Un proyecto de ley para equiparar las cotizaciones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de trabajadores independientes y asalariados estuvo a punto de agravar el problema de las cargas sociales mediante la inclusión de todo tipo de ingresos en la base utilizada para calcularlas. La iniciativa aprobada en primer debate impone la obligación de cotizar sobre todos los ingresos y no solo los derivados del trabajo.
El artículo 3 de la Ley Constitutiva de la CCSS reza: “Las coberturas del Seguro Social —y el ingreso al mismo (sic)— son obligatorias para todos los trabajadores manuales e intelectuales que perciban sueldo o salario. El monto de las cuotas que por esta ley se deban pagar se calculará sobre el total de las remuneraciones que bajo cualquier denominación se paguen, con motivo o derivados de la relación obrero-patronal”.
La nueva redacción añade, al final de la primera oración, la frase “o ingresos propios”, y al final de la segunda dice “u otra fuente de ingresos”. Entonces, las coberturas son “obligatorias para todos los trabajadores manuales e intelectuales que perciban sueldo o salario o ingresos propios” y las cuotas se calcularán “sobre el total de las remuneraciones que bajo cualquier denominación se paguen, con motivo o derivados de la relación obrero-patronal u otra fuente de ingresos”.
Los alquileres, intereses por ahorros bancarios, rendimiento de inversiones y hasta los premios de lotería se integrarían a la base. En la práctica, se trata de un nuevo impuesto sobre esos ingresos y afectaría a buena parte de la población asegurada, en especial a la clase media. El proyecto promovido para hacer justicia a los trabajadores independientes, cuyas cotizaciones llegan hasta el 18,78% del producto de su trabajo, frente al 10,5% aportado por los asalariados, termina golpeando a unos y otros.
El constitucionalista Rubén Hernández Valle señaló, a manera de ejemplo, que en la actualidad las rentas de capital producto de otras actividades no deben declararse a la Caja porque el asegurado no las genera en su condición de trabajador asalariado o independiente, pero el proyecto obligaría a tomarlas en cuenta como “otra fuente de ingresos”.
El segundo debate debió celebrarse el martes, pero los diputados enviaron el expediente para consulta a la Sala IV por razones distintas. No obstante, algunos se dieron cuenta de las consecuencias de la redacción actual y están convencidos de la necesidad de corregirla. Sobre esos efectos informó La Nación el propio martes.
La rectificación no es difícil, por lo menos en el caso del artículo citado. Hernández y otros dos abogados consultados por este diario sugieren agregar, después de “ingresos propios”, la frase “que provengan del trabajo”. Si además se elimina la frase “u otra fuente de ingresos”, ya no habría duda.
El objeto del proyecto es en sí mismo polémico. Los defensores del trato dispensado a los trabajadores independientes hablan de la necesidad de compensar las cotizaciones patronales, inexistentes en su caso. Los asalariados cotizan menos, pero a sus contribuciones se suman los aportes de sus patronos. Precisamente, la consulta enviada a la Sala Constitucional versa sobre la posible afectación de la autonomía y las finanzas de la Caja.
No obstante, los independientes están obligados a entregar prácticamente la quinta parte de su salario a la institución, una cifra totalmente desproporcionada. Esa circunstancia explica buena parte de la informalidad en el mercado laboral, opinan los defensores de la equiparación de asalariados e independientes. La enmienda del proyecto y su definitiva aprobación será tarea de la próxima Asamblea Legislativa. A la actual ya no le alcanza el tiempo.