La Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa rindió, por unanimidad, dictamen afirmativo sobre el proyecto denominado Ley de repositorio único nacional para fortalecer las capacidades de rastreo e identificación de personas. La iniciativa es escalofriante por sus implicaciones para la privacidad y las libertades públicas. Su aprobación pacífica y silenciosa, sin mayor cuestionamiento, también es motivo de alarma.
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La nueva ley daría «acceso total» a los cuerpos policiales a una gran base de datos donde se almacenarían las huellas dactilares y rasgos faciales de todos los costarricenses mayores de 12 años y de los extranjeros que se atrevan a visitarnos «sin perjuicio de que se pueda adquirir nueva tecnología que permita ampliar la identificación de personas a través de la incorporación de más rasgos biométricos que se consideren necesarios».
Para empeorar las cosas, la ley nos convertiría en el primer país capaz de vender los datos biométricos de sus habitantes, incluidos menores de edad, así como de los turistas, cuyas visitas podrían ser menos frecuentes si nuestra distinción mundial como pioneros de la comercialización de datos sensibles capta la atención internacional. La venta de los servicios de identificación financiaría, según el proyecto, las inversiones necesarias, pero el texto no prevé limitaciones y controles sobre los datos comercializados.
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Es difícil imaginar restricciones satisfactorias para el uso privado de semejantes datos más allá de sistemas de autenticación como el ofrecido por el Tribunal Supremo de Elecciones para confirmar la identidad, mediante huellas digitales, de quienes se presentan a requerir servicios de bancos y otras empresas. El TSE no vende acceso irrestricto a la base de datos. Aun así, prevé auditorías para garantizar el buen uso de la herramienta y exige registrar cada consulta en una bitácora.
No obstante, el diputado liberacionista Daniel Ulate, impulsor de la iniciativa, no le ve ningún riesgo. Si no le parecen obvios, podría comenzar a buscarlos en China, pionera indiscutible de la identificación biométrica mediante tecnología de punta con el propósito manifiesto de combatir la delincuencia y el resultado práctico de apuntalar el totalitarismo.
Como bien dice Mauricio París, especialista en protección de datos, la tecnología puede utilizarse para buscar criminales en fuga o para rastrear opositores políticos, sindicalistas y periodistas, entre otros personajes incómodos. Quien lo considere imposible o siquiera improbable en Costa Rica desconoce la historia de finales del siglo pasado e inicios del presente, así como los fuertes debates en torno a la Dirección de Inteligencia y Seguridad.
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París se mostró asombrado por los alcances del proyecto de ley y su grado de avance. «Hay que preocuparse, sin ninguna duda», declaró a este diario. «Aunque fuera una herramienta de investigación, debería haber control judicial del acceso a la base de datos», agregó.
Si los claros razonamientos del especialista y el ejemplo de China no bastan, hay un abultado inventario de casos judiciales y regulaciones aprobadas en todo el mundo para prevenir y contrarrestar abusos. Mientras el Congreso costarricense estudia la más amplia aceptación de las nuevas tecnologías de vigilancia, el estado de California se preocupa por preservar los derechos de sus ciudadanos y aprueba fuertes restricciones. Por ejemplo, ya es ilícito el reconocimiento facial mediante imágenes captadas por las cámaras incorporadas al equipo policial de reglamento. Los ejemplos abundan, claro está, en los países democráticos.