La auditoría de FIFA sobre el Mundial Sub-17 femenino permanecía en secreto, protegida por una cláusula de confidencialidad: el dirigente que revelara su contenido sería multado con $50.000.
Así lo exigieron los auditores de la compañía Ernst & Young Global Limited (EY) y la misma FIFA, entidad que pagó el estudio para determinar el uso dado en Costa Rica a los más de $4.1 millones aportados por el máximo organismo para el torneo.
Una vez planteado aquel requisito, el contrato de confidencialidad fue enviado a todos los miembros de la Asamblea General, el máximo órgano del balompié costarricense, a cargo de decisiones como elegir al presidente de la Fedefútbol y sus compañeros de directiva, solicitar destituciones o decidir cómo se reparte el dinero del premio del Mundial.
Pocos días después, el 21 de diciembre del año pasado, se dio la convocatoria, con más de un mes de anticipación, para una Asamblea General programada para el 26 de enero de este año. Todos los representantes fueron informados sobre el tema agendado (la auditoría FIFA) y el requisito de firmar el contrato de confidencialidad en los días previos a la cita.
No muchos dirigentes asumieron el triple compromiso que implicaba conocer las anomalías, garantizar no revelarlas y tomar decisiones sobre lo detectado. De los 32 representantes que componen la Asamblea, solo 17 firmaron el documento. De esos, solo once asistieron a la reunión (el 34% de los representantes).
El ausentismo se dio desde todos los flancos, pero fueron los equipos de Primera División, usualmente representados por sus presidentes, quienes dejaron el vacío más grande. De los doce clubes tan solo tres escucharon los resultados de la investigación y uno de ellos incluso se retiró antes de que finalizara la lectura.
En cambio, el Fútsal, a cuyo presidente (Rafael Vargas) se le hacen algunos señalamientos en la auditoría, sí presentó a sus dos asambleístas.
La Liga de Ascenso contó con cuatro de sus siete representantes; el fútbol femenino, con dos de tres; y el fútbol playa, con ninguno de los dos a los que tiene derecho.
Linafa, cuyo jerarca (Juan Carlos Román) también es señalado en la auditoría con un grado alto de responsabilidad en la organización del Mundial, tuvo algunos representantes en la primera parte de la Asamblea, cuando se trataron otros temas, pero llegado el momento de conocer la auditoría se vieron obligados a abandonar el salón, pues no habían firmado el contrato de confidencialidad. Estaban dispuestos a hacerlo, asegura el propio Román, pero no se los permitieron. Es por esa razón —añade— que se ha enterado a través de las publicaciones de La Nación.
"Lamentablemente no pudimos estar presentes en el momento de la lectura del informe. Mandamos una nota con antelación (asegurando que firmarían el contrato), pero la secretaría no la presentó y nuestros asambleístas fueron sacados de la sala".
Con tan solo diez representantes una vez finalizada la lectura del documento, había llegado el momento de tomar una decisión. Un miembro de la Liga de Ascenso propuso hacer una comisión de asambleístas para analizar el informe. Uno de Unafut y otro de la Liga de Fútsal propusieron enviar el informe al Ministerio Público.
Fue esta última moción la que ganó con ocho votos contra dos.
De paso, los dirigentes descartaron la sugerencia del Comité Ejecutivo de enviarlo también al Comité de Ética, un órgano que puede tomar decisiones aun cuando no se demuestre ningún delito.
Víctor Hugo Alfaro, integrante del Comité Ejecutivo y exintegrante del Comité Organizador del Mundial, con un grado de responsabilidad "alta" en la gestión del torneo según la auditoría, se mostró insatisfecho con la decisión de la Asamblea. Considera que la Federación no puede quedarse simplemente a la espera de una resolución en el Ministerio Público. También lamentó la aparente indiferencia de los asambleístas.
"Se quedaron muy pocas personas, me parece que fue un tema que no le interesó a muchos y es algo que a uno no lo deja tranquilo".
Colaboró el periodista Cristian Brenes