EscucharSTANFORD – A veinticinco años de la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el 9 de mayo de 1992, el mundo todavía tiene pendiente de implementar un tratado que aborde de manera efectiva el calentamiento global. Ahora, tras el abandono del presidente estadounidense Donald Trump del Acuerdo Climático de París, es hora de investigar más en detalle las fuerzas que le hacen lastre.
A lo largo de los años 90, el Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por sus siglas en inglés), el mayor grupo de presión y asociación en los ámbitos del petróleo y el gas de Estados Unidos, se basó reiteradamente en modelos económicos creados por dos economistas, Paul Bernstein y W. David Montgomery, para argumentar que seguir políticas que protegieran el clima sería devastadoramente costoso. El API logró la postergación de las medidas para hacer frente al cambio climático, usando proyecciones de Bernstein y Montgomery para afirmar que la pérdida de empleos y los costes económicos serían superiores a los beneficios ambientales.
Estos argumentos se usaron en 1991 para atacar la idea de la realización de controles de dióxido de carbono; en 1993, contra el impuesto BTU propuesto por el gobierno de Clinton (un recargo energético que habría cobrado a las fuentes según su contenido de carbono y capacidad calorífica); en 1996, contra los objetivos de la Conferencia de la ONU de las Partes en Ginebra (COP2); en 1997, contra los objetivos de la Conferencia de la ONU de las Partes en Kioto (COP3); y en 1998, contra la implementación del Protocolo de Kioto. El plan de presión del API era repetitivo, ya que funcionaba.
Los sectores del petróleo y el gas caracterizaban los informes que encargaron a Bernstein, exempleado de la Compañía Eléctrica Hawaiana, y Montgomery, exvicesecretario asistente de políticas en el Departamento Estadounidense de Energía, como factuales, independientes y productos de un genuino debate económico. Por ejemplo, en las vísperas del encuentro de 1997 en Kioto, Japón, la petrolera Mobil afirmó en un anuncio publicado en The Wall Street Journal y The New York Times que “el coste de limitar las emisiones podría variar entre $200 y $580 por tonelada de carbono”, según “un estudio recién dado a conocer por Charles River Associates (CRA)”. Mobil no mencionó a los autores del informe de CRA (Bernstein y Montgomery eran los dos primeros) o quién lo financió (el API).
El mensaje de Mobil era equívoco, pero ¿adolecía realmente de errores el análisis de Bernstein y Montgomery? Piénsese en que pasaron por alto los costes negativos del cambio climático y sugirieron que la energía limpia podría competir en precios con los combustibles fósiles, lo cual sencillamente no es cierto. Supusieron el resultado que afirmaban demostrar.
Los sectores del petróleo y el gas cosecharon grandes beneficios por abusar de la confianza pública. Los estadounidenses acabaron por elegir a un presidente, George W. Bush, que enarboló los reclamos de esta industria y sacó a Estados Unidos del Protocolo de Kioto.
Dieciséis años después, Trump anunció con igual sofismo desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, que el Acuerdo de París devastaría la economía de Estados Unidos y para el 2025 le costaría cerca de 2.700.000 empleos, principalmente en la industria de la construcción. Las cuentas que Trump citó el año pasado “correspondían a National Economic Research Associates”.
En caso de que se estén preguntando, los primeros dos autores del informe citado por Trump (publicado en marzo de este año) son Bernstein y Montgomery. Esta vez por encargo del American Council for Capital Formation, un centro de estudios y grupo de presión con sede en Washington D.C. con un historial de encargar estudios profundamente sesgados para desafiar el cambio climático.
A lo largo de los años 90, la industria del petróleo y el gas y sus aliados perfeccionaron el arte de bloquear el apoyo de Estados Unidos a iniciativas clave contra el cambio climático. Parece que los maestros están de vuelta, y que su repertorio no ha cambiado. Nunca tuvieron que hacerlo.
Además de encargar estudios que afirmaban que las políticas climáticas dañarían la economía de EE. UU., este sector también afirma consistentemente que los esfuerzos para abordar el calentamiento global serían particularmente dañinos para EE. UU., no reducirían los riesgos y podrían impedir la lucha contra la pobreza. Estos tres argumentos adicionales también están presentes en el anuncio de Trump sobre el Acuerdo de París.
Cuando una tortuga está en lo alto de un poste, uno sabe que no llegó allí sola. La reaparición de los mismos cuatro argumentos desarrollados hace un cuarto de siglo por una industria que se beneficia con la postergación de las políticas climáticas (argumentos que se usaron con gran éxito precisamente porque se ocultó al público su origen y verdaderas intenciones) se parece mucho a las cuatro patitas de la tortuga, moviéndose en el aire.
Si la historia se repite, en los próximos meses podemos esperar “estudios” económicos auspiciados por este sector de la industria, llamativos contenidos en línea, informes de centros de estudios y cuidados grupos de fachada que se presentan a sí mismos como organizaciones de base. Son componentes comprobados de la estrategia de la industria de los combustibles fósiles y otras para bloquear, obstruir y controlar las políticas del clima.
No debemos permitir que la industria siga obstruyendo las medidas de lucha contra el cambio climático, lo que significa seguir la pista del dinero que financia la seudociencia de la postergación y poner al descubierto a los académicos cooptados que dan al público una falsa impresión de que exista un debate real. Están volviendo los mismos argumentos y personas usados por la industria de los combustibles fósiles para bloquear las políticas climáticas hace décadas. Por el bien de la humanidad, no debemos dejarles ganar de nuevo.
Benjamin Franta, exinvestigador del Centro Belfer para Asuntos Científicos e Internacionales en la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard, es estudiante de doctorado de Historia de la Ciencia en la Universidad de Stanford, donde su investigación se centra en la política climática y la manipulación de la ciencia. © Project Syndicate 1995–2017
