Costa Rica se apartó hace años de la práctica draconiana de encarcelar a quienes son sorprendidos con pequeñas cantidades de marihuana para consumirla. La pérdida de la libertad es una respuesta desproporcionada a un comportamiento de consecuencias sociales muy limitadas. El mismo razonamiento invita a plantear la posibilidad de legalizar el cannabis, pero de la tolerancia a la legalización hay un gran paso, y ya no es preciso darlo con base en buenos razonamientos y la intuición. Hay experiencias concretas, si bien en desarrollo, que aconsejan un compás de espera.
En Uruguay, en el 2021, más de cinco años después de la legalización, solo el 27 % de los consumidores adquirían la droga en expendios legales. El mercado negro facilita la compra, ofrece mayor variedad y garantiza el anonimato. Sobre todo, pone a disposición del consumidor un producto mucho más potente, con alto contenido de tetrahidrocannabinol en cada cigarrillo. En suma, la legalización no frenó el tráfico, pero contribuye a aumentar el consumo.
El tráfico internacional tampoco sufriría mella si se legaliza la marihuana recreativa en Costa Rica, dicen expertos del Organismo de Investigación Judicial y la Policía de Control de Drogas, porque el país seguirá estando en la ruta de las exportaciones de Colombia, Ecuador y Jamaica hacia Estados Unidos.
Hay iniciativas más ambiciosas, como la de Portland, Oregón, donde la legalización se extiende a otras drogas y la consecuencia de consumirlas en plena vía pública es una multa de $100, perdonada con la sola inscripción en un programa de rehabilitación donde la asistencia no se controla. El resultado no ha sido bueno. Las calles de la ciudad están llenas de adictos sin hogar y drogas mucho más dañinas que la marihuana se transan a bajo precio. Las muertes por sobredosis aumentaron, en contraste con la promesa de una disminución cuando se debatía la nueva política, aprobada mediante referéndum.
Portugal es el caso de éxito citado con mayor frecuencia, pero, a diferencia de Portland, la legalización portuguesa se produjo en asocio con iniciativas para desincentivar el consumo. Los adictos son puestos a la orden de un organismo encargado de ofrecerles tratamiento gratuito y, cuando no hay cooperación del consumidor, puede imponerles sanciones, como la suspensión de la licencia profesional, impedimento de acceso a determinados sitios o prohibición de laborar en ciertas ocupaciones.
El éxito de Portugal ha caído bajo escrutinio en los últimos años porque el problema del consumo va en aumento de la mano con la disminución de los recursos destinados a combatirlo. Costa Rica no dispone de fondos suficientes para arreglar su endeble sistema educativo, mucho menos para ofrecer tratamiento a gran escala. Si bien la iniciativa de la administración Chaves se limita a legalizar la marihuana recreativa, las experiencias de liberalización en general ofrecen lecciones y vale notar la importancia de contar con medios para prever una reacción del Estado si la medida no resulta como pronostican sus impulsores.
Cuando compareció ante los diputados, Wendy Castro, del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), mencionó que la legalización en otros países no dio los resultados prometidos y les recomendó abstenerse de sumar al nuestro a un “experimento social mundial”. El jueves, la Comisión Permanente Especial de Ambiente le hizo caso y por cinco votos contra tres rechazó el proyecto de ley del Ejecutivo para legalizar la marihuana recreativa. La iniciativa pasará al plenario con dictamen negativo y escasas posibilidades de aprobación. Hay tiempo para reconsiderarla cuando la evidencia aumente en una u otra dirección.