La Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública es una tragedia. La Nación informó al respecto en muchas oportunidades y las falencias se constatan a lo largo y ancho del país. Las órdenes sanitarias llueven sobre escuelas y colegios que, no obstante, mantienen las aulas abiertas porque no hay otro lugar donde dar clases.
Si el deterioro normal por el uso y la intemperie avanza sin freno, la reparación de daños por fenómenos imprevistos tarda una eternidad. Los efectos del terremoto de Nicoya en el 2012 persistían una década después en la mitad de los centros educativos afectados, para citar un ejemplo. Las obras nuevas no corren mejor suerte. Apenas una parte de las 103 piezas de infraestructura financiadas con $167,5 millones prestados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el 2013 llegaron a prestar servicio.
Las deficiencias son graves y el propio Ministerio las ha reconocido. El Congreso ha llamado a cuentas a los responsables, pero poco logra mientras el deterioro continúa y los estudiantes de muchos centros educativos en todo el país asisten a clases en condiciones inaceptables. Urge una solución, ya sea el traslado de las responsabilidades a otra dependencia o el replanteamiento de la DIE.
Pero la prisa no debe desplazar a la cautela. Diputados de la Comisión de Asuntos Municipales manifiestan dudas sobre un proyecto de ley encaminado a dejar en manos de los gobiernos locales el mantenimiento de escuelas y colegios. La idea es transferir, cuando menos, el 1,5 % de los recursos de la DIE a los ayuntamientos para asignarles “la atención plena de la infraestructura de los centros educativos que imparten educación preescolar, general, básica y diversificada”.
Es una apuesta arriesgada, promovida por la Unión Nacional de Gobierno Locales (UNGL), cuyo criterio es que las municipalidades “han ganado mucha experiencia en gestión de infraestructura”. Esa experiencia no siempre se ha expresado en ejemplos de probidad y eficiencia en el manejo de fondos públicos. Tampoco hay en los gobiernos locales visión de alcance nacional y está por verse si en el ejercicio de su autonomía sobrepondrán sus criterios a las prioridades del Ministerio de Educación.
Sobre todo, es indispensable recordar que cuando se habla de trasladar funciones a las municipalidades, se habla de 84 entidades muy disímiles. No es lo mismo asignar una tarea a la Municipalidad de San José que a la de Talamanca, cuyos recursos y organización son radicalmente distintos.
Si bien la Contraloría General de la República sentenció, en octubre del año pasado, la incapacidad del MEP para atender las necesidades de infraestructura educativa, sus reveladores índices de gestión municipal muestran las diferencias señaladas y elevan las consecuencias de la apuesta que harían los diputados según se desciende en el ranquin de gobiernos locales. Hay un abismo que separa a San Rafael, San Isidro y Valverde Vega de Corredores, Guatuso y Nandayure, para citar un puñado de ejemplos.
Hay razones para preguntarse por las posibilidades de éxito en las mejores municipalidades, pero cabe poca duda de las dificultades previsibles en las peor calificadas. Los constantes esfuerzos de los gobiernos locales por escapar a los controles aplicados a la contratación pública también llaman a meditar.
El problema de la infraestructura educativa es uno de los más serios ahora que el sector sufre las consecuencias del llamado “apagón”. La solución debe ser rápida y pareja en todo el territorio nacional. Para ejecutarla, urge un inventario preciso de necesidades y un plan con detalle de las acciones prioritarias. En cualquier caso, el traslado parcial de fondos de la DIE no resuelve el grueso de las dificultades, porque subsistirán en la inversión de las sumas restantes.