Ante las graves situaciones que suceden en el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), tanto la ministra de Trabajo como el secretario ejecutivo del Conacoop sugirieron que los problemas se deben al proceso de intervención llevado a cabo entre el 2017 y el 2019, cuando lo cierto es que lo logrado gracias a la intervención no tuvo el adecuado seguimiento y fue anulado.
Las irregularidades en el Infocoop fueron denunciadas en el 2016 y tuvieron el respaldo de los tres poderes de la República: el Ejecutivo, mediante el decreto de intervención 40214-MP-MTSS; el Judicial a través de la causa, aún en investigación, 16-000046-1218-PE, que motivó arrestos y allanamientos; y el Legislativo, con el informe final del expediente 20287, en abril del 2021.
El trabajo realizado durante 33 meses se puede resumir en dos auditorías forenses que evidenciaron posibles irregularidades y que están en manos del Ministerio Público, un proceso de modernización basado en estudios técnicos y que contó con el aval del Mideplán, el reglamento de la Ley 4179 que fue entregado a la Casa Presidencial y un proyecto para reformar esa ley, que está en el Congreso.
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Al culminar la intervención, la dirigencia cooperativa que controla el Instituto detuvo la modernización promovida y el cambio urgente que buscaba dotar al Infocoop de innovación, sedes regionales, diversificación de productos financieros, mejores controles internos y énfasis en el servicio a las cooperativas.
No es de recibo que se endilgue a la intervención los problemas que durante más de 10 años arrastra la organización. Cuando se intervino, la morosidad real de la cartera de crédito superaba el 27% —antes se maquillaba mediante readecuación de créditos malos— y los cuatro proyectos cooperativos donde el Infocoop tenía cuantiosas inversiones estaban en quiebra o iban hacia ella. Hoy todos están cerrados y sus propiedades se suman a la lista de bienes adjudicados por impago de operaciones financieras deficientes.
El deterioro de la cartera superaba los ¢25.000 millones, dato que fue muy cuestionado por la dirigencia cooperativa, pero recientemente reafirmaron las autoridades. Esto significa que casi una cuarta parte del principal activo productivo se deterioró por la materialización de riesgos de crédito.
El Infocoop dejó de llevar estadísticas confiables sobre el sector cooperativo, renunció a dar avales, no tiene contraloría de servicios ni oficialía de riesgos, concentra sus acciones en San José, la liquidación de cooperativas es deficitaria, sobre la auditoría interna pesan serios cuestionamientos, los sistemas informáticos son obsoletos y el personal está sometido a constantes vaivenes políticos, pues las luchas de poder permean la institución.
La intervención intentó reparar estos y otros vacíos a través de las medidas citadas, pero se encontró con variables diversas, como prórrogas inciertas, cambio de gobierno, burocracia y limitaciones de la normativa.
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El principal obstáculo fueron los actores internos y externos que, mediante los medios posibles, impidieron las transformaciones. Muchos de ellos siguen en sus cargos y, tres años después de terminada la intervención, han resuelto poco del entuerto y no tienen reparos en señalar el trabajo efectuado por las 17 personas que lideramos aquel esfuerzo, la mayoría ad honorem.
Recientemente, se anunció que van a “modernizar” el Infocoop, pero todo ajuste será imposible si no se promulga el reglamento integral de la Ley 4179 y si no se hacen cambios radicales en el cuerpo normativo, que no solo permitan a las cooperativas funcionar en mejores condiciones, sino también que el Infocoop cuente con un gobierno corporativo a prueba de conflictos de intereses, que respete la paridad de género, despolitice sus decisiones, en particular, las ligadas a la supervisión y al financiamiento, y los recursos estén condicionados al progreso social del fomento cooperativo.
El Infocoop no debe ser cerrado ni debilitado. El cooperativismo es clave para un horizonte inclusivo y solidario. El Infocoop puede cumplir ese papel, pero está en manos del sector y de la Asamblea Legislativa impulsar las reformas legales para cerrar las puertas a la corrupción y la politiquería.
Autores:
Luis Felipe Arauz Cavallini
lfarauz@gmail.com
Luis Emilio Cuenca Botey
luisemilio.cuenca@gmail.com
Patricia Rodríguez Canosa
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Gustavo Fernández Quesada
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Francisco Guillén Ruiz
fraguillen571@gmail.com