Hablar de pensiones es referirse al futuro. Es poner sobre la mesa asuntos que repercutirán en la calidad de vida de los ciudadanos y de quienes los rodean.
El sistema nacional de pensiones atraviesa un momento que demanda una visión clara y diálogo abierto, franco y decidido que favorezca la toma de decisiones encaminadas a robustecerlo, para tranquilidad de los ciudadanos cuando alcancen la edad de retiro laboral.
Conversar es primordial para crear confianza en un sistema que seguirá funcionando de forma sostenida y equilibrada.
Los retos tienen asidero, principalmente, en dos aspectos: la sostenibilidad financiera de los regímenes existentes y la situación demográfica.
En Costa Rica ocurre un proceso gradual de envejecimiento. Según el Mideplán, el porcentaje de población mayor de 65 años en el 2020 era un 8,86% (menos de 1 costarricense por cada 10) y en el 2050 será un 20,72% (más de 2 costarricenses por cada 10), lo que significa más pensiones y que estas garanticen calidad de vida.
Además, la tasa de natalidad sigue reduciéndose. En el 2019, el índice de fecundidad era inferior a dos hijos por mujer, lo cual indica que la próxima generación de trabajadores podría ser más pequeña que la actual y, por tanto, impactará en la solidaridad intergeneracional de los fondos de pensiones.
Los gobiernos, en conjunto con las instituciones administradoras de pensiones, deben enfocarse en desarrollar planes de acción y medidas adicionales que contrarresten el efecto de los cambios demográficos.
Una medida adecuada para compensar esos desequilibrios fue la apertura a la diversificación de inversiones de los fondos de pensiones con miras a obtener mayores ingresos para fortalecer las reservas.
La Ley 10098 otorga el aval al Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) para realizar este tipo de inversiones en el extranjero y en infraestructura de obra pública y privada, es decir, más opciones de prolongar la sostenibilidad.
El RCC administrado por la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) demuestra que es posible manejar un fondo de pensiones de manera exitosa, sana y sostenible en el tiempo. Hoy por hoy, es el fondo de pensiones más grande del primer pilar, con una reserva de ¢4 billones.
Lamentablemente, los otros dos del primer pilar —el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social y el del Poder Judicial— encaran condiciones complejas para garantizar su futuro debido a los cambios demográficos y la situación financiera nacional e internacional.
Otro problema
Por otro lado, cerca del 40% de los adultos mayores no cuentan con una pensión, y se prevé que el porcentaje aumente. La situación debe motivar una gran discusión nacional e interinstitucional a fin de presentar alternativas para ellos.
Las barreras del mercado laboral hacen que, en el caso de las mujeres, el acceso a la pensión sea más complejo, pues la irregularidad laboral es mayor en este grupo, lo que supone una gran desventaja en cuanto al monto que recibirán cuando se jubilen.
Y una serie de iniciativas en la Asamblea Legislativa proponen cambios que no necesariamente fortalecen el sistema.
Estos factores justifican la necesidad de trabajar, de manera interinstitucional, en nuevas estrategias para fortalecer el sistema nacional de pensiones. Incluso hay una discusión entre algunos actores sobre la conveniencia de la universalización del sistema.
Los expertos se debaten entre dos posiciones: el cierre de los regímenes del primer pilar, es decir, el IVM, el del Poder Judicial y el del magisterio nacional, y sustituirlos por una pensión universal; o mantener este pilar como una opción para trabajadores asalariados y otorgar una pensión universal, como complemento. Si alguien no tuviera una pensión del primer pilar, recibiría, como mínimo, la universal.
El reto para crear una pensión universal es cómo financiarla: si a través de impuestos o de nuevas cotizaciones.
Esta es una cuestión que, por la realidad nacional, debe comenzar con una discusión pública, reposada y profunda, con el objetivo de proteger el derecho a la pensión y garantizar un sistema sostenible a lo largo del tiempo.
El autor es director ejecutivo de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema).
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