Familia demanda al Estado por tragedia en autopista sin vallas

Allegados de una de las víctimas exige ¢45 millones por el daño moral causado

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La familia de un joven fallecido el año pasado en un accidente de tránsito en la autopista Florencio del Castillo demandó al Estado por ¢45 millones pues atribuyen la tragedia a la ausencia de vallas en esa carretera.

El reclamo por daño moral fue presentado ayer en el Tribunal Contencioso Administrativo, en Goicoechea, por el abogado Javier Vargas, quien representa a los allegados de Gabriel Fuentes Ospina, de 16 años.

La demanda se sustenta en una condena del 2011, en la cual el Estado fue obligado a pagar ¢64 millones a familiares de dos jóvenes que murieron en el 2007, en otro incidente en esa pista.

El fallo daba seis meses al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para que colocara barreras de contención. Sin embargo, al 3 de setiembre del 2014, cuando Fuentes y otros cuatro jóvenes fallecieron, todavía no se habían puesto.

Incluso, hasta el día de hoy, el Conavi no ha colocado las vallas.

Víctima. Este nuevo proceso judicial es impulsado por Alice Fuentes, hermana del adolescente que viajaba como acompañante en un automóvil, cuyos otros cuatro ocupantes también perecieron.

Según las investigaciones, el vehículo, marca Honda, quedó fuera de control, se salió de su carril, invadió una zona verde que divide la vía y chocó con un poste de luz. El rebote lo lanzó al carril contrario, donde colisionó con un camión. Eso provocó que el tanque de gasolina del carro de los muchachos se rompiera y el auto se incendiara.

Los otros jóvenes eran Joseph Alonso Chaves Allen, de 22 años; Diego Armando Calderón Sanabria, de 21; Mauricio Calderón Villalobos, de 20 años, y Steven Brizuela Alcázar, de 17 años.

Barrera necesaria. “De haber existido una malla divisoria, concretamente una barrera de contención, tal y como le fue obligado a los demandados construirla, el automotor donde viajaba mi hermano no se hubiera salido de su rumbo (...) mucho menos hubiera invadido el carril contrario, ni él finalizado su vida calcinado”, argumentó Alice Fuentes, quien representa a su madre.

Ayer, en la oficina del abogado Javier Vargas, esta joven de 19 años explicó que abrir este proceso es necesario para que las autoridades cumplan con lo que ya se les ha ordenado.

Recordó a su hermano Gabriel como un muchacho muy activo, a quien le gustaba practicar natación y artes marciales, así como disfrutaba de bailar y ser parte de la banda estudiantil.

Peligro inminente. El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) advirtió, desde el 2003, la necesidad de instalar algún tipo de valla protectora en esa ruta entre San José y Cartago.

El año pasado, luego del accidente que cobró la vida de los cinco jóvenes, el Conavi manifestó que se estaba elaborando un cartel de licitación para proceder a construir las barreras.

Ante consultas, ayer la oficina de prensa de esa entidad comunicó que la adjudicación podría quedar lista esta semana.

“Se requería información adicional para completar la evaluación de las fichas técnicas de las empresas”, mencionó el vocero Omar Segura.

El plan consiste en colocar vallas a lo largo de los 18 kilómetros que tiene la vía. El costo de la obra rondaría los ¢2.500 millones.