El ejemplar proceso democrático-institucional emprendido por Chile desde finales del 2019, para redactar y aprobar o no una nueva Constitución, culminó el domingo de la manera más sensata posible: un abrumador rechazo del proyecto presentado a referendo. Con una participación del 85,82% de los votantes, el 61,84% se manifestó en contra, y en ninguna de las regiones del país el apruebo logró triunfar: difícilmente, un mensaje más claro. Ante tales resultados, la reacción del presidente izquierdista Gabriel Boric, quien apoyaba el nuevo texto y apostó su decreciente capital político a la aprobación, es ejemplarmente democrática y madura; también, realista. “El pueblo chileno no quedó satisfecho con la propuesta de Constitución y, por ende, ha decidido rechazarla de manera clara en las urnas”, dijo tras conocerse los resultados, en un discurso marcado por su tono conciliador, y añadió: “Recojo este mensaje y lo hago propio; hay que escuchar la voz del pueblo”.
Como parte de esa escucha necesaria, anunció una recomposición de su gabinete y el inicio de un amplio diálogo con el resto de las fuerzas políticas chilenas para decidir sobre el posible nuevo proceso constitucional que deberá seguir el país. Si bien nada obliga a sustituir la Constitución aprobada en 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet, pero reformada casi 60 veces, existe un virtual consenso sobre la necesidad de un texto nuevo. El gran punto de discusión probablemente será mediante qué procedimiento avanzar hacia él. Tras el fracaso de la convención que, en medio de una gran dispersión de grupos políticos, identitarios, étnicos y de intereses, aprobó la versión rechazada, es muy probable que la nueva ruta se centre en los partidos.
De hecho, el lunes, Boric convocó en el Palacio de la Moneda, sede de la presidencia, a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso para avanzar en tal sentido, otra señal muy positiva. Sin embargo, su gran desafío como presidente, en el que lo acompañan el resto de las fuerzas políticas, no es solo cómo orientar la vía constitucional que llegue a acordarse. Tan importante, y quizá más, es evitar que la nueva y larga ruta no desvíe la atención de su deber de gobernar y de contar con un gabinete con la solidez y confianza necesarias para lograrlo. Esta es una responsabilidad exclusiva de Boric y la coalición oficialista, en la cual los reclamos por el desastroso resultado ya han aflorado con fuerza.
Lo más probable es que la recomposición ministerial y el consecuente rebalanceo de fuerzas en la coalición implique un equipo más pragmático y centrista, algo necesario para afrontar los agudos desafíos que enfrenta Chile. El mayor, y que más preocupación genera, es la contracción económica, aunada a la inflación y un deterioro en las condiciones de vida de significativos sectores de la población. Pero a esto se añade una gran inquietud por la inseguridad en general y, en particular, por la violencia en el sur del país, debido a reclamos y acciones extremas de grupos dentro de la etnia mapuche.
La correcta sensación de que el proyecto constitucional lejos de atender adecuadamente problemas como estos podría agudizarlos estuvo entre las razones del rechazo. A amplios grupos de ciudadanos les preocupó, además, que la Constitución, a partir de un énfasis en concesiones etnoidentitarias difusas, estimulara una fragmentación de la unidad nacional y territorial chilena. También se produjeron fundadas inquietudes por un eventual debilitamiento de los pesos y contrapesos institucionales necesarios para la democracia; por el reconocimiento, como derechos, de aspiraciones individuales o sectoriales sumamente costosas de atender; y por artículos contradictorios de la libertad económica.
En cambio, la Constitución no fue suficientemente clara sobre cómo atender lo que estuvo en la base del clamor popular que condujo a enormes manifestaciones a finales del 2019 y abrió la ruta agotada el domingo: las prestaciones sociales, los sistemas de pensiones, la calidad de la educación y de los servicios públicos en general, y la desigualdad. Atender estos asuntos será indispensable en la nueva etapa que se abre, tanto en la práctica del ejercicio político-gubernamental cotidiano como en los nuevos diseños institucionales que lleguen a acordarse.
Los chilenos rechazaron el salto al vacío que se les propuso. Sin embargo, sus más importantes aspiraciones y reclamos se mantienen, y con razón. Es a ellos a los que tienen el deber de responder cabalmente todas las fuerzas políticas, empezando por las gobernantes.