Apertura de teléfonos de sospechosos de robo al Banco Nacional se demoraría

Teléfonos de otros “mega casos” están a la espera de que se les realice la apertura, pues el OIJ cuenta con un software

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Las aperturas de los teléfonos de los siete funcionarios y un custodio de seguridad privada, detenidos por el robo de ¢3.293 millones de las bóvedas del Banco Nacional, podrían retrasarse, según reconoció el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga.

El jerarca explicó que si bien cuentan con un software para abrir estos dispositivos electrónicos, existen otros casos importantes que están adelante en la fila de revisión.

“(Los teléfonos de los funcionarios) tienen que entrar en cola de los otros casos grandes (…) hay homicidios, está el caso de Aldesa, son bastante importantes. En realidad, solo tenemos una herramienta y es la que permite trabajar”, explicó Zúñiga.

En agosto pasado, el jerarca había reconocido ante la comisión legislativa de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa que tenían 500 teléfonos celulares decomisados, los cuales contenían información valiosa de diferentes expedientes, pero que en ese momento no era posible acceder a ella por falta de un programa de cómputo especializado.

Zúñiga confirmó a este medio que recientemente recibieron el software que les permitirá abrir estos dispositivos electrónicos, pero ahora procede identificar los casos prioritarios.

En relación al caso “Gallo Tapado”, el director de la policía judicial mencionó que durante los 11 allanamientos de este miércoles se incautaron “teléfonos, computadoras y documentación variada” a los funcionarios investigados. Por ahora, se desconoce cuánto tiempo tomará acceder a la información contenida en dichos dispositivos.

Megacasos

La apertura de los celulares del caso Gallo Tapado, podrían retrasarse frente a dos “megacausas” por corrupción que está investigando el OIJ, conocidas como Cochinilla y Diamante. Estas investigaciones buscan esclarecer el presunto pago de sobornos a funcionarios por parte de constructoras a cambio de favores relacionados con contratos de obras públicas.

La primera de estas pesquisas cumplió dos años en junio pasado, sin que aún se haya podido revisar la gran cantidad de pruebas recopiladas, que incluyen computadoras, teléfonos celulares, archivos digitales y otras evidencias, todas almacenadas en dos bodegas llenas.