La ampliación de la carretera hacia Limón está en riesgo de quedar varada si el gobierno se abstiene de gestionar un crédito adicional de $100 millones de dólares ante el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (Eximbank). No hay otra fuente de financiamiento expedito y el costo de paralizar la obra sería alto. El precio es la concesión de otros dos años de plazo a la constructora China Harbour Engineering Company (CHEC) para completar los trabajos.
El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) estaba decidido a no conceder la prórroga más allá de mayo del 2022, fecha prevista para la entrega de la carretera en la última ampliación del contrato. En tres años y medio, CHEC solo ha logrado construir un 42 % de los 107 kilómetros y hay un buen número de disputas pendientes de solución, como el reforzamiento de viejos puentes y los pasos de fauna, para mencionar solo dos.
El MOPT tiene buenas razones para no prolongar la relación con CHEC, pero el dinero del Eximbank está atado, desde el principio, a la contratación de la constructora y la ampliación del crédito no será diferente. Por su parte, Costa Rica reconoce la falta de expropiaciones necesarias para terminar la obra.
La historia de traspiés comenzó con el incumplimiento costarricense de plazos convenidos para concretar el préstamo inicial. En esas condiciones, Carlos Segnini, ministro de Obras Públicas y Transportes de la administración Solís Rivera, pidió a la Asamblea Legislativa aprobar el préstamo sobre la base del «honor tan asentado en la cultura china».
El Congreso, bajo fuerte presión de las comunidades del Caribe, aprobó el crédito por $395 millones, compuesto por $295 millones provenientes del Eximbank y otros $100 millones del Gobierno chino. Pendientes quedaron buena parte de las condiciones de ejecución del proyecto. Fundamentales aspectos de la obra fueron confiados a la buena voluntad de China y esa indefinición explica los desacuerdos posteriores.
A consecuencia de la precipitada contratación y de graves imprevisiones de la pasada administración, el MOPT se encuentra imposibilitado para cambiar de caballo a mitad del río. Es mejor concluir los trabajos dentro de tres años que detenerlos para encontrar otra fuente de financiamiento.
La ampliación del contrato no solo le servirá a CHEC para evitar el incumplimiento de la fecha pactada. También el MOPT se pondrá al día con los trámites de expropiación de terrenos y formalizará, en la adenda al contrato original, los acuerdos omitidos en su momento. «A la hora de ir a la búsqueda de una adenda no vamos a caer en la informalidad con la que se inició este proyecto, que no tenía estudios. Ya aquí tiene que ir todo debidamente diseñado», dijo el ministro Rodolfo Méndez Mata.
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La responsabilidad es del gobierno anterior, pero las declaraciones del ministro son una confesión de extraordinaria ligereza del Estado costarricense. Contratamos atenidos a la buena fe, de espaldas a la formalidad. Años más tarde, con la obra a medio camino y lejos de un cierre puntual, aprovechamos la ampliación del préstamo impuesta por las circunstancias para enmendar las omisiones originales.
Esas carencias no eran poca cosa. El gobierno omitió estudios y diseños indispensables para iniciar una obra de esta magnitud. A la fecha, hay disputa sobre la reconstrucción de los puentes existentes y varias obras complementarias. Se ha llegado a hablar de arbitrajes, pero el MOPT espera resolver las diferencias en la mesa de negociación, desafortunadamente, a la sombra de la nueva gestión de financiamiento. Lo que mal empieza mal acaba, dice el refrán.