Yamileth González y su Consejo Universitario dieron una lección magistral de las ruinosas consecuencias de la «autonomía» universitaria como la entienden los rectores y algunos diputados. Esa «autonomía» comprende la libérrima facultad de repartir entre la burocracia los fondos públicos destinados a la educación superior sin importar siquiera las advertencias de los órganos de control interno ni la afectación de las funciones esenciales de las casas de enseñanza, que se deben a los alumnos, no a los funcionarios.
El 29 de setiembre del 2009, González y el Consejo aumentaron las anualidades del 3 % al 5,5 %. La medida unilateral y «autónoma» no respondía a un reclamo sindical, y su paupérrima justificación quedó desacreditada poco después por una sentencia de la Sala Segunda. Peor todavía, la cúpula universitaria aprobó el beneficio a contrapelo de las advertencias de la Contraloría interna sobre la inevitabilidad de un grave desequilibrio financiero y la consiguiente amenaza para las funciones esenciales de la casa de estudios.
Meses antes, en idénticas circunstancias, es decir, unilateralmente, sin requerimiento alguno, los generosos y «autónomos» administradores de los fondos públicos para la educación superior habían eliminado el tope de 30 anualidades, también contra el consejo de los órganos internos de control.
La Contraloría Universitaria, en el oficio OCU-R-229-2009, llamó la atención al Consejo Universitario sobre las consecuencias de las dos medidas. «No obstante, esas claras advertencias al parecer no fueron consideradas», dice el informe de una comisión nombrada en el 2013 para estudiar la crisis financiera de la Universidad de Costa Rica. Por su parte, la Contraloría interna expresa haber insistido «en diversas oportunidades ante este órgano colegiado y la Rectoría».
Según la comisión, las dos medidas atentaron «contra la sostenibilidad financiera de la institución» a corto plazo y constituyeron una «amenaza» para la actividad sustantiva de la Universidad, es decir, el cumplimiento de su misión educativa. La Nación y muchos críticos más se han ganado diatribas y epítetos a lo largo de los años por decir exactamente lo mismo: la mala administración de las remuneraciones en las universidades es insostenible y pone en peligro la educación superior.
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La excusa para aumentar el beneficio fue la anualidad del 5,5 % establecida por la ley de incentivos médicos. La aplicación de ese beneficio a algunos funcionarios del área médica crearía desigualdad, según la cúpula universitaria, así que mejor generalizarlo a todo el personal. No pasaron dos años y la Sala Segunda explicó lo obvio: «Para poder acceder a esa clase de pluses salariales es necesario que el profesional, además de serlo en Ciencias Médicas, realice sus labores en un ente dedicado a la prestación de servicios hospitalarios».
La «autónoma» cúpula actuó con clara consciencia de las consecuencias, como lo demuestra la intervención de Fernando Silesky, miembro del Consejo Universitario, en la sesión donde se aprobó la segunda medida ruinosa de la administración González (acta 5390). Silesky se mostró preocupado por las advertencias de la Contraloría interna: «Han dicho que esto puede ser un crecimiento exponencial de los salarios y que se pierda el control del porcentaje que se va para asuntos de pagos del salario y el porcentaje que se va para asuntos operativos».
El Consejo, en cuyas manos «autónomas» estaba decidir si beneficiaba a los empleados universitarios o a la educación superior, optó por lo primero, a sabiendas del daño causado a la función primordial de la casa de enseñanza. No lo dice La Nación, lo dicen documentos internos de la Universidad de Costa Rica y lo dice la realidad cada vez más clara de los últimos años. Hubo un esfuerzo, tardío e insuficiente, por corregir el rumbo en el 2017 mediante una rebaja de las anualidades al 3 %, pero pronto la «autónoma» administración acordó con el sindicato aumentarlas al 3,75 %, un porcentaje todavía insostenible según el exrector Henning Jensen.
En el 2020, durante la gestión de Carlos Araya, se redujo la anualidad al 1,94 % sobre el salario base, como lo establece para todo el sector público la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (número 9635), aprobada en diciembre del 2018, pero solo mientras se resuelve el juicio planteado por las universidades para eximirse de esa ley.
«Se han tomado 24 medidas de contención del gasto, pero al día de hoy (sic) han sido insuficientes. Muchas de las medidas que deben ser tomadas en el futuro tienen que ver con el disparador del crecimiento vegetativo de los salarios y ese disparador es la anualidad», dijo Jensen en febrero del 2019.
En el 2014, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, el Observatorio del Desarrollo y la Escuela de Matemática afirmaron: «De no tomar acciones en materia de contención del gasto por concepto de salarios, la institución enfrentará problemas de sostenibilidad financiera a corto plazo, situación que se agravaría a mediano plazo a niveles totalmente insostenibles».
«Queremos reiterar la preocupación que expusimos el 28 de setiembre (2009) en la reunión a la que fuimos invitados por la Comisión de Administración y Presupuesto, sobre la decisión de incrementar el porcentaje de anualidad en un 2,5 %, dado que, como hemos insistido en diversas oportunidades ante este órgano colegiado y la Rectoría, el sistema salarial de la Universidad sobredimensiona, según nuestro criterio, los incentivos relacionados con la antigüedad y contribuye a generar un alto crecimiento vegetativo automático», se lee en el informe de la Contraloría Universitaria, de diciembre del 2009.
Según el informe de la Comisión establecida en el 2013, la relación entre el salario base y los pluses promediaba un 142,8 % antes de los aumentos del 2009. «A partir del 2010, sin embargo, esta razón crece de manera desproporcionada y alcanza, en el 2014, el 171,4 % de la base salarial, lo cual afecta seriamente las finanzas institucionales. Este aumento en la razón de régimen de méritos se origina en dos hechos, ambos relacionados con el pago de anualidad: en primer lugar, el acuerdo del Consejo Universitario, en la sesión 5390, de incrementar el porcentaje por concepto de anualidad de un 3 % a un 5,5 % a partir del 2010. En segundo lugar, el acuerdo del Consejo Universitario, en sesión 5367, de derogar el tope máximo de pago de treinta anualidades».
La ironía final es que, lejos de evitar las temidas desigualdades de la ley de incentivos médicos, la cúpula «autónoma» solo logró, además de afectar «seriamente las finanzas», crear «brechas importantes entre funcionarios que realizan labores similares». Lo dice la comisión nombrada en el 2013 por el rector Jensen, no La Nación.
Ahora, toca a los diputados decidir si el concepto de «autonomía» aplicado por las universidades para repartir fondos públicos entre sus empleados debe prevalecer mientras el dinero alcance o si es hora de canalizar la inversión hacia la educación. Las burocracias han tenido éxito en identificar una cosa con la otra, pero la calidad de la formación, lejos de depender de los excesos salariales, los sufre. No lo dice La Nación, la conclusión se extrae claramente de los documentos citados.