El juicio contra los 14 imputados por narcotráfico y lavado de dinero, en el caso conocido como Pancho Villa, dará inicio este lunes a las 8 a. m. en el Tribunal de la Jurisdicción Especializada en Crimen Organizado (JEDO), ubicado en San José.
El debate está programado para concluir el 20 de setiembre y contará con la participación de 101 testigos, quienes ofrecerán su testimonio sobre los hechos presuntamente ocurridos entre diciembre del 2018 y abril del 2021. Durante este período, se presume que el grupo criminal introdujo cocaína al país a través de Golfito, Puerto Jiménez y Zancudo.
Entre los acusados, destaca la figura del presidente municipal de Corredores, Bernabé Chavarría Hernández, quien enfrenta cargos por lavado de dinero, favorecimiento y asociación ilícita. Según la Fiscalía, Chavarría, miembro del Partido Liberación Nacional (PLN), organizó reuniones con el cabecilla de la banda y otros individuos con el fin de establecer empresas destinadas a legitimar las ganancias ilícitas.
El presunto líder de la organización criminal es un empresario vinculado al sector de la palma aceitera, identificado como Darwin González Hernández, conocido en la zona como Pancho Villa.
González Hernández también estaba incursionando en el negocio del embotellado de agua y disponía de un quebrador de piedra para extraer materiales como arena y piedras cuarta y quinta, especializados en la construcción.
El empresario y su esposa, de apellidos Jiménez Araya, fueron arrestados el 6 de abril del 2021 en San Joaquín de Flores, Heredia. Poseían una quinta en La Palma de La Cuesta de Corredores, que contaba con numerosos lujos, como un lago, helipuerto y área para animales silvestres.
El alcalde de Corredores, Carlos Viales, fue detenido en diciembre del 2021 y suspendido de su cargo por supuestamente haber construido un puente de vigas, valuado en ¢75 millones, con fondos públicos en una de las propiedades del presunto líder narco. Viales regresó a sus funciones en febrero del 2023, aunque la investigación en su contra continúa en otro expediente.
En apariencia, la banda utilizaba una vagoneta para transportar una tonelada de cocaína cada dos meses, con la complicidad de dos agentes judiciales de apellidos Concepción Quiel y Campos Jiménez, quienes enfrentarán cargos por procuración de la impunidad, tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación ilícita.
El conductor de la vagoneta, de apellidos Ramírez Zeledón, y otro individuo de apellidos Santos Madrigal también están entre los imputados, al igual que otras personas identificadas con los apellidos Estribl Angulo, Méndez Mora, Quirós Salazar y Gómez Arroyo.