La contralora, Marta Acosta, advirtió de “riesgos y efectos muy serios” para las finanzas públicas si el Ejecutivo relaja los límites de la regla fiscal. En particular, señaló la ampliación del margen para aumentar el gasto corriente, con lo cual se alejaría la meta de la sostenibilidad fiscal. Ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, abogó por no hacer ajustes cuya discusión debe darse en la Asamblea Legislativa.
Acosta se ha caracterizado por su celosa defensa del equilibrio fiscal y la racionalización del gasto. Ha sido consecuente con esa conducta durante una década al frente de la Contraloría y durante los años de servicio como subcontralora.
En ese lapso, sus señalamientos se han dirigido a seis administraciones de cuatro partidos políticos. La credibilidad proporcionada por ese historial aconseja prestar atención a sus más recientes advertencias.
En su opinión, el decreto anunciado se contrapone a los criterios fijados por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para verificar el cumplimiento de la regla fiscal.
El artículo 21 de la reforma del 2018 dice que la comprobación debe hacerse con base en la liquidación presupuestaria y no como lo pretende ahora el gobierno.
En consonancia con la ley, el reglamento ordena la verificación del cumplimiento mediante la comparación del gasto realmente ejecutado en el año en curso con la ejecución del año anterior.
La modificación promovida por el Ejecutivo procura la verificación comparando el presupuesto final del año (incluidos los presupuestos extraordinarios) con el presupuesto ordinario del año precedente, lo cual permitirá incrementar el gasto, pues lo realmente ejecutado suele ser inferior a lo presupuestado debido a las plazas vacantes y la falta de concreción de algún proyecto.
La verificación está a cargo de la Contraloría, y eso le confiere especial importancia a la diferencia de criterio entre esa institución y el Ejecutivo. Las posibles consecuencias quedaron claras en las perspectivas disímiles sobre un ejemplo empleado por el presidente, Rodrigo Chaves, para apoyar su iniciativa: si se mantiene el sistema vigente, afirmó, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) no podría transferir ¢13.000 millones a las organizaciones no gubernamentales que asisten sus labores “simplemente porque el recurso existe, pero el cumplimiento de la regla se hace sobre lo gastado”.
Acosta tomó el mismo ejemplo y recordó que los presupuestos de las instituciones descentralizadas los aprueba la Contraloría. Si el PANI presenta un plan de gastos apartado de la regla fiscal, sería rechazado por incumplir la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, cuya jerarquía es superior a la de un decreto.
La Contraloría solo puede cumplir con su deber y el pulso es inevitable. Quizá, incluso, se adelante a partir de la publicación del decreto con los tribunales como escenario. El camino trazado por el Ejecutivo no parece fácil y todavía hay tiempo para valorar su conveniencia.
Al hacerlo, conviene tomar en cuenta a los espectadores, en particular los organismos internacionales de cooperación y las agencias calificadoras.
El sentido de la regla fiscal, dijo la contralora, es contener el gasto para aminorar el ritmo de endeudamiento. Lograrlo es más importante que nunca cuando las tasas de interés se mueven al alza y el país ha recuperado un grado significativo de credibilidad para aminorar el impacto de esa tendencia.
El anuncio, casi al mismo tiempo, de la pretensión de descongelar plazas vacantes tampoco envía la mejor señal. Como la modificación de la regla fiscal, no tardó en encontrar oposición, esta vez de la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Paulina Ramírez, también reacia, como la contralora, a aceptar la derogatoria de cinco normas de control presupuestario aprobadas por el Congreso pasado.