Dejando de lado los criterios puramente legales sobre la protección de datos personales, respecto a lo cual sobran muy buenas explicaciones, es necesario entender por qué nos debe importar, qué es lo que se encuentra detrás de la normativa. Puede que esto ayude a quienes no manejan los detalles legales a comprender cuál es la preocupación de muchos.
Toda norma se crea para atender una realidad que requiere ser regulada, sea la necesidad de proteger la vida, la propiedad o los derechos. En cuanto a la protección de datos personales, la regulación busca proteger nuestra intimidad y autodeterminación, así como resguardarnos de daños por el mal manejo de tal información.
¿Y esto en qué me afecta, soy un libro abierto?, dirá alguien. Pues bastante. Muchos desconocemos la información que manejan otros, en especial los entes públicos, e ignoramos la cantidad de usos que pueda tener, no necesariamente buenos o bienintencionados.
Ahí se aplica la frase “somos un libro abierto hasta que aparece una página que no queremos compartir”. Todo parte de algo simple: mis datos son mis datos. Si una persona va al banco, comparte sus ingresos, deudas o propiedades con fines crediticios. Si el banco los comparte sin autorización, pues violó la confianza; se los dio a un tercero para cualquier uso no autorizado y, en este mundo cada vez más chueco, vienen los usos comerciales y políticos y extorsiones, entre otros posibles.
A pesar de ser los fines malévolos los que más deben preocupar, de momento nos interesa el porqué. Empecemos por el respeto. Si mis datos son mis datos, esperaría un mínimo de respeto del depositario a quien en confianza di dicha información. ¿Utópico? Para nada. Es la base de toda sociedad y del Estado de derecho, que limita el actuar de las personas para respetar las libertades y derechos de los demás.
El respeto y la confianza van de la mano, depende uno de la otra. Confiamos en que el depositario se regirá por las limitaciones normativas y que incluso defenderá esa información ante terceros. ¿Cuáles terceros? Todo personaje de otro cuento, diferente del depositario y depositante de datos.
Nuestros datos en la CCSS, bancos, INS, IMAS e incluso con los médicos, psicólogos, abogados o contadores son datos producto de una relación entre ellos y nosotros, y debe respetarse. Es algo muy sencillo y más frecuente de lo que parece a primera vista, y la gran mayoría lo sabe y lo respeta; es de sentido común. Y todo bien hasta que llega el amigo de lo ajeno, alguien no invitado que, o incluso los exige, sin tener derecho para ello. Peor si se lo pide a alguien débil.
La confianza no es solo en el depositario de la información, sino también en el sistema institucional que debe respetar nuestra información, no solo porque la ley lo dice, sino por ética.
En efecto, el comportamiento ético básico que se espera de toda persona, más aún si se trata de profesionales. La ética que, al igual que el respeto y la confianza, es un asunto sencillo, pero lo complican quienes lo quieren transgredir, buscando mover la raya roja con interpretaciones a conveniencia.
Cuando se habla de ética se puede volar muy alto, pero el concepto es sencillo, y en este caso se resume en los dos conceptos anteriores, respeto y confianza.
El depositante de la información debe protegerla de terceros sin derecho a ella, y siempre debe dudar, no simplemente entregarla por la mera mención de algún artículo de alguna ley, sin mayor razonamiento, cual robot. Quien solicita la información debe conocer la trascendencia de lo que pide, asegurarse que la solicita con derecho, su pertinencia y necesidad. Por otro lado, un “descomportamiento” ético puede acarrear responsabilidades, en especial en el sector público.
El objetivo de todo lo anterior es abstraer del mar de detalles el punto central alrededor del cual giran todas las normas, derechos, limitaciones legales y responsabilidades. Nuestra información personal es nuestra, debe respetarse, la damos en confianza y esperamos que sea manejada éticamente.
En última instancia, confiamos en que el Estado y el sistema legal creado para protegernos responderán y sancionarán como corresponde. La pérdida de ese respeto, esa confianza y esa ética implicaría un serio fallo en el Estado de derecho que tanto ha costado construir, y tan fácil es perder cuando se pasan por alto cuestiones como estas.
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Adolfo Lizano González es abogado e ingeniero agrónomo.