Nuestro titular del miércoles es un nuevo campanazo de advertencia sobre la posibilidad de retroceder a los años del fin de siglo pasado, cuando la disposición de la basura de la zona más poblada del país se convirtió en motivo de constante conflicto y, también, de peligros sanitarios.
Las alertas se suceden desde hace años, pero la definitiva se produjo en junio del 2021, cuando la Sala Constitucional ordenó el cierre cuando el nivel de desechos alcance 1.005 metros sobre el nivel del mar. Si el relleno sigue abierto, es porque la operadora hace malabares para aprovechar hasta el último centímetro cúbico. EBI envía parte de los desechos al relleno de El Huaso, en Aserrí, donde cuenta con tecnología capaz de separar residuos para reutilizarlos y revalorizarlos. Solo la basura sobrante es enviada a La Carpio después del proceso.
Pero ningún malabar impedirá el agotamiento de La Carpio, sea en cuestión de meses, como cree el Ministerio de Salud, o cuando mucho en dos años, como calcula EBI. El día llegará y, simplemente, no hay alternativas previstas. El cierre de La Carpio ejercería mayor presión sobre los otros siete rellenos sanitarios del país, seis de los cuales están en etapa de cierre técnico desde el año 2016, al igual que diez de los 16 vertederos semicontrolados, según datos del Informe del Estado de la Nación del 2019.
El cierre técnico ocurre cuando se llega al tope de la capacidad originalmente prevista y la prolongación de la vida útil solo es posible mediante obras de estabilización y mitigación. Eso ha sucedido en La Carpio en varias oportunidades. El relleno comenzó a operar con la condición de no superar los 940 metros sobre el nivel del mar. Por eso, en el 2000, se le calculó una vida útil de diez años. Ya cumplió 24 y, a falta de alternativas, los operadores hacen cuanto está a su alcance para prolongarla hasta dos años más.
Ante la imposibilidad de tratar la basura en otro sitio, el límite del cierre técnico se elevó a 985 metros con consentimiento del Ministerio de Salud y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena). En enero del 2021, subió a 1.005 metros y ahí lo dejó la Sala Constitucional varios meses después.
En 1996, el cierre técnico del relleno de Río Azul, en La Unión, puso al país en jaque. El gobierno no hallaba solución y las calles se llenaban de basura. Las protestas en comunidades opuestas a la instalación de rellenos en sus cercanías se tornaban violentas y hasta se llegó a nombrar un ministro de “Asuntos Específicos”, específicamente para enfrentar la crisis. La elevación del manejo de desechos a cargo en el gabinete dice todo sobre las dificultades de aquel momento.
La falta de planificación y la postergación de las soluciones están a punto de volver a presentar la cuenta. La propia EBI dice haber pasado más de una década informando a los gobiernos locales y nacionales, así como a los Ministerios de Salud y de Ambiente, sobre la necesidad de abrir nuevos parques. Posee tres terrenos, con estudios ambientales aprobados, en San Miguel de Turrúcares (Alajuela), Montes de Oro (Puntarenas) y Cartago, pero no tienen permiso para operar pese al transcurso de 12, 18 y 4 años, respectivamente.
El manejo de desechos, aunque se haga con respeto a las mejores prácticas, es políticamente tóxico. Por eso solo lidian con él los gobiernos en cuyo período estalla la crisis. Es casi imposible evitar el descontento y las protestas de vecinos. En el mejor de los casos, el procesamiento con técnicas de última generación, como el compostaje, el reciclaje y la transformación de desechos en energía, eleva considerablemente los costos. Pero el momento llega y, en el caso de La Carpio, está por verse si logra superar su vida útil prevista en nada menos que 16 años. Más allá está el caos.