El Seguro Obligatorio de Automotores (SOA), además de ser de naturaleza obligatoria para los propietarios de vehículos, como su nombre lo indica, no requiere de una declaración de culpabilidad para indemnizar a los afectados por accidentes. Esta segunda característica, internacionalmente conocida como no fault, tiene el fin de evitar los costos legales asociados con la identificación de culpables en casos concretos y, también, reducir significativamente el tiempo para indemnizar. Pero donde hay rosas también hay espinas: no establecer responsabilidad estimula el riesgo moral, pues la conducta indebida se penaliza mediante el aumento en las primas.
Según informamos recientemente (“Caja subsidia hueco de ¢9.000 millones en las pólizas de autos”, La Nación, 16/5/2017) las primas recaudadas por el SOA son insuficientes para cubrir el costo total de los accidentes de tránsito cobijados por la póliza. El faltante es asumido por el seguro de enfermedad administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social, cuyas finanzas no son boyantes y, de no hacerse nada, podría verse en la necesidad de recurrir al auxilio del Gobierno Central, que está en peor situación.
En las circunstancias, la necesidad de reformar el SOA resulta evidente. Es necesario empatar los límites de cobertura con los requerimientos efectivos y elevar las primas para financiar el ajuste. El costo del SOA debe ser asumido, en su totalidad, por las personas expuestas a los riesgos cubiertos, y no por las cuotas obrero-patronales del seguro social.
Aunque el SOA no requiere del establecimiento de culpabilidad, el Instituto Nacional de Seguros, única entidad que ofrece la cobertura, debe hacer un análisis de siniestralidad por grupos de exposición y cobrarles según el riesgo de cada uno. Las motocicletas constituyen un riesgo mayor que los automóviles y, por tanto, las primas de protección de los motociclistas deberían ser superiores. Desafortunadamente, la demagogia más bien impulsó, hace pocos años, un movimiento de protesta para bajar el costo a los motociclistas, con terribles consecuencias para la seguridad social.
La discriminación por riesgo no solo serviría para equilibrar las finanzas del INS. Al penalizar la conducta indebida, actuaría como mecanismo de prevención de accidentes. La función de los seguros no es solo distribuir el costo de los siniestros entre un conglomerado, sino controlarlos en lo posible. Los seguros tendrían un efecto social perverso si coadyuvaran a aumentar la siniestralidad.
Reducir al máximo la cantidad de accidentes es un objetivo social. El dolor y las penurias para muchas familias, las pérdidas materiales y los embotellamientos en las vías, de por sí deficientes, atestiguan el alto valor de la prevención. Por eso, los asegurados deben asumir el costo de su imprudencia y recibir beneficios de la conducción prudente. Una forma de lograr ese objetivo es elevar los deducibles y coaseguros mínimos y hacer que las primas guarden una relación más directa con la siniestralidad.
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Costa Rica tiene un récord vergonzoso en materia de accidentes de tránsito. Demasiada imprudencia se observa en las autopistas y caminos vecinales. Los accidentes con saldos de muertos acaparan las noticias casi todos los días. Son muchos los esfuerzos hechos por la medicina, con grandes costos, para reducir los padecimientos de la población. La imprudencia en las calles no debería competir por los recursos de la seguridad social. Un reordenamiento del esquema de seguros de accidentes de vehículos automotores promete importantes réditos sociales.