Un préstamo de $75,1 millones, concedido en el 2020 por el Banco Mundial para el desarrollo de proyectos del sector pesquero y aprobado por la Asamblea Legislativa en setiembre del 2021, no será aprovechado por mala planificación e imposibilidad de cumplimiento de sus condiciones, dijo Víctor Carvajal, ministro de Agricultura y Ganadería.
La ejecución de las inversiones estaba a cargo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), pero el manejo accidentado de los proyectos convenció al gobierno de renunciar a los fondos e impulsar el Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y la Acuicultura con recursos propios.
Unos $60 millones saldrán del presupuesto nacional con ese fin; sin embargo, solo servirán para desarrollar, en los próximos tres años, el 48 % de las iniciativas incluidas en el empréstito del Banco Mundial, entre ellas la modernización de la plataforma digital del Incopesca, la terminal pesquera de Cuajiniquil, la construcción de 20 embarcaderos en el golfo de Nicoya y proyectos para mejorar la pesca con palangre y la artesanal.
Según el ministro, la incapacidad administrativa de la institución para ejecutar el préstamo era clara desde el principio. Los $75,1 millones equivalen a diez veces el presupuesto anual de la institución y los plazos para ejecutarlos eran muy breves. A diciembre del 2023, la ejecución del crédito alcanzaba el 7 %. El país había pagado $1,2 millones de intereses y comisiones sobre los $5 millones desembolsados a esa fecha, de los cuales se han gastado menos de $600.000.
Las explicaciones de Carvajal vierten luz sobre los motivos del fracaso, pero no contribuyen a identificar a los responsables. ¿Quién omitió la planificación necesaria? ¿Quién pasó por alto la incapacidad administrativa del Incopesca, señalada desde el comienzo, según el ministro?
“Somos muy buenos teniendo ideas, pero muy malos haciendo proyectos”, comentó el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, al referirse a la decisión de desistir del crédito. La afirmación invita a preguntar por los responsables de la ilusa ideación y la mala ejecución de los proyectos. Ninguna de esas preguntas es ociosa porque el establecimiento de responsabilidades es un requisito inevitable para prevenir la repetición de los mismos errores.
Más allá del costo económico, traspiés como el comentado afectan la reputación nacional y la seriedad de nuestros compromisos. La historia de este préstamo puede resumirse como la identificación más o menos certera de un conjunto de necesidades, la negociación de los recursos necesarios para satisfacerlas, la formalización del crédito y su aprobación legislativa para desembocar en el desconcierto apenas efectuados los primeros giros.
Las “ideas” referidas por Acosta siempre estuvieron en el aire y no había noción de los pasos necesarios para concretarlas. Es una desconexión con la realidad, parecida a la ampliación de la lista de especies de fauna silvestre sujetas a explotación comercial de 34 a 234 sin justificación plausible. La aparición en la lista de iguanas, tortugas, corales y decenas de otras especies fue tan intempestiva como efímera la duración del acuerdo que la causó y eso, de nuevo, pone en duda la seriedad del Incopesca.
Otro tanto puede decirse de la condena de la Sala Constitucional contra el Incopesca por negarse a suministrar el estudio sobre el restablecimiento de la pesca de arrastre del camarón en aguas del Pacífico, pese al obvio interés público de los datos y la imposibilidad legal de persistir en su ocultamiento.
Un país como el nuestro, con una superficie marina de aproximadamente 572.877 kilómetros cuadrados, diez veces superior en extensión al territorio continental, no puede darse el lujo de ser “buena en ideas y mala en ejecución”, o ajena a las realidades de la explotación sostenible de sus mares. Los llamamientos a una profunda revisión del Incopesca se hacen sentir desde la academia y la industria. El fracaso del crédito del Banco Mundial es otro motivo para prestar atención.