Contrario a lo señalado por el estudio actuarial de la UCR, los líderes sindicales del Poder Judicial aseguran que su régimen es sostenible y, para sustentarlo, hacen una serie de afirmaciones que hoy, en Página Quince, el economista Eli Feinzaig analiza con detalle. ¿Será cierto que los empleados del Poder Judicial aportan mucho más que los afiliados al IVM, que el estudio actuarial de la UCR se equivoca al usar una tasa de rendimiento del 3% para las inversiones del Fondo, cuando la tasa actual es del 4,5%, que solo hay 46 pensionados de lujo en el Poder Judicial y que el proyecto de ley del Frente Gremial da sustentabilidad al Fondo a corto y mediano plazo?
Estas son las preguntas a las que Eli da respuesta. No se pierda este artículo.
También en su columna, Eduardo Ulibarri se refiere a la huelga en la Corte. ¿Por qué es atípico este movimiento? Según Adriana Orocú, la huelga es atípica porque se produce "en contra de un poder de la República", pero otras huelgas también lo han sido y no por ello se les califica de atípicas. Pues bien, parece que hay que buscar por otro lado, la atipicidad descansa en otros hechos.
Otro que desmonta argumentos hoy es el investigador Benjamin Franta. En su artículo "Desenmascarar a los negadores del cambio climático", Benjamin examina los estudios hechos por Bernstein y Montgomery, quienes afirman que la pérdida de empleos y los costes económicos serían superiores a los beneficios ambientales.
Los estudios han sido utilizados a lo largo de 16 años. Trump es el último en la lista, pero antes fueron usados por otros.
"A lo largo de los años 90, la industria del petróleo y el gas y sus aliados perfeccionaron el arte de bloquear el apoyo de Estados Unidos a iniciativas clave contra el cambio climático", dice el investigador en un texto de recomendada lectura.
Nuestros foristas de hoy, Miguel Valle Guzmán y Mauricio A. Soto, abordan los temas del emprendimiento y en qué condiciones se reproduce el ser humano. No se los pierda y tampoco el editorial, que hoy trata sobre los controles más estrictos necesarios para impedir la entrada de extranjeros con asuntos pendientes en sus países de origen.