En mayo del 2002, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Creación de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), impulsada por Célimo Guido, en aquel momento del Partido Fuerza Democrática, y Óscar Campos, de Liberación Nacional, dirigentes de los cierres de carreteras que crisparon al país en el 2020.
Según el texto, el objetivo era “establecer un régimen de relaciones entre productores y agroindustriales del arroz, que garantice la participación racional y equitativa de ambos sectores en esta actividad económica”.
El 24 de octubre del 2000, en la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Campos dijo a Tomás Dueñas, ministro de Comercio Exterior: “La Corporación le da la posibilidad de mejorar a la industria.
Usted debe tener acceso a un informe reciente de la industria arrocera del país, que es altamente ineficiente. Entonces tenemos que mejorar si vamos a meternos en una política arrocera a largo plazo”.
Ninguna de las promesas se cumplió. En las últimas dos décadas, el área de siembra se redujo, así como la producción. Las importaciones del grano aumentaron y la productividad apenas se incrementó.
En cambio, los consumidores, especialmente los de menores ingresos, han pagado en exceso por un alimento básico de la dieta nacional.
Ahora, Conarroz defiende el statu quo con un argumento extraordinario: el mercado es poco competitivo y por eso la regulación de precios debe ser permanente, so pena de crear un riesgo de colusión. Paradójicamente, la falta de competencia es la razón de ser de las modificaciones propuestas a las regulaciones actuales.
Los importadores y la organización Consumidores de Costa Rica más bien estiman insuficiente la eliminación del precio mínimo del arroz pilado y aspiran a modificar el arancel para traer el grano del extranjero a mejor precio. Sin esa medida, afirman, los precios pagados por el consumidor no bajarán de manera significativa.
En frontal contraposición con el argumento de Conarroz, la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) considera la eliminación de los precios mínimos “un primer paso en la dirección correcta para mejorar la competencia en el mercado” y erradicar la distorsión de los precios causada por la regulación.
Según Coprocom, la regulación se ha mantenido durante ocho años sin sustento jurídico, con efectos anticompetitivos en el mercado nacional. “La fijación de precios mínimos se considera ilegal por cuanto no existe norma alguna que habilite a la administración para ello. Ni del espíritu de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, n.° 7472, ni de su letra, se desprende que faculte a la administración al establecimiento de precios mínimos hacia los consumidores, como una forma de proteger los intereses de un sector productivo”, afirmó.
Conarroz, organización pública no estatal de agroindustriales y productores del grano, invita a preservar las medidas supresoras de la competencia porque el mercado es poco competitivo.
La circularidad del argumento equivale a una confesión y subraya los motivos para cambiar de rumbo y pensar en el consumidor. El peligro de colusión esgrimido por Conarroz para defender el precio mínimo es igualmente contradictorio.
En este contexto, la colusión es, en efecto, un acuerdo entre dos o más partes para limitar la libre competencia y manipular el mercado.
La importación ya representa buena parte del grano consumido en el país, pero se hace con riguroso control para impedir la competencia con el producto local.
En el período 2019-2020, la producción nacional de arroz en granza seca y limpia alcanzó 149.339 toneladas métricas, pero el consumo ascendió a 239.972.