A falta de 11 días para que termine el año, la cifra de ocupantes de moto que han perdido la vida en el propio lugar en el que se accidentan llegó a 202, mientras que el año pasado cerró con un total de 203.

El caso más reciente ocurrió la tarde de este miércoles en Santa Cecilia de La Cruz, Guanacaste, donde murió Leidy Rivera Baltodano, de 24 años, al chocar de frente contra una radiopatrulla en un angosto camino de lastre. La mujer viajaba sin casco.

El martes anterior, dos motorizados chocaron de frente, cerca del cruce de La Valencia en Heredia, uno perdió la vida en en sitio y otro en el Hospital San Vicente de Paul.

Lo anterior preocupa a las autoridades de la Policía de Tránsito, cuya lucha pretende reducir el luto en los hogares de tantas personas que cada año pierden la vida en las carreteras.

Hasta este jueves 19 de diciembre, el total de personas fallecidas en accidentes de tránsito en el propio sitio del suceso, es de 420, mientras que el año pasado cerró con 445.

Esto significa, según los datos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), que el 48% de los fallecidos en carretera son motociclistas.

Además, la moto es el vehículo que más siniestros protagoniza: 247 accidentes mortales en lo que va del año, frente a 162 en los que hubo un vehículo de cuatro ruedas involucrado.

Estas estadísticas serían aún más críticas si se consideran los motociclistas que pierden la vida días, semanas o meses después del accidente. El subdirector de la Policía de Tránsito, Alberto Barquero, confirmó que el año pasado, entre muertos in situ y los que fallecieron en centros médicos, la cifra alcanzó 360 víctimas.

Por esta razón, Barquero llamó a los usuarios de las vías a “que caigan en razón sobre el gran riesgo que significa moverse en forma desordenada. Las normas se crearon para que circulemos de forma segura, para que todos nos protejamos”.

Las autoridades realizarán este mes operativos dinámicos con 260 controles de carretera. Estos son adicionales a los programados en el plan operativo para control de velocidad, ingesta de alcohol y uso de dispositivos de seguridad, principalmente en motos.

Controlan también el irrespeto a la demarcación, para tratar de que la cifra total de fallecidos este año no sobrepase a la del 2018. “No quisiéramos que se muera nadie”, dijo Barquero.

Afirmó que al poner un pie en la calle se debe acatar la normativa, pues se asume un gran riesgo y una gran responsabilidad. “La movilidad segura es un tema de todos, involucra a empresa privada, gobierno y ciudadanos”.

Lo anterior, al estimar que se debe incentivar el uso de transporte público mediante sistemas que lo agilicen, de modo que los ciudadanos no se vean atraídos por la opción de movilizarse en moto.

La mayoría de accidentes de tránsito ocurren los fines de semana. La franja horaria con mayor siniestralidad va de las 6 p. m. a las 6 a. m.

A un año de reseñas por consumo de alcohol, infracciones persisten

Solo la Policía de Tránsito ha pasado este año a unos 1.500 conductores de carros, motos y otro tipo de vehículos a la Fiscalía, para que sean reseñados y afronten un proceso judicial por circular con cantidades de alcohol superiores a los máximos permitidos.

Esto equivale a 0,38 miligramos de alcohol en aire aspirado.

Esto responde a una orden de la fiscala general, Emilia Navas, quien desde el 13 de diciembre del año pasado anunció que se iba a reseñar de inmediato a quienes se sorprendiera manejando bajo efectos de licor o drogas, participando en piques o superando los límites máximos de velocidad.

Sin embargo, la estadística de Tránsito se queda corta si se considera que los oficiales de la Policía Judicial, la Fuerza Pública y la Policía de Migración también pueden enviar a la Fiscalía a personas que incurran en conductas temerarias.

Aunque los datos globales se desconocen, la amenaza de fichar a todos los choferes imprudentes no redujo el total de causas que se tramitan en el Poder Judicial.

Según el Ministerio Público, el año pasado 3.053 conductores fueron procesados por conducción temeraria y la proyección es que para el 2019 la cifra rondará los 2.972 casos.

El Poder Judicial no tiene cifras de cuántos conductores han tenido que acudir a medidas de reparación del daño luego se ser sorprendidos en conducción temeraria, que incluye alta velocidad o conducir bajo efectos de alcohol u otras drogas, entre otros.

Si una persona opta por una medida alterna al proceso penal (reparación del daño), pero vuelve a caer ebria al volante en cinco años o menos, tendría que enfrentar un juicio.

La Fiscalía informó de que en los últimos nueve años el promedio de conductores procesados por conducción temeraria ha sido de 3.405 casos por año.