Para alcanzar un mayor grado de desarrollo, es necesario contar con un órgano apropiado para coordinar los esfuerzos de las entidades encargadas del diseño y ejecución de las políticas y los programas.
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Es preciso conocer las necesidades del sector productivo, especialmente, cuando se trata de asuntos tan complejos como el hacer crecer la productividad agregada, lo cual va desde incrementar la capacidad de innovación hasta mejorar la eficiencia con que los mercados asignan los recursos entre las empresas, todo lo que, a su vez, resulta afectado por factores externos, como la calidad del capital humano, el clima de negocios, el marco institucional y el acceso a información, tecnología y financiamiento.
La institucionalidad para progresar en esas áreas no solo debe centrarse en la coordinación entre diferentes instancias gubernamentales, sino también en mejorar los mecanismos de gobernanza, la planificación a largo plazo, la coordinación de órganos ejecutores, el monitoreo y la evaluación para el aprendizaje acerca de la eficacia de las políticas.
El nuevo enfoque resalta la necesidad de obtener información sobre las limitaciones que enfrentan los mercados y, por lo tanto, una estrecha colaboración entre el gobierno, el sector privado y la academia, es decir, demanda construir un sistema de descubrimiento acerca de estas necesidades y un sistema eficiente de diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas para atender apropiadamente dichas necesidades.
Otros países han dado el salto hacia la construcción de la institucionalidad para promover el desarrollo, por ejemplo, Australia, Canadá, Chile, Finlandia, Holanda, Irlanda y Nueva Zelanda, miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Los siete cuentan con consejos de productividad o innovación, cuyas características en común son la incorporación de funciones estratégicas, que dan cuenta de una perspectiva a largo plazo y global; la coordinación de las acciones de distintos ministerios y la participación de actores privados (empresa y academia); poseen un liderazgo al más alto nivel, en la figura del presidente o primer ministro; es un proyecto que trasciende los gobiernos; y cuentan con secretarías técnicas de apoyo, de carácter permanente. Cada modelo responde a las características de cada país y al contexto histórico que les dio origen.
Con base en la experiencia internacional y la asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue elaborado el proyecto de ley para la creación del Consejo Nacional de Productividad y Competitividad (expediente 22614), que no solo se construye de conformidad con las mejores prácticas, sino que responde a las características de Costa Rica y no implicaría ningún costo adicional para el fisco.
No conlleva la erogación de recursos públicos porque estaría formado por un consejo ejecutivo presidido por el presidente de la República y un grupo de ministros y presidentes ejecutivos, quienes ya reciben retribución.
El consejo asesor lo conformarían empleados de organizaciones empresariales, académicas y de investigación de forma ad honorem. La secretaría técnica se nutriría de unos cuantos funcionarios de otras instituciones públicas que se trasladarán en calidad de préstamo, lo cual significa una reasignación de recursos.
Se ha intentado en varias oportunidades crear este tipo de órganos: la administración Figueres Olsen instauró subcomités; la de Rodríguez Echeverría, el Programa Impulso; la de Pacheco de la Espriella, el Consejo de Competitividad; la de Arias Sánchez, un ministro de Competitividad; la de Chinchilla Miranda, un Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación (CPCI), que en la de Solís Rivera se dividió en tres foros de coordinación público-privados; y en la de Alvarado Quesada, el enfoque territorial.
Pero la verdad es que, según estudios de organismos internacionales, solo durante la administración Chinchilla Miranda fue posible realmente contar con un Consejo que fuera presidido por la propia presidenta de la República y con la participación del sector privado, por lo cual el BID lo considera el mayor logro institucional hasta la fecha.
Lo que el proyecto 22614 persigue es garantizar la institucionalidad del Consejo, más allá de un gobierno, y emular, así, la experiencia exitosa de otros países miembros de la OCDE.
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Más aún, esta última organización internacional, así como el BID, han recomendado en varios informes crear la apropiada institucionalidad para un mayor desarrollo en consonancia con el planteamiento del Consejo Nacional de Productividad y Competitividad que se tramita en la Asamblea Legislativa.
Diversas cámaras empresariales, instituciones públicas y privadas, así como de la academia se han manifestado a favor del proyecto, como consta en el expediente legislativo.
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El autor es economista.