Un grupo de árbitras presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra una resolución de la Comisión contra el Acoso Sexual de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), que ordenó la cancelación de las audiencias de un proceso de supuesto acoso sexual y laboral por parte de una instructora arbitral de primera división de apellidos Miranda Villalobos.
La Sala confirmó a La Nación que el grupo de silbateras considera que se vulneraron los derechos constitucionales del debido proceso, proporcionalidad e igualdad, ya que durante el desarrollo del caso realizado por el ente federativo hubo errores en los procesos de notificación de las resoluciones, así como la cancelación de audiencias “de forma arbitraria”, sin informar con antelación a las afectadas.
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Roger Duarte, abogado de siete de las nueve denunciantes, aseguró a La Nación que decidieron presentar el recurso ante el máximo órgano constitucional para que se “garantice la protección de los derechos constitucionales” del grupo de árbitras.
En primera instancia, las audiencias pactadas para el 2 y 3 de mayo fueron canceladas debido a un problema de salud de la árbitra Miranda Villalobos, luego de que el abogado de la acusada presentara una incapacidad por tres días, el domingo 1 de mayo. De acuerdo con las denunciantes, esa cancelación fue notificada al día siguiente (2 de mayo) mediante una llamada telefónica, es decir, sin una resolución escrita de por medio.
Esa misma semana se iban a realizar indagatorias en los días 4, 5 y 6 de mayo, pero la Comisión les indicó el 4 de mayo que todas las audiencias que se iban a hacer en esas fechas habían sido canceladas. De nuevo, la notificación se dio en forma verbal y al momento justo en que se presentaron a las instalaciones de la Fedefútbol a declarar, conforme a la versión de las denunciantes.
Según su versión, el documento oficial de la Comisión, que respalda la cancelación de las audiencias y que tiene fecha del 2 de mayo del 2022, se les notificó de manera formal y por escrito hasta el viernes 6 de mayo, es decir, cuatro días después de que fuera emitido.
El abogado mencionó que la cancelación de las audiencias ha generado un impacto negativo en las denunciantes, como insomnio, cansancio y estrés agudo. “El desgaste emocional es devastador e insoportable, solo quieren declarar los hechos denunciados, para que el proceso pueda terminar”, apuntó el representante legal.
Duarte consideró que la situación evidencia una negligencia y “un total desconocimiento del procedimiento administrativo y del reglamento contra el acoso” por parte de la Comisión. “Se suma que nunca ejercieron la medidas de acompañamiento de un profesional idóneo para las denunciantes, tampoco han evitado la revictimización de ellas”, agregó.
En tanto, la Fedefútbol aseguró que no han sido no han sido notificados por la Sala y que están anuentes a cooperar con lo que el máximo órgano constitucional les solicite. Además, el ente federativo manifestó que han “actuado con diligencia en este proceso desde el primer momento”.
La Federación confirmó que las audiencias ya estaban programadas para toda la primera semana de mayo, pero horas antes la persona denunciada presentó una incapacidad (de tres días), por lo que se tuvieron que suspender hasta la siguiente fecha disponible, que será el próximo lunes.
Le consultamos a la Federación Costarricense de Fútbol y nos mencionó que aún no han sido notificados sobre el amparo.
“Por este medio le informamos que no hemos sido notificados y, obviamente, respetamos el derecho que asiste a cualquier persona de acudir a la Sala Constitucional. En cuanto seamos notificados informaremos a la Sala lo que corresponda.
”La Federación ha actuado con diligencia en este proceso desde el primer momento y ya estaban programadas las audiencias. Sin embargo, horas antes de la audiencia la persona denunciada presentó una incapacidad y se tuvo que suspender hasta la siguiente fecha disponible, que es el próximo lunes”, mencionó la FCRF por medio de la oficina de prensa.
El caso
Esta acusación fue presentada ante la Comisión de la federación por nueve árbitras el pasado 20 de enero de este año. En un principio, el número de silbateras denunciantes era de 14, pero por diferentes motivos cinco de ellas no continuaron con el proceso ante el comité federativo.
Los supuestos actos de acoso por los que denunciaron a la silbatera de apellido Miranda Villalobos sucedieron dentro de las instalaciones de la Federación Costarricense de Fútbol, mientras las denunciantes recibían clases de formación profesional sobre arbitraje.
De acuerdo con las denunciantes, la encargada del panel de árbitras se aprovechaba de su posición de poder para realizar actos que consideraban inapropiados y que afectaban su desempeño profesional.
Entre otras cosas, las árbitras denunciaron contactos físicos indebidos, uso de comentarios con connotación sexual, negación de nombramientos por temas extradeportivos, así como tratos diferenciados a las colegas de diferentes asociaciones arbitrales.
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Una vez que se conoció la denuncia, el grupo de árbitras decidió solicitar medidas cautelares ante la Comisión contra el acoso sexual. Según Duarte, la decisión se tomó para evitar que las denunciantes fueran acosadas durante el proceso administrativo, que sigue en curso y está pronto a cumplir cuatro meses.
Miranda Villalobos fue la mano derecha del anterior presidente de la Comisión de Arbitraje, Óscar Alfaro. Esa Comisión de Arbitraje fue cesada en pleno el pasado 16 de junio del 2021. Alfaro está citado a declarar y fue otorgado como testigo por parte de Miranda.