El Poder Judicial decidirá sobre el mérito de las acusaciones contra cinco colaboradores de la Fundación Manos Abiertas. La investigación trata de asuntos muy serios, como explotación laboral, tortura, ejercicio ilegal de una profesión, malversación de fondos públicos, peculado y enriquecimiento ilícito. Según las investigaciones, cuatro detenidas se hacían pasar por monjas. El quinto investigado es un hombre.
La Iglesia católica ya negó la pertenencia de las mujeres a una de sus órdenes religiosas, pero varias víctimas estaban convencidas, según las denuncias, de estar haciendo el noviciado para convertirse en monjas. Por eso, trabajaban sin recibir remuneración alguna y en condiciones muy severas.
La fundación opera desde hace 33 años y cuenta con dos sedes, una en Desamparados de Alajuela y otra en La Unión de Cartago. Recauda fondos para atender a personas con discapacidad, tanto menores como adultos mayores. En los últimos cinco años, recibió ¢6.584 millones del Estado.
Las pesquisas procuran establecer si parte de ese dinero fue utilizado para viajar al extranjero y adquirir bienes, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Los investigadores partieron de denuncias anónimas y otras presentadas por exempleados el año pasado, incluidas quejas por malos tratos a la población atendida y también a los colaboradores.
La diversidad de cargos, la larga historia de la fundación, la ficticia condición de monjas de las detenidas, su inevitable contacto con tanta gente y la cantidad de fondos recibidos invitan a preguntar por la labor de los organismos de supervisión de actividades tan delicadas. En primer término, vale la pena examinar las actuaciones del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), obligado a vigilar el servicio prestado en este tipo de centros.
La Policía no ha informado durante cuánto tiempo se ejecutaron las irregularidades, pero todo hace creer en un período de años. Algunas de las conductas denunciadas son tan obvias que no debieron escapar al menor esfuerzo de supervisión. ¿Cómo pudieron hacerse pasar por monjas las detenidas durante tanto tiempo? ¿Cómo fueron posibles los supuestos desvíos de tan cuantiosos recursos hacia finalidades tan llamativas como viajes y adquisición de propiedades?
La fundación tenía convenios con el PANI para atender a algunos de los menores. ¿Implican esos acuerdos especial supervisión de los servicios prestados? ¿Con cuánta frecuencia se hacen las inspecciones y dónde se archivan los informes? En ellos podría haber elementos de importancia para las investigaciones y, también, para juzgar la eficacia de la labor de control ejecutada.
La presidenta ejecutiva del PANI, Kennly Garza, relató que la institución hizo dos supervisiones en la fundación el año pasado, pero ambas culminaron sin consecuencias. Todos los menores estaban en buenas condiciones y las labores investigativas no son la especialidad del Patronato, argumentó. Aun así, las faltas investigadas por el OIJ parecen muy obvias y solo un examen superficial pudo haberlas ignorado. ¿Qué se hizo, por ejemplo, para fiscalizar las finanzas si parte del dinero girado fue a parar a viajes y propiedades de los sospechosos?
La Ley de Fundaciones, por otra parte, también establece un mecanismo de control consistente en la potestad conferida al Poder Ejecutivo de nombrar a un representante en la junta administrativa de cada una de esas personas jurídicas. ¿Había un representante del Ejecutivo en la Fundación Manos Abiertas y con cuánta diligencia ejercía su función? Más allá de las investigaciones del OIJ, es preciso examinar los aspectos administrativos del caso porque de ellos se pueden obtener conocimientos aplicables a muchas otras entidades y situaciones.