Una banda que se dedicaba a robar cable en Guanacaste, Puntarenas y Alajuela obtuvo, en un periodo de seis meses, más de ¢9.700 millones al vender a diferentes países asiáticos 70 contenedores con el cobre extraído del cableado perteneciente al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Cada contenedor tenía la capacidad de llevar 20 toneladas de carga, por lo que en total se colocaron en un semestre unas 1.400 toneladas de ese metal, que era agrupado en pacas y guardado en dos bodegas, una en San Ramón y otra en Alajuela, hasta ser exportado.
La organización, desarticulada este martes en la mañana por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de 16 allanamientos, al parecer era dirigida por un hombre taiwanés de apellido Chuang, quien tenía varios años de residir en territorio costarricense.
Según la Policía Judicial, en las diligencias se pretendía detener a 19 personas, pero al final de la tarde fueron 18 los aprehendidos, entre ellos el supuesto cabecilla.
“La investigación comenzó por la preocupación de las autoridades debido a la elevada incidencia de robo de materiales, sobre todo de cable en Santa Cruz de Guanacaste, pero este problema se ha dado en todo el Valle Central, Puntarenas, zona norte y algunos lugares de la zona Atlántica.
“Se tenía información de que había un grupo cometiendo este tipo de delito y que, aparentemente, estaba robando cable en Santa Cruz, por lo que comienza la investigación que da como resultado los allanamientos”, explicó el OIJ por medio de su oficina de prensa.
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Tres eslabones
Wálter Espinoza, director de la Policía Judicial, manifestó que generalmente el cable sustraído es el que cuelga de los postes, pero reconoció que hay casos en los cuales los delincuentes lo sustraen de cámaras subterráneas. El objetivo, destacó, siempre es extraer el cobre del cableado, situación que perjudica decenas de servicios comerciales, turísticos, industriales y de emergencias.
El jerarca precisó que el caso particular de esta organización, que fue investigada por el OIJ de Santa Cruz, fue detectado en setiembre del 2021, cuando se iniciaron diversas diligencias que permitieron establecer la estructura, identificar a los miembros del grupo, así como su modo de operación.
“En este caso, la agrupación contaba con planificación, tenía una estructura interna, una jerarquía y también permanencia en el tiempo, por lo cual se convirtió en un hecho de delincuencia organizada que, además de presentarse en Guanacaste, se daba también en Puntarenas y Alajuela”, aseguró.
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De acuerdo con el jefe judicial, esta banda, en apariencia, contaba con tres eslabones de trabajo, cada uno con sus respectivos líderes y funciones. El primer subgrupo, presuntamente, estaba a cargo de dos sujetos de apellidos Aguilar y Pichardo. Se cree que ellos establecían quiénes participarían en el robo de cable, en qué momento (regularmente en las noches) y en qué lugar. Una vez definido esto, al parecer, se encargaban de ejecutar la acción.
Posteriormente, estos sujetos llevaban el cobre ya extraído a un centro de acopio ubicado en San Ramón, Alajuela, donde dos hombres apellidados Reyes y Barquero, supuestamente, eran los encargados de realizar el procesamiento y embalaje inicial. Ellos, indicó Espinoza, involucraron a sus familiares en la actividad ilícita.
Finalmente, el eslabón más importante, aparentemente, era liderado por Chuang, quien junto a un individuo de nacionalidad salvadoreña, Vado, administraban un establecimiento en San Antonio de Tejar, Alajuela. Ahí, según la hipótesis judicial, se recibía el cobre para continuar con su procesamiento y embalaje. Una vez listo, se dividía en pacas y se planeaba el envío a los mercados internacionales: China, Japón, Malasia, Hong Kong e Indonesia.
“Mediante la investigación se acreditó la presencia de la estructura criminal, por lo que se solicitó al Ministerio Público la declaratoria del procedimiento especial contra la delincuencia organizada (...). En el proceso de investigación se lograron realizar tres decomisos: el 12 de agosto, el 21 de setiembre y el 24 de setiembre del 2021.
“En el primer hecho se incautaron 530 kilogramos de cobre; en el segundo, 1.430 kilogramos, y en el tercero, poco más de 7.000 kilogramos. Este último, en la recicladora ubicada en San Antonio de Tejar, lo que derivó en una baja en la incidencia del delito de robo de cable telefónico”, aseveró el OIJ.
A esas diligencias se suman 150.000 kilogramos decomisados este martes en los allanamientos.
Wálter Espinoza destacó que las ganancias de este delito son considerables, ya que de un metro de cable se sacan 0,30 kilogramos de cobre, cuyo valor en el mercado es de ¢6.000 el kilo.
El OIJ agregó que en la investigación se documentaron más de 20 eventos delictivos, entre robo de cable y “destace” de ganado. Precisamente, el cableado sustraído en esos hechos es de 3,5 kilómetros. Asimismo, “se determinó que se realizó la exportación de más de 70 contenedores con el cobre, los cuales alcanzan un valor de más de $210.000 (¢139,2 millones) por contenedor, en los cuales viajaban alrededor de 20 toneladas de cobre por cada uno”.
Este caso se denominó Los Chilenos, ya que Chile “es el mayor productor de cobre en el mundo y este presunto grupo criminal estaba, al parecer, captando la mayor cantidad de este material en el país para exportarlo, dado que en Costa Rica no hay empresas que se dediquen al procesamiento del cobre”, afirmó el jefe de la Policía Judicial.