A través de Sinpe, que administra el Banco Central de Costa Rica, empresas captan recursos del público sin ningún tipo de regulación, fiscalización y autorización legal. Abren a sus clientes cuentas por las que transitan constantemente recursos que representan miles de millones de colones.
Autoridades internacionales alertaron recientemente sobre las vulnerabilidades que existen para el ingreso y tránsito de capitales que podrían provenir del narcotráfico y el crimen organizado. Pues bien, es doloroso reconocerles una buena dosis de razón.
Sinpe y su plataforma tecnológica es utilizada por empresas que no realizan los controles exigidos por la ley sobre estupefacientes. A manera de ejemplo, operan compañías desprovistas de la obligación de reportar a la Unidad de Inteligencia del Instituto Costarricense sobre Drogas las operaciones sospechosas, no cuentan con comités ni oficiales de cumplimiento ni con los manuales que exige la ley.
El riesgo es altísimo. Por esas cuentas y por la plataforma del Banco Central, sin ningún control, es posible la circulación de dinero de todo origen, sea lícito o ilícito.
Pero ahí no termina el problema. Esas empresas no están protegidas por fondos de garantía de depósito, tampoco se les exige que cumplan con ninguna reserva o encaje legal, como sí es obligación de las financieras, cooperativas de ahorro y crédito, mutuales y bancos.
Para completar el panorama, nadie regula y fiscaliza tales compañías ni vela por el resguardo de los recursos que la gente confiada les entrega.
Los bancos públicos tienen la garantía del Estado, y los bancos privados, las financieras y las cooperativas de ahorro y crédito disponen de un fondo para responder ante los depositantes.
Existe un riesgo financiero para los ciudadanos y moral y legal para el Banco Central. La Superintendencia llamó la atención al Departamento de Sistema Pagos del Banco Central para que corrija la situación.
Los subterfugios que se hagan para vestir operaciones con trajes que las hagan parecer de distinta naturaleza no cambian su verdadera esencia; lo que consiguen es agravar la falta y aumentar el riesgo.
Costa Rica debe recordar las lecciones que nos dejaron la estafa de los hermanos Villalobos y las quiebras de Cofidesa, Escalante & Asociados, Ibesa, Uninsa y otras más.
No existe interés en obstaculizar la operación de compañías, como las plataformas electrónicas o vías de tránsito de dinero o que funcionen en conjunto con entidades reguladas a través de Sinpe. El cuestionamiento va dirigido a las empresas que abren y administran cuentas, que son en realidad cuentas corrientes, en las que se mantienen depósitos sin ninguna protección, supervisión, fiscalización y autorización legal.
El autor es asesor legal de la Asociación Bancaria Costarricense.