Tres mociones presentadas al filo del plazo plantean la inclusión de los funcionarios actuales en el salario global establecido por el proyecto de ley de empleo público. Los diputados de la comisión encargada del dictamen tendrán oportunidad de votar las iniciativas en los próximos días. Sin la inclusión de la planilla existente quedaría derrotado, o pospuesto, uno de los avances más importantes de la reforma: el establecimiento de reglas uniformes para evitar la dispersión de privilegios a lo largo y ancho del aparato estatal.
Por la misma razón es necesario integrar a todas las instituciones, no importa si ofrecen servicios en un régimen de competencia. La ley debe incorporar previsiones para los contados casos en que los conocimientos de un funcionario sean determinantes para mantener la competitividad, pero, como es evidente, buena parte de los puestos de trabajo en en la mayoría de las empresas no tienen ese grado de especialización.
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Los puestos genéricos de la Administración Pública deben tener un tratamiento igualitario no importa la institución donde se desempeñe el funcionario. Hoy, las diferencias entre una secretaria del Gobierno Central y una del Instituto Costarricense de Electricidad resultan ofensivas y es difícil imaginar la ventaja competitiva obtenida con las erogaciones adicionales.
Entre las propuestas planteadas, la iniciativa de la diputada liberacionista Silvia Hernández es la mejor por su aplicación inmediata con dos transitorios, uno para quienes ganan menos del salario global, que seguirán sumando pluses hasta alcanzar esa suma, y otro para quienes ganan más, cuyos salarios permanecerán inalterados mientras los alcanza la generalidad.
Pero la reforma necesaria también debe contemplar el ajuste del incosteable aparato estatal. El gobierno plantea la movilidad laboral de 7.000 funcionarios, y si no ofrece una reducción más grande es por temor a quedarse sin financiamiento para las indemnizaciones y premios. El rápido impacto de la movilidad es importante, pero miles de funcionarios dejan la nómina cada año por todas las razones imaginables, desde la jubilación hasta el aprovechamiento de una mejor oportunidad laboral. Si en lugar de reponerlos el Estado tuviera medios para reubicar empleados de instituciones sobrepobladas, obtendría una reducción de la planilla a bajo costo y con muy poca conflictividad.
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Ese ajuste paulatino solo sería posible si existiera uniformidad salarial y de otras condiciones de empleo en todo el aparato estatal. En algunos casos, como la Fuerza Pública o la docencia, no hay reemplazos en otros rincones del Estado, pero con el paso del tiempo aparecen suficientes oportunidades.
La inclusión de los actuales funcionarios en el salario global no afectaría las remuneraciones existentes. No podría hacerlo sin incurrir en una ilegalidad. Ningún salario disminuirá, pero todos dejarán de crecer irracionalmente, como ha venido sucediendo merced a los pluses negociados a lo largo de décadas.
La Asamblea Legislativa, más que una oportunidad para poner orden en el empleo público, tiene la obligación de responder a una necesidad impuesta por las graves circunstancias fiscales del país. Entre los elementos de una propuesta equilibrada para el Fondo Monetario Internacional, una verdadera reforma del empleo público destacaría como promesa del buen uso de los nuevos ingresos cuya generación resultará también indispensable.
Hasta ahora, los pluses salariales garantizaron siempre el acelerado agotamiento de todo aumento en la recaudación. La transformación de las anualidades en el 2018 fue un significativo avance. El Congreso tiene ahora la oportunidad de completar el ajuste, sin parches y sin excepciones.