La Contraloría General de la República (CGR) rechazó que un abogado, de apellidos Venegas Rojas, quien trabaja en la División de Contratación Administrativa de esa entidad haya participado en la resolución de un contrato de obra pública que se cita en el expediente del caso Diamante, que investiga a una presunta red de corrupción donde se pagaban dádivas a funcionarios públicos a cambio de que les otorgaran licitaciones de obras públicas.
La aclaración de la Contraloría se da porque en el expediente judicial se indica que, en apariencia, un trabajador de la Municipalidad de San José, de apellidos Castro Camacho, habría puesto sobreaviso a Venegas sobre un recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Herrera-Pedregal, en contra de la adjudicación de la licitación 2021-LN-000001-0015499999, para el mantenimiento de la red cantonal josefina y que favorecía a MECO.
Sin embargo, la CGR indicó que, para empezar, el recurso de Pedregal fue rechazado “de plano por improcedencia manifiesta” el 14 de junio pasado y que, aunado a eso, el abogado citado en el expediente “no tuvo rol de resolución con el caso mencionado”, descartando así cualquier indicio de favorecimiento hacia MECO por parte de la entidad.
Proyecto bajo investigación
Las escuchas telefónicas realizadas entre febrero y agosto permitieron establecer que Johnny Araya Monge, alcalde de San José, le habría pedido a MECO mejorar el plantel de los camiones recolectores de basura en Pavas, a cambio de supuestamente adjudicarle el proyecto de Mantenimiento y mejoramiento de la red vial del cantón central, que salió a concursar bajo el expediente 2021-LN-000001-0015499999.
Al parecer, Luis Fernando Gutiérrez Vargas, gerente de Plantas de Asfalto de MECO, en alianza con dos funcionarios del municipio, de apellidos Castro Camacho y Quesada Ballestero, confeccionaba los carteles, incluido el del mejoramiento de la red vial, a cambio de dádivas.
Según el legajo, en este caso puntual, entre febrero y abril Gutiérrez habría elaborado el cartel de dicha licitación e hizo las correcciones para que este fuera publicado conforme a lo que solo la empresa MECO podía cumplir. Asimismo, Castro y Quesada se habrían interesado, presuntamente, en descalificar la oferta del Consorcio Herrera-Pedregal, competencia de MECO en este contrato.
Tras algún tiempo, MECO fue adjudicada, ante lo cual Herrera-Pedregal interpuso un recurso de apelación ante la CGR. Ante esa situación, Castro Camacho y Gutiérrez presentaron la oposición a ese recurso, así como que supuestamente habrían avisado al abogado de apellido Venegas para que interviniera en el recurso. Sin embargo, esto último fue descartado por la Contraloría.
Al final, el reclamo fue rechazado el 14 de junio del 2021 y las obras quedaron en firme a favor de MECO, que hasta octubre pasado había facturado trabajos por ¢401.380.000.