría en el proyecto de ley en elaboración, pues se considera que es una de las mayores causasantes de la mora judicial.
En esa fase se conocen pruebas, sin embargo, ese trabajo no tiene valor si no se reproduce en el debate. Con base en esas pruebas, presentadas en una audencia preliminar, un juez determina si acoge la acusación de la Fiscalía y eleva el caso a juicio.
En la audiencia también podría plantearse la aplicación de medidas alternativas al juicio.
“Yo diría que hay que eliminar la etapa intermedia. No pasa nada. Vea lo que pasó en el caso de flagrancia. La utilidad de la audiencia preliminar no sirve para nada. Mejor se le manda al Tribunal de una vez”, afirmó.
A pesar de ese criterio, en este momento se llegan a perder hasta tres años en esa fase intermedia.
Por ejemplo el proceso que investiga supuestas irregularidades en la construcción de la trocha fronteriza está lejos de llegar a juicio, pues no ha pasado ni por la audiencia preliminar (fase intermedia), la cual pareciera que tampoco se realizará este año por la dificultad para poner de acuerdo a los 52 involucrados en el caso (entre imputados, defensores, fiscalía y jueces). El hecho cumple ya seis años en la vía judicial.
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La eliminación de la fase intermedia pareciera tener apoyo fuera del Poder Judicial.
Rafael Gairaud, abogado penalista, cree que efectivamente de eliminar la fase intermedia, muchos jueces más podrían dedicarse a los debate, igualmente liberaría a los fiscales.
“Desgraciadamente es parte de una consecuencia lógica del sistema y es la garantía de que un tribunal independiente conozca toda la prueba, pueda valorarla y emitir su criterio”, afirmó.
También el presidente del Colegio de Abogados, Juan Luis León, hace cálculos. Según él, sin etapa intermedia, los procesos disminuirían hasta en dos años.
Tan claro están los actores judiciales de que hay que eliminaresa fase, que la idea ronda desde hace 13 años, según Rónald Segura, presidente de la Asociación Costarricense de Fiscales.
Para él, solo los casos considerados de tramitación compleja deben tener audiencia preliminar, la cual para el resto de los procesos es un "cuello de botella" que impide juicios más expeditos.
“Básicamente la audiencia preliminar lo único que resuelve es la fijación de pretensiones en materia civil, pero las partes también pueden decidir fijarlas en el juicio”, acotó.
Segura propone que el mismo día en que se cita a un debate, se señale la audiencia una hora antes a cargo de un juez diferente al que tendría cargo el juicio, para ver la posibilidad de medidas alternas.
Eso eliminaría impunidad, porque hay casos que han durado más de cinco años en pasar una audiencia preliminar, donde no se resuelve nada de la acusación.
“A veces hasta por una alerta de bomba en los tribunales se pierde una cita y se convoca de nuevo para un año después, por lo que se puede dar el caso de que una audiencia preliminar dure cinco años”, explicó.
No obstante, de eliminarse la fase y liberar a más jueces para juicios, habrá que considerar la necesidad de salas.
Para solvertar ese faltante, Segura se adelantó a sugerir horarios diferenciados, como el caso de los Tribunales de Flagrancia que laboran después de las 5 p. m.
Ejemplificó que en Cartago hay ocho salas de juicio y como en la noche el Tribunal de Flagrancia ocupa solo dos, entonces quedan seis desocupadas.
La Corte desarrolla en este momento un plan para agilizar los debates que entre otras estrategias creó horarios verspertinos. Este opera por ahora solo en los Tribunales de Pavas.