Natalia Díaz Zeledón.   24 junio
Una manifestación contra Daniel Ortega en Managua durante el 17 de junio. Un día antes, una familia de seis personas murió en un incendio en uno de los barrios periféricos de la capital, provocado por un grupo de encapuchados armados con una bomba Molotov. Foto: AFP.
Un miembro del Movimiento 19 de abril de Masaya con un mortero, un arma casera que está prohibida por ley en Nicaragua. Foto: AFP.
Trincheras blindadas con palabras de combate

“Hola, Valeska, ¿cómo estás?”

“Hola, Natalia. Acá... Bien porque seguimos vivos. Gracias a Dios”.

La voz de Valeska Valle tiembla un poco en el auricular pero es un gesto invisible. Sus palabras se escuchan nítidas, como si no las pronunciara en Managua, a 400 kilómetros de San José.

Las llamadas por WhatsApp son engañosas. En algunas de ellas, los ocho nicaragüenses consultados para este reportaje se oyen a salvo. Detrás de la voz de Valeska hay conversaciones, risas quedas. En otras llamadas atruenan explosiones breves. Uno tras otros, resuenan los morteros, como si fueran un dominó sonoro. Algunas comunicaciones se cortan. Otras se posponen y llegan mensajes de texto: “Estamos alertas”.

“Yo estuve primero en la Universidad Nacional de Ingeniería, atrincherada. Después de que nos sacaron de allá, nos quedamos refugiados una noche. En la madrugada llevamos lo que pudimos rescatar hacia la Universidad Politécnica que estaba siendo atacada. En ese momento viví muchas cosas, nos reunimos... Nos organizamos porque necesitábamos darle un sentido a esta lucha”, explica Valle.

La lucha comenzó el miércoles 18 de abril, después de que el gobierno aprobó una reforma para evitar la quiebra del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Las primeras protestas fueron “autoconvocadas” por estudiantes universitarios y otros nicaragüenses disconformes con la decisión del gobierno de Daniel Ortega de aumentar los aportes a las cotizaciones, la creación de un tributo a las pensiones de los adultos mayores y otros cambios.

Sin embargo, los “plantones” —bloqueos pacíficos— no tardaron en convertirse en eventos violentos.

Durante el fin de semana siguiente, las ciudades de Managua, Masaya, León y Estelí recibieron policías, antimotines y miembros de la Juventud Sandinista. Fotografías y videos aparecieron en redes sociales para mostrar las consecuencias del caos: supermercados saqueados, llantas quemadas, multitudes desgañitadas y asesinatos. Para el 21 de abril sumaban 10 muertos.

A la fecha, el gobierno de Ortega da cuentas escuetas de las muertes en los enfrentamientos; en su lugar, la cifra a este viernes era de 215, según datos de la organización no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Revista Dominical solicitó una entrevista con la Embajada de Nicaragua para este artículo y no fueron contestados los correos electrónicos ni las llamadas. Aunque no respondió a esta solicitud de prensa, la Embajada envía diariamente reportes de actos violentos y ataques “terroristas” que, argumentan, prueban la desestabilización que quiere causar la oposición al gobierno.

En poco más de dos meses, 66 días para ser exactos, la vida en Nicaragua ha sido la de otro mundo.

En Managua, antiguos estudiantes —como Valeska Valle, quien tiene apenas 22 años y, antes de abril, cursaba el último año de contaduría pública— ahora resguardan a los líderes de la mesa de diálogo que comparten estudiantes con el sector privado, la Conferencia Episcopal de Nicaragua y el gobierno nicaragüense.

“Tenemos ya dos meses y un día de no ir a nuestras casas. No dormimos en nuestras casas y no vemos a nuestras familias. Nuestras familias están amenazadas. A nosotros nos llaman con amenazas de muerte. Es una situación que no tiene marcha atrás ni queremos rendirnos tampoco”, explica Valle, durante una entrevista telefónica del 19 de junio.

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La situación no es tan distinta fuera de la capital. En los departamentos de Masaya y Carazo, los grupos del Movimiento 19 de Abril —el nombre que adoptaron las protestas estudiantiles y que, ahora, alude a células de todo el país— han amurallado los centros urbanos con piedras, puertas de carros, latas de zinc y cuanto material sea útil darle forma a un “tranque”.

“Quisiera dibujártelo... Nosotros estamos en el corazón y, alrededor, nosotros tenemos un montón de tranques para que no lleguen al principal”, dice Katherine Román, una “autoconvocada” de 29 años que colabora con la logística del Movimiento en la ciudad de Jinotepe, en Carazo.

“A pesar de que no estábamos preparados para este tipo de situaciones nos hemos podido coordinar”, asegura. “No han podido entrar. Hoy nos dijeron que en la entrada de Diriamba hay dos kilómetros de camino que están llenos de camionetas con turbas paramilitares que me imagino que están organizando la entrada hasta Jinotepe. Diriamba es la ciudad que nos resguarda: han puesto tranques y han hecho zanjas para que no logren llegar. Ayer hubo rafágas (de balas) y hubo un herido, pero no de gravedad. Y un muerto. No era alguien posicionado en un tranque sino de la sociedad civil que no quiso mostrar su celular y lo tiraron”, dice Román sobre la situación de Carazo al lunes 18 de junio.

En las ciudades de los tranques, las descripciones de los invasores son similares. Los llaman “paramilitares” porque van armados con fusiles de asalto pero no están identificados como policías; se transportan en camionetas Toyota Hilux blancas; cuando consiguen los controles de los tranques establecen puntos de control en los que requisan a los transeúntes y ordenan que enseñen sus celulares.

Por la magnitud de la violencia es tentador comparar los enfrentamientos de los últimos dos meses con la Revolución Sandinista que derrocó la dictadura de la familia Somoza en 1979.

Pero los tranques de las fotografías tomadas en estas semanas no se parecen a las de las guerrillas que se refugiaban en las montañas de Matagalpa.

“En Nicaragua, una de las formas de protesta pacífica han sido los tranques que son barricadas en la vía Panamericana o que controlan el tráfico”, explica el editor de la Revista Domingo, de La Prensa, Fabrice Le Lous.

“En el drama que estamos viviendo, el oficialismo dice que no son ellos y tienen un discurso de cajón, muy chavista, que dice que todo lo que ha sucedido en los últimos dos meses es culpa de la derecha vandálica. Al comienzo, decían, que estaba financiada por la CIA y el partido Movimiento Renovador Sandinista (local) con disidentes sandinistas. Ahorita, todo está muy polarizado. Todos los videos, todas las evidencias… Le preguntás a la gente en la calle y todo el mundo te va a señalar al gobierno como responsable porque es el que maneja la policía y la parapolicía, conocidos como las turbas sandinistas”, dice Le Lous.

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En mayo, tras una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el organismo publicó un informe preliminar sobre la violencia en Nicaragua y señaló que los testimonios recibidos sugieren la posibilidad de francotiradores y ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, puso en marcha medidas cautelares para proteger a 14 líderes estudiantiles (entre ellos, Víctor Agustín Cuadras Andino, con quien Valeska Valle colabora de forma directa).

“La documentación y los testimonios recogidos también permiten concluir que la Policía Nacional y la fuerza antimotines utilizaron armas de fuego, pistolas de balas de goma y gases lacrimógeno en forma indiscriminada para disolver protestas y manifestaciones, sin hacer uso de protocolos para regular el uso proporcional de la fuerza, aunque la policía tendría formación en el uso de los mismos”, dice el documento de la CIDH.

Tras esa publicación, el organismo envió otros varios comunicados que llaman al cese de la violencia sin ningún resultado.

Según los últimos acuerdos de la mesa de diálogo, representantes de la CIDH se unirán con el resto de negociantes, en Managua, en próximos días (su llegada y la de otros organismos internacionales se retrasó porque el gobierno de Ortega no envió las cartas de invitación inmediatamente después de lo acordado, el 15 de junio).

Pese a esos pequeños avances, el miércoles pasado, el diálogo de Nicaragua volvió a romperse tras un recrudecimiento de la represión policial en la ciudad de Masaya.

Semanas atrás, los grupos expulsaron al alcalde de la ciudad y encerraron a las autoridades policiales. La ciudad se encerró con tranques y se armaron con morteros —armas de pólvora armadas con tubos de metal que están prohibidas por ley en Nicaragua—.

A pesar de que confirman que cuentan con ese armamento casero, el Movimiento asegura que no tienen forma de defenderse contra el poder político y balístico de quienes los atacan.

“Creemos que el diálogo es la vía por la cual nosotros podemos exigirle la renuncia al régimen dictatorial Ortega Murillo, en el cual podemos revisar acuerdos para que él pueda salir del país de la mejor vía pacífica posible”, dice Valeska Valle.

“Nuestra arma más poderosa es la no violencia. Por eso nos han matado, porque no tenemos con qué defendernos ni nunca hemos pensado en eso. Por honor a todos los que han muerto no pensamos levantarnos en armas. Por eso apostamos tanto en el diálogo. Si esto llega al plan b, que es una guerra, nosotros no tenemos ningún papel ahí. Somos los primeros a quienes van a matar”, asegura Valle con una breve risa nerviosa.

Periodistas sin información y bajo amenazas
El periodista Ángel Gahona murió el 21 de abril en Bluefields durante una transmisión. Foto: AFP.

El martes 19 de junio, la periodista Leticia Gaitán fue encañonada, requisada y asaltada en la carretera hacia Masaya.

Gaitán trabaja para el canal 100% Noticias y, como parte de su trabajo, ese día se desplazó a la ciudad con un camarógrafo y un conductor. El vehículo coordinó toparse con el equipo de otro canal de televisión (para mitigar el riesgo, los medios independientes se ven obligados a colaborar juntos los viajes fuera de la capital).

Los dos automóviles fueron detenidos por nueve personas encapuchadas que se transportaban en una camioneta Toyota Hilux blanca.

“En el kilómetro 10 de la carretera a Masaya, observamos a oficiales antimotines de la Policía Nacional, encapuchados en una parada. Nosotros los ignoramos porque jamás se nos pasó por la mente de que ellos estaban tan coordinados que le iban a avisar al tranque de la rotonda de Ticuantepe, a las turbas, de que íbamos en su dirección. Cuando llegamos al kilómetro tres y medio, nos ubicamos en el carril contrario para salir huyendo por si algo pasaba. Me estaba bajando de la camioneta cuando nos interceptaron y comenzaron a detonar disparos al aire con AK-47, escopetas y armas pequeñas de corto alcance. Nos dijeron: ‘Tírense al suelo’”, describe Gaitán.

Para Gaitán, existe una relación de causalidad entre los ataques y su trabajo. Durante las protestas de abril, el canal estuvo fuera de transmisión durante seis días (dicen que lo provocó el gobierno).

Días antes del asalto, Gaitán “increpó” al canciller Denis Moncada, representante del gobierno en la mesa de diálogo nacional, sobre una familia que murió calcinada durante un incendio el sábado 16 de junio.

Una mujer camina en la casa en la que murieron cuatro adultos y dos niños en barrio Carlos Marx en Managua. Foto: AFP.

“En el piso, nos empezaron a intimidar diciendo que ellos no eran iguales a nosotros y que nosotros solo hablábamos mentiras”, recuerda la periodista. “Yo le había hecho fuertes preguntas al canciller. Entonces, yo estaba en el piso y de rodillas, con la cabeza abajo. Mis colegas estaban tirados en el piso y las manos extendidas. Uno de ellos (los encapuchados) me dijo gritando: ‘Quiero ver si ahora sos tan huevoncita como cuando andás entrevistando’. Otro le dijo: ‘Ella es la que irrespetó al jefe’”, relata Gaitán sobre el asalto.

Los encapuchados revisaron los vehículos de los canales, les arrebataron los equipos de video y los teléfonos celulares.

Gaitán asegura que en ningún momento dejaron de encañonarlos. “El que me robó mi iPhone regresó y me dijo que le quitara la clave y que cerrara la sesión en iCloud. A mí la clave se me olvidó. Le dije (al encapuchado) que no me acordaba y él me dijo: ‘Te tenés que acordar porque sino aquí te vas a quedar’”, afirma.

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Gaitán dice que los equipos de ambos canales salieron con vida después de que los encapuchados llamaron a un “jefe” y este les dio órdenes de dejarlos irse del lugar. Después de que la Hilux salió de vista, los equipos de prensa esperaron unos minutos antes de volver a las camionetas y regresar a Managua.

Ha sido la experiencia más violenta de Gaitán, pero asegura que no dejará de informar.

“Son una serie de violaciones a la libertad de prensa que ya hemos vivido”, dice. “Yo voy a continuar con mi trabajo en 100% Noticias. Yo creo en Dios. En el momento en que estaba agachada cuando nos apuntaron, le pedí que nos protegiera y Dios cumplió esa promesa de protección: para mi vida, para la del conductor, la del camarógrafo y mis colegas de Canal 12. Yo confío en que Dios nos seguirá protegiendo”, asegura Gaitán.

Sin embargo, los periodistas nicaragüenses coinciden en que llevan mucho tiempo ejerciendo su trabajo en condiciones de violación a la libertad de prensa (derecho que, también es constitucional en Nicaragua).

“Aquí nos hemos acostumbrado a las fuentes confiables que hayamos cultivado por años y que sean cercanas al gobierno”, explica el periodista y editor de La Prensa, Fabrice Le Lous.

Según describe Le Lous, el ingreso a las oficinas de La Prensa en Managua está restringido. A quienes trabajan en horario nocturno se les procura teletrabajo.

“Seguimos en las coberturas, a pesar de la inseguridad que hay en el país. En el último mes, la represión ha ido más allá: primero era en las protestas, ahora estos grupos parapoliciales se han encargado de rastrear a los periodistas y a quienes han estado en marchas. Luego nos asedian hasta en nuestras viviendas”, asegura la periodista de sucesos de La Prensa, Ivette Munguía.

Entre las vejaciones más violentas, Munguía recuerda su huida en la “masacre del Día de las Madres”, el pasado 30 de mayo (según la Cenidh, ese día seis personas murieron y otras 47 fueron heridas).

“Era un ataque. Venía la policía con los grupos parapoliciales disparando hacia la gente en la marcha. En ese instante, traté de mantenerme alejada pero, a pocos metros del Estadio Nacional de Béisbol, se escuchó una ráfaga de disparos. La gente caía en la zona donde yo estaba. Me tocó correr y, pues, desde entonces no ha parado”, dice Munguía.

Igual que su colega de 100% Noticias, los periodistas de La Prensa continuarán con su trabajo. “Como periodista creo que el peor error que podemos cometer es callarnos o dejar de hacer coberturas. Igual, nosotros somos figuras públicas y nos conocen en todas partes. Estemos o no estemos representando un medio, vamos a ser periodistas en cualquier lugar. Nuestra labor ética es llevar información”, afirma Munguía.

Las ONG que cuentan los muertos
Una protesta en Managua, el 15 de mayo. Foto: AFP.

Las cifras que entregan organismos no gubernamentales son el todo o nada. Los días pasan, los muertos se multiplican y las autoridades nicaragüenses mantienen un velo de silencio.

En Costa Rica, la Embajada de Nicaragua entrega, diariamente, reportes sobre actos “vandálicos”, “terroristas” y unos pocos asesinatos –oficiales de instituciones y funcionarios del sector privado– pero, muchas veces no llevan nombre.

“Tenemos confirmados a 191 muertos. Tenemos 191 casos debidamente documentados: identificadas las personas, con sus edades, las circunstancias en las que murieron, sus familiares, cuál fue la fuente e, incluso, el estado de la investigación por parte nuestra”, asegura Vilma Núñez, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), al mediodía del jueves 21 de junio.

“Tenemos otros trece esperando la confirmación (...) Quienes han recibido más ataques son Masaya, Carazo, Jinotepe. Los lugares que están en mayor riesgo son León, Estelí y los barrios orientales, de la periferia de Managua”, asegura.

La Cenidh es una de las fuentes que citan medios de comunicación al hablar de cifras de víctimas. Otra de las organizaciones a cargo de los macabros conteos es la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH). La cifra de muertos de esta última es de 215 personas.

“Ha sido nula la gestión humanitaria. No permiten nuestro trabajo de derechos humanos y entorpecen la posibilidad de salvar vidas, como lo hemos hecho de manera permanente”, afirma Álvaro Leiva Sánchez, secretario ejecutivo de la ANPDH, sobre el contacto con el gobierno de Ortega.

Las organizaciones son enfáticas en la emergencia que enfrentan los nicaragüenses. No aceptan las comparaciones que recibe la situación actual con la Revolución Sandinista de finales de los años setenta.

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“La represión, de ninguna manera, tiene características de una lucha de iguales. No hay una confrontación entre la gente que reclama sus derechos y ejerce la protesta, y la gente que reprime”, dice Núñez.

Los defensores de derechos humanos llaman al cese a la violencia y presionan para que la Organización de Estados Americano (OEA) vigile el diálogo nacional que organizó el gobierno con estudiantes, la Conferencia Episcopal, empresarios y ciudadanos.

“Hemos hecho tres informes periódicos. Hemos hecho un trabajo internacional muy fuerte. Estuvimos en la Asamblea General de la OEA y estamos haciendo un trabajo de cabildeo con diferentes cancillerías de latinoamérica, de cara a la reunión del Consejo Permanente de la OEA. Estamos trabajando con la oficina del alto comisionado de Organizaciones Unidas y estamos trabajando de la mano con Amnistía Internacional”, enumera Núñez algunos de los alcances del trabajo que realiza su organización no gubernamental desde Managua.

Núñez menciona como obstáculos a su gestión el difícil contacto con familiares y hospitales para confirmar las muertes y las complicaciones que tienen para llegar a los barrios donde ocurren los asesinatos. Pero, también, la localización de la Cenidh es problemática.

“Nuestras oficinas están ubicadas a una cuadra de la casa del dictador (Ortega). O sea, en lo que llaman el perímetro de seguridad. Tienen rodeado siete manzanas a la redonda con barricadas de piedra cantera altísima. Tienen cadenas y cosas punzantes para que nadie pueda pasar”, describe Núñez.

Pese a las dificultades, los organismos procuran una labor ordenada: los números y nombres de las víctimas, tarde o temprano, serán una factura ineludible para el gobierno de Ortega.

“En este momento, la situación más delicada es el alto al fuego, a la represión y al asesinato de los ciudadanos. El respeto absoluto a los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses. Esa es la parte más urgente”, dice Leiva.