El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está dictando cátedra sobre la importancia de las libertades de expresión y prensa, la independencia judicial y la transparencia en los procesos de administración de justicia. La enseñanza, desde luego, se produce al contraponer sus actuaciones a los altos valores de la institucionalidad democrática.
En ausencia de esos valores, los jueces se transforman en agentes de la represión y se producen caprichosas condenas como las impuestas a 42 de los 46 detenidos en la ola de encarcelamientos desatada por la pareja dictatorial para eliminar la oposición a sus ambiciones reeleccionistas. Uno de los presos políticos, el exguerrillero sandinista Hugo Torres, murió a sus 76 años luego de varios meses de cárcel. Los otros tres detenidos están en espera de su probable condena.
Los tribunales deben funcionar con puertas y ventanas abiertas para que una prensa independiente pueda atestiguar los procedimientos e informar a la sociedad. Nada de eso sucede en Nicaragua. El remedo de procesos judiciales se efectúa a puerta cerrada, en la cárcel de El Chipote. Nada se sabe de la prueba examinada ni de los argumentos de la Fiscalía. Tampoco de las razones de la defensa, salvo declaraciones fuera del improvisado recinto judicial.
La legislación aplicada por los jueces obsecuentes del régimen fue aprobada a pocos meses de las elecciones por una Asamblea Nacional igualmente sometida al poder. Los diputados orteguistas criminalizaron las relaciones con organismos internacionales interesados en la suerte de los derechos humanos en Nicaragua y crearon tipos penales abiertos, con amplias oportunidades para la interpretación a gusto de los gobernantes.
En consecuencia, los jueces orteguistas declaran “lavado de dinero” o “atentado contra la soberanía nacional” conductas que en ninguna otra parte serían objeto de una acusación penal y, mucho menos, de una condena. La gravedad de los cargos se agota en el nombre dado a los delitos, pero los jueces aprovechan para imponer largas condenas de cárcel.
Juan Lorenzo Holmann Chamorro, condenado el jueves a nueve años de prisión por supuesto lavado de dinero, es gerente del diario La Prensa, institución del periodismo nicaragüense e internacional, distinguida en todas las luchas por la libertad en Nicaragua, comenzando por la férrea oposición a la dictadura de los Somoza.
El periódico apenas tuvo oportunidad de informar sobre la injusta condena de su gerente. La sentencia ordena mantener sus instalaciones “bajo custodia” y el medio solo informa mediante su plataforma digital, con poco personal y recursos porque sus cuentas bancarias fueron intervenidas. La labor informativa de La Prensa se vio limitada, sobre todo, por falta de acceso a los procedimientos. Así se cierra el perverso círculo de los juzgamientos secretos.
La prima de Holmann, Cristiana Chamorro, también fue condenada a ocho años de prisión por lavado de dinero y otros supuestos delitos. La dictadura no podía dejarla llegar al día de las elecciones como candidata opositora, por temor a repetir la experiencia de febrero de 1990 cuando su madre, Violeta Barrios de Chamorro, derrotó a Ortega en las urnas.
Un poder judicial independiente, dedicado a administrar justicia de cara a la ciudadanía, bajo escrutinio de la prensa libre, habría impedido los atropellos descritos aunque la Asamblea Nacional dictara leyes represivas para favorecer al Poder Ejecutivo. Esa es la lección del régimen nicaragüense para el mundo, incluidas sociedades como la nuestra, donde gozamos plenamente de esas garantías. Nunca estará de más recordar su importancia.