Cuatro funcionarios del Banco Popular y dos gerentes de Sinocem son detenidos por caso del cemento chino

A sujetos se les investiga por el delito de peculado; Fiscalía pedirá seis meses de prisión preventiva.

Este artículo es exclusivo para suscriptores (3)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Ingrese a su cuenta para continuar disfrutando de nuestro contenido


Este artículo es exclusivo para suscriptores (2)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Este artículo es exclusivo para suscriptores (1)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Cuatro funcionarios del Banco Popular (BP) y dos gerentes de la empresa Sinocem Costa Rica fueron detenidos este miércoles por la mañana, confirmó el Ministerio Público.

La fiscala general, Emilia Navas Aparicio, explicó que los arrestos se hicieron en 11 allanamientos realizados en Grecia de Alajuela, Tres Ríos de La Unión, Cartago; así como en Escazú y Tibás, en San José, como parte de las investigaciones relacionadas con el caso del cemento chino.

La intervención de las autoridades abarcó cuatro casas (tres en Grecia y una Tres Ríos), la agencia aduanal Transmares y la agencia aduanal Aeromar.

En Escazú se allanaron cuatro sucursales bancarias y otra agencia del Banco Improsa, donde el objetivo era encontrar un documento particular, detalló la fiscala Navas.

En esta causa también está involucrado el empresario Juan Carlos Bolaños, propietario de Sinocem Costa Rica.

Las acciones judiciales se vinculan con las pesquisas por el otorgamiento de un crédito de $5 millones, al parecer en condiciones irregulares, en el 2015.

Los detenidos fueron identificados con los apellidos Rojas Segura y Cortés Zúñiga, ambos gerentes de Sinocem.

En tanto, los empleados del Popular son: Bogantes Brenes, analista de crédito; Gómez Barrantes, ejecutivo de Negocios Corporativos; Delgado Negrini, jefe de la División de Banca Institucional Corporativa, y Alpízar Hidalgo, director de Banca Empresarial y quien formaba parte del Comité Gerencial de Crédito Pleno.

A Delgado, quien no fue localizado en las primeras diligencias, se le aprehendió en una sucursal del Banco Popular, informó la Fiscalía.

Contra todos ellos, la Fiscalía solicitará seis meses de prisión preventiva por el delito de peculado.

Mediante un comunicado de prensa, el Banco Popular aseguró que colabora con la investigación y con las diligencias que realizan las autoridades judiciales.

"Tal y como ha ocurrido a lo largo de todo este proceso, ante diversas instancias investigativas, y en estricto apego a la legislación costarricense, el Banco Popular reafirma su compromiso público con la transparencia y la verdad (...). El Banco es respetuoso de los procesos judiciales en marcha", dijeron los representantes en el documento enviado esta mañana.

La entidad bancaria precisó que sus operaciones continuaron con normalidad.

Por su parte, la empresa Aeromar manifestó en un comunicado que se limitaron a realizar las declaraciones aduaneras correspondientes y acordes a la ley.

"Fuimos contratados por la Agencia Naviera Transmares como agentes aduanales para realizar la nacionalización del producto declarado, una tarea que hacemos a diario y como parte de un encadenamiento del proceso de las importaciones en general”, mencionó el abogado de Aeromar, Ricardo Badilla.

La firma añadió que están a disposición de las autoridades para cooperar con ellos y aseguraron que el accionar que hicieron fue "normal y transparente".

El caso en detalle

Emilia Navas confirmó, en conferencia de prensa, que los allanamientos de este miércoles se relacionan con una investigación que abrió el año pasado el Ministerio Público, para determinar si el Banco Popular fue estafado con la línea de crédito que le dio a una compañía del Grupo JCB, del empresario Juan Carlos Bolaños, para importar cemento chino.

La causa judicial se abrió de oficio durante el 2017, informó en noviembre la oficina de prensa de la Fiscalía ante una consulta de La Nación.

En aquella ocasión, las autoridades detallaron que se procedió a partir de una denuncia presentada por el Popular en contra de una empresa de Bolaños.

El órgano acusador añadió que, a su vez, el Banco Popular envió información adicional que fue sumada a la investigación.

"Se trata del expediente 17-000013-033-PE, seguido contra persona ignorada por el aparente delito de estafa. La parte ofendida es la entidad bancaria. La causa se encuentra en la etapa preparatoria de la investigación”, aseguró en aquel momento el Ministerio Público.

El 2 de noviembre, La Nación reveló que el Grupo JCB le reportó al Banco Popular y al Banco de Costa Rica (BCR) las mismas importaciones de cemento a la hora de justificar el uso de millonarios desembolsos de dinero, provenientes de líneas de crédito.

Por separado, esas dos entidades le giraron a compañías de Bolaños $13,8 millones para traer este producto desde China, entre finales del 2015 y principios del 2016.

El Popular le depositó $4,4 millones a la sociedad Inversiones e Inmobiliaria de Grupo JCB, mientras que el BCR le giró $9,4 millones a la compañía Sinocem Costa Rica.

Después de recibir esos recursos, Sinocem hizo dos embarques de cemento, cada uno con 20.000 toneladas métricas y un valor aduanal de $2,1 millones. Uno llegó el 7 de abril y el otro el 13 de mayo del 2016.

En total, la sociedad de Bolaños importó 40.000 toneladas con un valor de $4,2 millones (¢2.391 millones).

Luego, el Grupo JCB reportó los mismos dos cargamentos tanto al BP como al BCR para justificar el uso correcto de los recursos de las líneas de crédito, conforme al plan de inversión previamente pactado.

Esos reportes sirvieron para que el Comité de Crédito del Popular descartara que el dinero girado por el banco se hubiese desviado hacia otro fin.

Así lo dio a conocer el Comité cuando aceptó renegociar el crédito con el Grupo JCB, en abril del 2017, a pesar de que el importador había entrado en morosidad desde febrero del mismo año.

La firma Inversiones e Inmobiliaria de Grupo JCB debía casi $4,5 millones correspondientes a la línea de crédito concedida a finales del 2015.

El BP realizó dos remates infructuosos y tenía planeado hacer otro, pero decidió renegociar las condiciones del financiamiento.

El 27 de abril del 2017, el Comité de Crédito aprobó una renegociación en la cual requirió dos terrenos adicionales a Bolaños como garantía.

No obstante, el cliente siguió en morosidad hasta que el 28 de setiembre pasado, el Popular le remató tres propiedades a Bolaños –dos en Santa Cruz y una en Grecia–, por incumplir con el pago del financiamiento.

---

Información actualizada a las 3:29 p. m. con el dato de la detención del jefe de la División de Banca Institucional Corporativa y la versión de Aeromar.

Colaboró la periodista Natasha Cambronero.