La selección del próximo jefe del Ministerio Público debe partir de una profunda reflexión sobre las deficiencias de la institución y su ineficacia. La última elección del fiscal general estuvo precedida de una larga lista de fracasos y el cambio no produjo la reorientación esperada.
En el 2016, los magistrados cuestionaron el rezago de investigaciones relevantes y el fiscal general se negó a dar explicaciones, alegando la independencia de su despacho, aunque no se le preguntaba sobre actuaciones concretas, sino sobre el retraso.
Cinco años más tarde, los magistrados podrían haber planteado los mismos cuestionamientos a la sucesora escogida en el 2018, cuyo informe de labores fue rechazado y trasladado a la auditoria por incumplir principios elementales de la rendición de cuentas.
Las falencias de la última gestión, muy similares a las de la anterior, precedieron al escándalo Cochinilla. Las críticas surgidas a partir de ese caso apenas fueron el detonante de la renuncia de Emilia Navas, pero el Ministerio Público venía de traspié en traspié desde hacía tiempo, con la agravante de una sed de protagonismo pocas veces vista.
El magistrado Fernando Cruz, presidente de la Corte, habló abiertamente del deterioro que «venía sufriendo» la fiscala en función de su estilo y eficacia. «Eso debilitaba al Ministerio Público, y debilitaba a la institución, al Poder Judicial, porque son temas mediáticos en los que había una gran cantidad de objeciones de distintos actores y de distintos orígenes», enfatizó.
«Los traspiés del Ministerio Público —señalaba nuestro editorial del 29 de junio— generan frecuentes titulares de prensa, tanto en casos de alto perfil político como el del absuelto alcalde de San José, Johnny Araya, como en el sensible problema del tráfico de drogas o en otros menos prominentes, pero igualmente repulsivos».
Pero hay pocos ejemplos de la ineficacia y la necesidad urgente de corrección, como el del fiscal auxiliar de la Fiscalía Adjunta de Puntarenas bajo cuya mirada prescribieron 43 expedientes y muchos otros permanecieron inertes, como si el mandato de justicia pronta y cumplida no rigiera en ese despacho.
El Consejo Superior del Poder Judicial suspendió al fiscal un mes sin goce de salario. La sanción es insignificante, no solo por la indiferencia demostrada frente a los altos valores en juego, sino también porque el funcionario es reincidente. En el 2018, fue sancionado por la prescripción de 33 casos y el significativo retraso de otros 17. En esa ocasión se le suspendió sin goce de salario durante 45 días.
La nueva sanción es por la prescripción de los 33 casos restantes para alcanzar el total de 43, así como el atraso de muchos otros expedientes. Cumplido el nuevo mes de suspensión, el fiscal regresará al cargo y, claro está, huelgan los comentarios.
Los problemas del Ministerio Público trascienden los escándalos relacionados con la salida de sus últimos dos titulares. Son sistémicos, y el próximo fiscal general debe tener la capacidad de impulsar el cambio cultural y organizativo, además de tener una clara visión de la política de persecución penal aplicable en nuestros tiempos de hacinamiento carcelario e impunidad de la corrupción de altos vuelos.
No se trata de abrir expedientes a diestra y siniestra, mucho menos para aprovechar la oportunidad de una fotografía, sino de desarrollar las investigaciones con seriedad para garantizar su eficacia.