Un diagnóstico de los efectos del uso de agroquímicos en el país, elaborado por las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), puso de relieve graves consecuencias para el bienestar de las personas y apenas una parte de las repercusiones económicas, consistente en el costo del tratamiento de intoxicaciones, las incapacidades y los días no laborados.
La pérdida por esos conceptos, dicen los autores del estudio, supera los ¢5.000 millones anuales, pero los exportadores agrícolas se quejan, desde hace años, por la afectación de su productividad y la dificultad de obtener certificaciones en los mercados de destino. Muchos productores nacionales están condenados a utilizar agroquímicos catalogados como peligrosos y restringidos en el extranjero.
La condena viene impuesta, precisamente, por las regulaciones aprobadas para asegurar la inocuidad de los agroquímicos. Es una ironía extraordinaria, pero el Ministerio de Salud participa en un sistema que tiene al país estancado en el empleo de sustancias obsoletas, dañinas para todo organismo viviente. Por si fuera poco, también son lesivas para la competitividad y la productividad.
El problema no es novedoso. El estancamiento del registro viene desde por lo menos el 2004, dicen los exportadores y los distribuidores de agroquímicos. El presidente, Rodrigo Chaves, anunció su decisión de someter a consulta un decreto para permitir la homologación de moléculas de plaguicidas. Su objetivo declarado es abaratar el costo de los insumos agropecuarios facilitando el registro, pero el estudio de los dos organismos internacionales apunta a un impacto benéfico sobre la salud y los agricultores señalan las demás ventajas para su negocio.
Son razones de más para apresurar o perfeccionar el cambio. A comienzos del 2021, el gobierno emitió un nuevo reglamento para la inscripción de ingredientes activos grado técnico (IAGT) de última generación.
Los IAGT previamente evaluados y registrados por la autoridad reguladora de un país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), o de una nación adherente al sistema de Aceptación Mutua de Datos (AMD), tienen una vía más expedita para conseguir el registro local y los permisos de comercialización.
No obstante, las autoridades presentaron como ejemplo la inscripción de un plaguicida en 40 días hábiles, entre el 1.° de marzo y el 30 de abril del 2021, es decir, unos 60 días naturales.
Es un avance significativo, pero no hay razón para limitar la aspiración de mejorar. El sistema debe agilizar la inscripción de todas las moléculas de última generación aceptadas en otras naciones con registros rigurosos.
Las razones de la urgencia están contenidas en el estudio de los dos organismos internacionales y en el clamor de los productores y exportadores. También está de por medio el prestigio de Costa Rica como país comprometido con las mejores prácticas ambientales y la producción verde.
“Costa Rica continúa utilizando sustancias que han sido eliminadas, prohibidas o categorizadas como peligrosas, tanto por organismos internacionales como por convenios firmados por el país. Tal es el caso del paraquat, cuya toxicidad ha sido advertida en el Convenio de Rotterdam”, dice el documento.
“Del mismo modo, da uso a otras catalogadas por la OMS como sumamente peligrosas y muy peligrosas, entre ellas, etoprofos, terbufos, fenamifos, cadusafos y oxamil”, añade el informe.
Es inconcebible que todo eso suceda en nombre del control sanitario. Sabemos, sin embargo, de la injerencia de otro mal extendido en nuestro país: la burocratización hasta el punto de la parálisis. Desde esa perspectiva, acometer el problema del registro de moléculas es apenas un paso.