El Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó la revisión del avance del programa acordado con el gobierno para el préstamo de $1.778 millones a cambio de los ajustes estructurales necesarios para sacar al país de la crisis fiscal. Es la primera de varias misiones contempladas por el convenio para examinar el avance. Ojalá resulte en la continuación del proceso, pero hay razones para preocuparse.
El país puede exhibir buenos resultados, como un endeudamiento, a julio, inferior en ¢240.000 millones a lo pactado con el FMI, equivalente al 0,6% del producto interno bruto (PIB), o el superávit primario (diferencia entre ingresos y gastos sin incluir el pago de intereses), de ¢100.453 millones ese mismo mes.
Resultados como esos nos ponen en ruta a cumplir los compromisos cuantitativos asumidos con el Fondo. El organismo los verá con agrado, pero su interés no se centra en resultados de corto plazo, sino en medidas capaces de garantizar la solidez de las finanzas públicas a futuro.
En ese rubro, no hay logros salvo el relativo avance de la ley de empleo público y más bien existen razones para dudar de la sostenibilidad de los recientes buenos resultados. El éxito es modesto y tiene componentes coyunturales, como la acumulación de 15 meses para efectos del impuesto sobre la renta debido al ajuste del periodo fiscal. Esos tres meses adicionales representan unos ¢200.000 millones de ingresos por una sola vez.
En el campo de las medidas estructurales contempladas por el acuerdo poco se ha avanzado. Por el lado de los ingresos más bien hay retroceso, como sucede con la reducción a la mitad del impuesto a la propiedad de vehículos, uno de los elementos del marchamo. La Contraloría General de la República advirtió a los diputados que la rebaja es un considerable riesgo para la recuperación de los ingresos públicos.
La propia Contraloría depositó esperanzas de compensar la pérdida en cinco proyectos de ley planteados para incrementar los ingresos, pero ninguno de ellos avanza y José María Figueres, candidato presidencial del partido con mayor número de diputados, salió a objetar uno de ellos, el impuesto al salario escolar, pese a pronunciamientos de la Sala IV sobre la factibilidad de dar a ese ingreso el mismo trato tributario que al resto del salario.
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Además, la guillotina del procedimiento parlamentario está cayendo sobre los expedientes y podría obligar a remitirlos al plenario sin acuerdo político ni las enmiendas requeridas para lograrlo. En ese foro, las oportunidades de entorpecimiento abundan.
Por el lado del gasto, la Ley Marco de Empleo Público apenas fue sometida a revisión de la Comisión sobre Consultas de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa y deberá volver a la Corte Suprema de Justicia para recabar su criterio sobre posible afectación de la organización o independencia del Poder Judicial. Por último, no se puede descartar una nueva consulta a la Sala Constitucional, que contestó la primera en una resolución de casi 800 páginas.
La ley, según el programa, ya debería estar vigente, pero es difícil creer en su aprobación antes de diciembre. Los avances obtenidos podrían llamar al FMI a algún grado de comprensión, pese al atraso. Sin embargo, queda por delante la reedición de los debates sobre el número de votos necesarios para aprobar el proyecto y otros puntos de conflicto.
El examen no podrá, por otra parte, desvincular la ley de empleo público del estancamiento del resto de la agenda. Los diputados y el gobierno están a tiempo de mejorar la posibilidad de un buen resultado de la primera misión evaluadora. Si no lo hacen, quedamos a expensas de la buena suerte y voluntad de los integrantes del grupo examinador.
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