Las fotos de la acera frente al Café Otoya Bistró, al este de la Casa Amarilla, en San José, tomadas antes y después de la intervención de la Policía para impedir la ocupación de un espacio público por sillas y mesas del negocio muestran la diferencia entre una ciudad viva, capaz de disfrutar el entorno, y otra sumida en el aburrimiento.
El contraste de las dos imágenes es dramático y aboga por una regulación del uso del espacio público, como se da en infinidad de países, para enriquecer la experiencia urbana. Las calles vibrantes, con oferta de gastronomía y entretenimiento, son un incentivo para habitar la ciudad, recuperándola del abandono, en línea con los esfuerzos de la Municipalidad de San José, entre otras.
La Policía Municipal y oficiales de la Fuerza Pública despejaron la acera el viernes, cuando varias personas disfrutaban de sus platillos al aire libre. No se les puede culpar. Hicieron cumplir la ley y esa es su responsabilidad. El caso reavivó el debate planteado desde hace tiempo en la Asamblea Legislativa, precisamente sobre la necesidad de reformar la ley. No debería prolongarse demasiado, porque la iniciativa está lista para votación en primer debate, pero el producto debe ser una regulación cuidadosa.
Bien hecha, la ley puede ofrecer las ventajas citadas y otras relacionadas con la reactivación económica y el turismo. Si el Congreso se precipita, puede, más bien, imponer nuevos obstáculos a la buena calidad de vida. El uso de los espacios públicos para los fines descritos debe hacerse en armonía con el entorno, especialmente el uso habitacional de los alrededores.
Eso excluye, en primer término, toda fuente de ruido y todo obstáculo al libre tránsito. Las mesas del Café Otoya Bistró no estaban en la acera, sino en un espacio contiguo, a lo largo del camino para peatones. Tampoco había fuentes de ruido o perturbación para el vecindario, muy volcado a la atención del turismo.
Para asegurar esa armonía entre el comercio y su entorno, no basta la normativa vigente, que permite al Concejo Municipal emitir permisos y establecer un canon según el área a utilizar, como sucede en la Avenida Central y en barrio Escalante. Esa es también la opinión del diputado liberacionista Roberto Thompson, impulsor del proyecto de ley de comercio al aire libre. “No hay regulación y, más bien, hay una serie de prohibiciones y limitaciones para el uso del espacio público”, afirma el legislador.
No obstante, es indispensable asegurar la prohibición de instalar estructuras permanentes o temporales. A fin de cuentas, no hay razón para permitir más que mesas, sombrillas y sillas. La obligación de levantar el mobiliario por la noche contribuye a asegurar ese objetivo, impidiendo la ocupación gradual con propósito de permanencia. La prohibición expresa de instalar parlantes y tarimas es de capital importancia.
En este caso, ser explícito es defender el derecho de los demás a vivir sin perturbaciones mientras se hace uso racional del espacio público. La comisión dictaminadora del proyecto de ley rechazó varias mociones del diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides, conocedor de la materia por haber sido ministro de Turismo, cuya intención era definir mejor el mobiliario y uso permitido. Ojalá las reitere cuando la iniciativa llegue al plenario. Facultar a las municipalidades para decidir qué permiten y cómo, es incubar una serie interminable de conflictos. En ese caso, la ley efectivamente podría sobrar o resultar contraproducente para sus mejores intenciones.
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