Opinión

Mitos de las pensiones del Poder Judicial

Actualizado el 27 de julio de 2017 a las 04:00 pm

Reformamos ya las pensiones de la Corte con criterio técnico, o nos va a explotar en la cara

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Mitos de las pensiones del Poder Judicial

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En los últimos días ha circulado una serie de “argumentos” –mentiras y falacias serían términos menos políticamente correctos– en defensa de las exigencias de los huelguistas del Poder Judicial. No por mucho repetirla una mentira se hace verdad, aunque sabemos desde Goebbels que es posible convencer a muchos incautos de que lo es. Me propongo desmentir los principales mitos acerca de las pensiones del Poder Judicial.

1. Aportan mucho más que los afiliados al IVM.

Esta es una verdad de Perogrullo: el funcionario judicial aporta el 11% de su salario mientras que el afiliado al IVM aporta el 3,34%. Sin embargo, la salud financiera de un régimen de pensiones depende de la relación entre los aportes que recibe y los beneficios que otorga, y no de cómo se compara con un régimen distinto.

Si fuera cierto que el mayor aporte de los empleados judiciales hace sostenible el Fondo, cabría preguntarse, entonces, por qué durante años echaron mano a los depósitos judiciales no reclamados para apuntalarlo. El Fondo es tan deficitario que no solo dispusieron subrepticiamente de esos recursos, sino que los propios pensionados deben seguir cotizando como asalariados, porque de no hacerlo el régimen quebraría mucho antes de lo proyectado.

El Fondo permite a sus afiliados pensionarse con el equivalente a 30 años de trabajo (360 cuotas), y la jubilación es el 100% del promedio de los 24 mejores salarios del funcionario. Aquí ya tenemos un problema. A lo largo de 30 años, un funcionario empieza desde abajo y va escalando puestos conforme acumula estudios, experiencia y anualidades. Un salario base de oficinista del Poder Judicial ronda hoy los ¢425.000, mientras que algunos magistrados ganan hasta ¢9 millones, dependiendo de las anualidades y atestados académicos acumulados a lo largo de su carrera.

Así las cosas, un magistrado que haya empezado en el Poder Judicial desde abajo habrá cotizado muchos años con salarios relativamente modestos, otros años con salarios intermedios y los últimos años de su carrera con salarios escandalosamente altos. Sin embargo, su pensión será el promedio de sus 24 salarios más altos, usualmente los últimos de su carrera. Ya solo por eso, las pensiones del Fondo son insostenibles. Pero hay más, y se pone peor.

La edad reglamentaria de retiro es de 60 años para las mujeres y 62 años para los varones. Se puede optar por un retiro temprano si a los 55 años el trabajador ha acumulado las 360 cotizaciones, con una pequeña penalización. ¿Qué tan pequeña? Considere lo siguiente: el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, se pensionó en enero del 2014, luego de 30 años de servicio para el Poder Judicial, a los 50 años. Su pensión es tan buena que cuando fue nombrado ministro, en febrero del 2015, prefirió renunciar al salario que suspender la pensión. Y don Gustavo ni siquiera fue magistrado; lo más alto que llegó fue a subdirector del OIJ.

La esperanza de vida en Costa Rica es de 80 años. Una persona que se jubile a los 55 años podrá disfrutar de su pensión, en promedio, durante 25 años. Aquí es donde la chancha tuerce el rabo. La cotización tripartita en el Fondo es del 26,6%, pero la pensión es del 100%. No hay forma de hacer que un ahorro de alrededor de una cuarta parte del salario durante 30 años alcance para pagar una pensión del 100% durante 25 años.

2. El estudio actuarial de la UCR se equivoca al usar una tasa de rendimiento del 3% para las inversiones del Fondo, cuando la tasa actual es del 4,5%.

Ciertamente, el estudio de la UCR usó una tasa de rendimiento del 3%, y si se equivocó fue por excesivamente generoso.

Cito textualmente del informe actuarial: “La información analizada permitió determinar que, salvo en años extremos 2009 y 2015, el rendimiento real de las inversiones del Fondo estuvo por debajo del 3% anual. En promedio durante el período el rendimiento real se ubicó en el 2,5%”.

La afirmación de que la tasa actual de rendimiento es del 4,5% no tiene sustento. El año 2015, último analizado en el estudio actuarial, fue un caso “extremo”, como dicen los propios investigadores. En ese año la inflación fue negativa, pero las tasas de interés nominales no cayeron tan rápido como los precios, por lo que las tasas reales (tasa nominal menos tasa de inflación) fueron muy altas. Pero una golondrina no hace verano, y hubiera sido irresponsable –además de un error metodológico de bulto– usar esa tasa “extrema” y no el promedio razonablemente utilizado.

3. Si en este momento no se hacen reformas, en 100 años se puede tener un déficit de ¢5,3 billones.

Este argumento, desarrollado por el Lic. Jorge E. Cartín Elizondo en un artículo publicado el 24 de julio en elmundo.cr, es incorrecto. Es la interpretación errónea de quien no entiende de qué va un informe actuarial.

Lo que el informe actuarial dice es que si no se hacen reformas, el déficit a valor presente (no a 100 años plazo) es de ¢5,36 billones. ¿De dónde sale ese déficit? Del hecho de que el régimen tiene una obligación contractual con todos los trabajadores del Poder Judicial: pagarles su pensión cuando lleguen a la edad de retiro y hayan cumplido con los requisitos.

Un funcionario que hoy tiene 18 años y llegue a vivir hasta los 85 años representa una obligación para el Fondo por los próximos 67 años. Si este joven resulta particularmente longevo, podría serlo por mucho más tiempo. Por ejemplo, a diciembre del 2015, el Fondo tenía un pensionado de 98 años que ya llevaba 46 años disfrutando de una pensión para la que probablemente no cotizó más de 30 años.

4. Solo hay 46 pensionados de lujo en el Poder Judicial.

Falso. Solo entre los jubilados por vejez hay 131 exfuncionarios con pensiones superiores a los ¢4 millones; 24 de ellos con pensiones superiores a los ¢6 millones. Nótese que al hablar de jubilados por vejez se excluyen las pensiones por orfandad y viudez, como la que recibe la viuda del expresidente de la Corte Luis Paulino Mora, padre del viceministro de la Presidencia del mismo nombre.

Tenemos un problema al querer definir arbitrariamente el monto que hace que una pensión sea de lujo. El proyecto de ley de los gremios establece como pensión de lujo la que supera los ¢3,9 millones. Uno podría opinar que toda pensión superior a la máxima del IVM es de lujo. Sería igual de arbitrario, y por ende igual de (in)válido.

La pensión máxima del IVM es de ¢1,5 millones, aunque usted haya cotizado sobre la base de un salario de ¢20 millones mensuales. En el Poder Judicial, el 25,63% de los jubilados por vejez recibe montos superiores a los ¢2 millones. Son 726 exfuncionarios, de un total de 2.833 pensionados por vejez.

El problema de fondo con este argumento es la definición de qué es una pensión de lujo. Técnicamente, la definición correcta es que una pensión es de lujo si quien la recibe no cotizó lo suficiente para merecerla. Lamentablemente, este es el caso de todas las pensiones del Poder Judicial. Así está diseñado el régimen.

5. El proyecto de ley del Frente Gremial del Poder Judicial da sustentabilidad al Fondo a corto y mediano plazo.

Falso. No hay ningún estudio actuarial que lo demuestre.

El estudio actuarial de la UCR analiza los efectos sobre el Fondo de dos proyectos distintos: uno formulado por varios diputados para reformar varios regímenes de pensiones (expediente 19.922), y otro presentado por la Corte Plena (o sea, por los magistrados). Dicho estudio demuestra que ninguno de estos dos proyectos hace una reforma suficiente. El primero dejaría el déficit actuarial en ¢4,08 billones, mientras que el segundo lo dejaría en ¢3,88 billones.

Después de analizar la situación actual (déficit de ¢5,36 billones) y los dos proyectos mencionados en el párrafo anterior, el estudio de la UCR se dio a la tarea de identificar las condiciones necesarias para estabilizar el Fondo. Si bien el proyecto de los gremios es más riguroso que el de la Corte Plena, se queda corto en comparación con esas condiciones, por lo que no es cierto que da sostenibilidad al régimen.

Conclusión: La matemática es una ciencia exacta, no un asunto de fe. El régimen de pensiones del Poder Judicial es insostenible y ninguna de las propuestas de reforma existentes hace lo suficiente por corregir esa situación.

No perdamos de vista que este es el segundo informe actuarial que arroja resultados similares en la presente década. En el 2012 ya se había realizado otro estudio del Fondo, que fue desechado por la sencilla razón de que ni a los magistrados ni a los funcionarios les gustó escuchar la realidad.

No podemos seguir haciendo como el avestruz; el déficit actuarial del Fondo estimado por la UCR equivale al 16,5% del PIB. Lo reformamos ya, con criterio técnico, o nos va a explotar en la cara.

El autor es economista.

(Video) ¿Cómo funciona el sistema de pensiones de Costa Rica? (Mariana Artavia)

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