La reforma del mecanismo de pago de las remuneraciones del empleo público, incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas del 2018, comienza a rendir frutos. Según la Contraloría General de la República, en el 2020, el gasto en pluses salariales cayó, por primera vez en 10 años, un 0,1 % respecto del período anterior.
Los incentivos superan, en muchos casos, el salario base de los funcionarios y el crecimiento acelerado alcanzó el punto de la insostenibilidad. La reforma fiscal del 2018 modificó significativamente las anualidades, la dedicación exclusiva y los reconocimientos por carrera profesional.
Las anualidades, el rubro más polémico e incosteable, dejaron de fijarse por cálculo porcentual. Ahora se reconoce un monto fijo en todo el sector público. El cambio fue adoptado poco antes de la reforma del 2018 para el Gobierno Central por iniciativa de la ministra de Hacienda Rocío Aguilar. La carrera profesional dejó de brindar incentivos por grados académicos, de todas formas requeridos para el puesto, y la dedicación exclusiva dejó de pagarse sin limitación temporal.
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Una tarea pendiente es la creación de mecanismos de evaluación eficaces para dar sentido a la concesión de anualidades únicamente a quienes son calificados de «muy buenos» en adelante. Con las evaluaciones practicadas hasta este momento, es raro encontrar funcionarios de «bueno» para abajo, y sobran los excelentes.
Pero a la Contraloría no le cabe duda de que la enmienda cumplió su cometido en este aspecto: «Las regulaciones establecidas en el Título III de la Ley N.° 9635 disminuyen el dinamismo de los incentivos salariales en el sector público, no obstante que persisten las disparidades entre sectores».
Desde el inicio se reconoció la insuficiencia de las medidas y en el momento de la aprobación quedó prometida la tramitación de una ley de empleo público, ya muy adelantada después de un desafortunado lapso sin avance. No obstante, los cambios fueron significativos. A lo largo del debate del 2018 se les prestó mucho menos atención que al aspecto impositivo de la reforma, en parte porque los sindicatos, conscientes de la impopularidad de sus privilegios, se decantaron por centrar la crítica en la creación del impuesto sobre el valor agregado y otros gravámenes.
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El resultado desmiente la absurda tesis de la administración anterior sobre la inutilidad de promover reformas porque los resultados apenas se verían 15 o 18 años después. No hacen falta argumentos adicionales para demostrar la irresponsabilidad fiscal de la administración de Luis Guillermo Solís. No obstante, las recientes conclusiones de la Contraloría traen a la memoria desconcertantes afirmaciones del exmandatario: «Estos temas de salarios no tienen efectos inmediatos sobre la fiscalidad, sino un impacto posterior, entre quince y dieciocho años, incluso se habla de veinte, y todo esto tiene como telón de fondo una situación de corto plazo, donde lo que interesa son los proyectos de mayor impacto en menores plazos».
Por supuesto, tampoco consiguió impulsar las iniciativas calificadas por él de «mayor impacto en menores plazos» porque consistían en el aumento de impuestos y el país ya no estaba dispuesto a seguir financiando lo que Solís se negaba a reformar por razones ideológicas, no por el supuesto efecto en un mañana lejano.
En lo sucedido hay lecciones valiosas. Un éxito, siquiera limitado, construye credibilidad para futuras iniciativas. Sacrificar la oportunidad de conseguirlo en el altar de la rigidez ideológica y la demagogia conduce a la parálisis. El país no puede darse el lujo del inmovilismo.