Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, dijo no estar sorprendido por la decisión de la fiscala general, Emilia Navas, de abandonar el cargo. Al igual que la funcionaria, mostró preocupación por el efecto de su permanencia sobre el Ministerio Público y el Poder Judicial. No obstante, no se sumó a la fiscala para atribuir ese efecto, por completo, a los cuestionamientos surgidos en los últimos días a raíz de la participación de su pareja en la defensa de imputados en el caso Cochinilla. El magistrado describió un desgaste más prolongado.
La fiscala se inhibió, en ese caso como en otros, pero eso no aquieta las críticas. Ella misma citó, en el comunicado donde dio a conocer su decisión de abandonar el cargo, el papel determinante de «una serie de ataques personales y contra la institución» ocurridos en los últimos días. Se acoge a la pensión, afirma, «con el fin de no distraer la atención sobre lo esencial, valga decir, el combate frontal contra la corrupción».
Pero las declaraciones de Cruz apuntan a un deterioro más prolongado de la posición de la fiscala, particularmente ante la opinión pública: «…ella ya venía sufriendo, especialmente en este último caso del Ministerio de Transportes y las concesiones, un deterioro en la valoración pública».
Es decir, el caso Cochinilla la expuso a las críticas más recientes y pudo ser, a la postre, «especialmente» determinante, pero ya venía sufriendo un deterioro. «Y eso entonces debilitaba al Ministerio Público, y debilitaba a la institución, al Poder Judicial, porque son temas mediáticos en los que había una gran cantidad de objeciones de distintos actores y de distintos orígenes», añadió el presidente de la Corte.
En efecto, la jefa del Ministerio Público había perdido terreno dentro y fuera de la Corte, donde surgieron sus más insistentes adversarios, incluso entre grupos que habían apoyado su nombramiento. Navas no cumplió las altas expectativas de aquel primer momento. Las actuaciones espectaculares de la Fiscalía en los últimos años están lejos de dar resultados y los periódicos fracasos han sido evidentes.
Los traspiés del Ministerio Público generan frecuentes titulares de prensa, tanto en casos de alto perfil político, como el del absuelto alcalde de San José, Johnny Araya («Jueces ordenan investigar a fiscala por presunto falso testimonio»), como en el sensible problema del tráfico de drogas («Fiscal olvida pedir prórroga de prisión y 12 miembros de supuesto clan narco Los Lara son liberados») o en otros menos prominentes pero igualmente repulsivos («Error de Fiscalía propicia impunidad de sujeto acusado de violar a hijastra de 10 años»).
El deterioro que, en palabras del presidente de la Corte, «venía sufriendo» la fiscala es también función de su estilo y eficacia. Es necesario señalarlo porque a su retiro seguirá su reemplazo y los magistrados deberán meditar con detenimiento sobre las razones que impidieron concretar la promesa inicial de Navas.
Sería un error atribuir el desenlace a la circunstancia de su vínculo familiar con un prominente abogado penalista. Esa conclusión tampoco contribuiría a construir el perfil del reemplazo. El país necesita, en la Fiscalía, a una persona comprometida con la eficacia, el principio de objetividad y la protección de las garantías dispuestas por el ordenamiento jurídico. También se beneficiaría de la discreción en las actuaciones y la claridad en las explicaciones. Los errores del Ministerio Público desembocan en impunidad, desencanto e injusticia. La mesura y la serenidad son indispensables para no crear falsas expectativas ni caer en la tentación de construir imagen a costa de la eficacia.