No podemos hacer “picadillo” del territorio nacional, dice con toda razón la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Laura Fernández. El llamado a la prudencia llega tarde. En 1980, el país tenía 81 cantones. Entre el 2017 y la actualidad, los diputados crearon otros tres, están a punto de establecer uno más y hay seis en lista de espera.
La creación más reciente sería Colorado, si logra la venia de los diputados en segundo debate y luego, la firma presidencial. Apenas cuenta con 5.000 habitantes y está a 24 kilómetros de Las Juntas, su actual cabecera de cantón. Ni el número de habitantes ni la distancia del centro administrativo justifican el nacimiento del nuevo cantón.
Monteverde, creado en el 2021, está a 70 kilómetros de la sede del cantón Central de Puntarenas. El argumento de lejanía es ligeramente más sólido, pero apenas tiene 4.155 habitantes. En proyecto están San Rafael de Alajuela, posible futuro cantón de Ojo de Agua, y Tucurrique de Jiménez, para poner otros dos ejemplos.
La distancia del centro administrativo no debe ser razón para hacer el “picadillo” criticado por la ministra. Hay formas de descentralizar servicios y trámites, no solo mediante la apertura de centros de tramitación ubicados con sentido estratégico, sino también con empleo de las tecnologías digitales. Las intendencias y concejos municipales de distrito no siempre cumplen esas funciones con la eficacia requerida, pero las fallas no siempre pueden ser atribuidas a la división territorial. En buena parte de los casos, se trata de problemas de gestión, también presentes en las municipalidades más empobrecidas.
Las distancias y su efecto sobre la disponibilidad de servicios es el argumento más utilizado para justificar la creación de cantones, pero la escasa población de las nuevas unidades administrativas, así como de algunas existentes, sobre todo después de restarles una fracción para establecer las nuevas, ponen en duda la viabilidad financiera de unas y otras.
La segmentación del territorio implica, también, la fragmentación de los ingresos por impuestos municipales, la duplicación de funciones en trámites como la concesión de permisos de construcción, cuyo rigor puede sufrir mengua, y la dispersión del suministro de servicios públicos a los residentes.
La ministra señaló a los diputados la necesidad de respetar la Ley sobre División Territorial Administrativa, a cuyo tenor las nuevas municipalidades deben tener cuando menos el 1 % de la población nacional, es decir, más de 50.000 habitantes, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
La ley permite hacer excepciones en sitios lejanos y de difícil acceso, con lo cual se abre espacio a la subjetividad. Para limitarla, están las recomendaciones de la Comisión Nacional de División Territorial. La escasa población de Colorado no está lejos de su centro administrativo actual ni hay mayores obstáculos al acceso. No hay un criterio favorable de la Comisión y la ministra lamenta la inobservancia de la opinión técnica enviada al Congreso por su despacho en el 2022.
El establecimiento de un municipio no debe obedecer al peso de grupos de presión sobre los legisladores, pero esa ha sido, con demasiada frecuencia, la razón última de las iniciativas. Las comunidades arriesgan terminar enfrentadas a bajos índices de desarrollo humano, ausencia de infraestructura básica, bajo presupuesto y dificultad para desempeñar las labores de recaudación.
Tampoco existe el acompañamiento adecuado para echar a andar. Según David Ampié, uno de los impulsores del cantón de Puerto Jiménez, constituido en marzo del 2022, instituciones como el IFAM no saben cómo iniciar un cantón “y todo mundo se tira la bola”. Las nuevas autoridades no tendrán ni una silla donde sentarse y la comisión creada al efecto procura que por lo menos tengan una libreta donde apuntar. Entre esa precariedad y el cobro eficiente de impuestos, por ejemplo, hay un largo trecho.